El Capital, contra las zonas rurales
MACROGRANJAS Y MEGAPROYECTOS MINEROS, ÚNICA ALTERNATIVA DEL CAPITAL PARA LA
ESPAÑA DESPOBLADA
El medio rural no está
aceptando su desaparición en silencio. Ante cada proyecto, se yergue una
Plataforma ciudadana.
Desde el éxodo rural que se inició durante
el franquismo, algunas de las zonas rurales de nuestro país se encuentran en
una caída libre poblacional ante el que no hay retroceso a la vista. Es el
desafío de la despoblación, que algunos autores han calificado como la “España
vacía”. Zonas como Soria, con índices demográficos equivalentes a Laponia (no
en vano hay quien la llama la “Laponia del Sur”).
La despoblación es una consecuencia de muchos factores. Uno de ellos es la intensificación productiva del campo consecuencia de la mecanización, que creó grandes tasas de paro en el campo de unas regiones, y directamente desaparición del medio rural en otras. Otro es que en las regiones más afectadas por este problema, las derechas han impuesto un modelo de ordenación territorial que prioriza la creación de instituciones caciquiles, útiles para la creación de redes clientelares que aseguran réditos electoralistas, por encima de modelos de ordenación orientados a planes de desarrollo al servicio del crecimiento rural. Pero el aspecto más crucial de todos es que el modelo de desarrollo del capitalismo nunca ha contado con ciertas regiones. Convaleciente el modelo agrarista que alimentaba las zonas rurales hace décadas, y en un país donde el control del déficit paraliza cualquier iniciativa política, el capitalismo no ofrece salidas a su medio rural. Por eso la muerte de la minería del carbón está teniendo unas consecuencias sociales tan tremendas para las comarcas que se dedicaban a este sector de manera casi exclusiva, fenómeno no siempre comprendido desde otros territorios.
Desde hace décadas se fortalece un círculo vicioso: menos población significa menos recursos para servicios públicos, y menos servicios públicos significan menos población. Administraciones obsesionadas con la reducción del déficit y la deuda aplican criterios de economía neoliberal, aplicando economías de escala a los servicios públicos que conducen inevitablemente a su mengua y desaparición.
En este contexto aparecen dos tendencias que cobran cada vez más fuerza en la España postcrisis: la creación de grandes macroganaderías y la entrega de recursos naturales a multinacionales para la implantación de proyectos mineros.
En Salamanca, al oeste de Castilla y León, la amenaza de un megaproyecto de minería de uranio a cielo abierto, con una planta de concentrado, está siendo objeto de movilizaciones cada vez más masivas. Un proyecto que coincide con una zona declarada Red Natura 2000 y Zona de Especial Protección de Aves, con varios procedimientos judiciales abiertos en su contra y que ha suscitado la unanimidad de los grupos políticos portugueses, que han demandado a España que se consulte a su país. Decenas de familias ganaderas de la zona sufren diferentes procedimientos de expropiación de sus tierras, observando cómo una empresa arruina la producción agrícola y ganadera de una zona a cambio de sólo 10 años de trabajo (según consta en el proyecto de la empresa). Detrás se encuentra la multinacional Berkeley, quien cuenta entre sus partidarios a lobbistas del PP, entre ellos a Manuel Lamela, número dos de Cañete cuando éste era ministro de agricultura y que fue contratado como lobista en Bruselas un mes después del nombramiento de Cañete como comisario europeo de Energía (la empresa recibió luz verde unos meses después).
El del Uranio no es el único caso. Tres proyectos de minería de feldespato están vigentes en la provincia de Ávila. En Cáceres miles de personas se manifiestan contra un proyecto de minería de Litio. En Castilla-La Mancha el año pasado la movilización popular consiguió tumbar una mina de tierras raras. El Capital pretende entregar los recursos minerales del medio rural a grandes multinacionales, dando la puntilla a cualquier intento de regeneración de dicho medio.
En cuanto a las macroganaderías, se trata de un fenómeno en auge. En Noviercas (Soria), un grupo navarro pretende abrir la mayor explotación láctea de todo Europa, con 20.000 vacas. En Cerecinos de Campos (Zamora), la empresa Innovaporc pretende poner en marcha una macroganadería de porcino, con 3.444 madres que producirían unos 70.000 lechones. Sólo en Castilla y León hay más de 700 municipios afectados por proyectos de este tipo. El dato paradójico es que, a medida que Castilla y León aumenta su producción ganadera, el número de explotaciones disminuye. Es decir: no se crea riqueza sino que se concentra la ya existente. Es la Ley de Concentración del Capital que Marx nos explicó perfectamente. Mientras que con las pequeñas y medianas explotaciones la riqueza se disemina a lo largo del territorio, creando la última trinchera de fijación de población contra la despoblación, las macroganaderías concentran la riqueza en manos de grandes multinacionales, con unas consecuencias sociales y ambientales catastróficas. Sólo un dato: la cantidad de excrementos que generará la macrovaquería de Soria equivale a 50 veces los excrementos que genera toda la provincia.
Quizá lo esperanzador de este fenómeno es que el medio rural no está aceptando su desaparición en silencio. Ante cada proyecto, se yergue una Plataforma ciudadana. Zonas que se caracterizaban por un voto conservador comienzan a organizarse en movimientos sociales cada vez más influyentes. Ganaderos y ganaderas locales, en alianza con población vinculada y activistas tradicionales del movimiento ecologista y la izquierda política, han protagonizado movilizaciones de calado. La derecha ve crecer una contradicción que tendrá que saber manejar en los próximos años: su base social tradicional, los pequeños propietarios agrarios, ve violentada su forma de vida por el capitalismo neoliberal. Emerge un nuevo sujeto político, que se estructura en torno a la defensa del territorio. La tarea de la izquierda en este campo es colaborar con este nuevo sujeto político para vertebrar un gran movimiento de defensa del territorio rural frente al gran capital internacional.
La despoblación es una consecuencia de muchos factores. Uno de ellos es la intensificación productiva del campo consecuencia de la mecanización, que creó grandes tasas de paro en el campo de unas regiones, y directamente desaparición del medio rural en otras. Otro es que en las regiones más afectadas por este problema, las derechas han impuesto un modelo de ordenación territorial que prioriza la creación de instituciones caciquiles, útiles para la creación de redes clientelares que aseguran réditos electoralistas, por encima de modelos de ordenación orientados a planes de desarrollo al servicio del crecimiento rural. Pero el aspecto más crucial de todos es que el modelo de desarrollo del capitalismo nunca ha contado con ciertas regiones. Convaleciente el modelo agrarista que alimentaba las zonas rurales hace décadas, y en un país donde el control del déficit paraliza cualquier iniciativa política, el capitalismo no ofrece salidas a su medio rural. Por eso la muerte de la minería del carbón está teniendo unas consecuencias sociales tan tremendas para las comarcas que se dedicaban a este sector de manera casi exclusiva, fenómeno no siempre comprendido desde otros territorios.
Desde hace décadas se fortalece un círculo vicioso: menos población significa menos recursos para servicios públicos, y menos servicios públicos significan menos población. Administraciones obsesionadas con la reducción del déficit y la deuda aplican criterios de economía neoliberal, aplicando economías de escala a los servicios públicos que conducen inevitablemente a su mengua y desaparición.
En este contexto aparecen dos tendencias que cobran cada vez más fuerza en la España postcrisis: la creación de grandes macroganaderías y la entrega de recursos naturales a multinacionales para la implantación de proyectos mineros.
En Salamanca, al oeste de Castilla y León, la amenaza de un megaproyecto de minería de uranio a cielo abierto, con una planta de concentrado, está siendo objeto de movilizaciones cada vez más masivas. Un proyecto que coincide con una zona declarada Red Natura 2000 y Zona de Especial Protección de Aves, con varios procedimientos judiciales abiertos en su contra y que ha suscitado la unanimidad de los grupos políticos portugueses, que han demandado a España que se consulte a su país. Decenas de familias ganaderas de la zona sufren diferentes procedimientos de expropiación de sus tierras, observando cómo una empresa arruina la producción agrícola y ganadera de una zona a cambio de sólo 10 años de trabajo (según consta en el proyecto de la empresa). Detrás se encuentra la multinacional Berkeley, quien cuenta entre sus partidarios a lobbistas del PP, entre ellos a Manuel Lamela, número dos de Cañete cuando éste era ministro de agricultura y que fue contratado como lobista en Bruselas un mes después del nombramiento de Cañete como comisario europeo de Energía (la empresa recibió luz verde unos meses después).
El del Uranio no es el único caso. Tres proyectos de minería de feldespato están vigentes en la provincia de Ávila. En Cáceres miles de personas se manifiestan contra un proyecto de minería de Litio. En Castilla-La Mancha el año pasado la movilización popular consiguió tumbar una mina de tierras raras. El Capital pretende entregar los recursos minerales del medio rural a grandes multinacionales, dando la puntilla a cualquier intento de regeneración de dicho medio.
En cuanto a las macroganaderías, se trata de un fenómeno en auge. En Noviercas (Soria), un grupo navarro pretende abrir la mayor explotación láctea de todo Europa, con 20.000 vacas. En Cerecinos de Campos (Zamora), la empresa Innovaporc pretende poner en marcha una macroganadería de porcino, con 3.444 madres que producirían unos 70.000 lechones. Sólo en Castilla y León hay más de 700 municipios afectados por proyectos de este tipo. El dato paradójico es que, a medida que Castilla y León aumenta su producción ganadera, el número de explotaciones disminuye. Es decir: no se crea riqueza sino que se concentra la ya existente. Es la Ley de Concentración del Capital que Marx nos explicó perfectamente. Mientras que con las pequeñas y medianas explotaciones la riqueza se disemina a lo largo del territorio, creando la última trinchera de fijación de población contra la despoblación, las macroganaderías concentran la riqueza en manos de grandes multinacionales, con unas consecuencias sociales y ambientales catastróficas. Sólo un dato: la cantidad de excrementos que generará la macrovaquería de Soria equivale a 50 veces los excrementos que genera toda la provincia.
Quizá lo esperanzador de este fenómeno es que el medio rural no está aceptando su desaparición en silencio. Ante cada proyecto, se yergue una Plataforma ciudadana. Zonas que se caracterizaban por un voto conservador comienzan a organizarse en movimientos sociales cada vez más influyentes. Ganaderos y ganaderas locales, en alianza con población vinculada y activistas tradicionales del movimiento ecologista y la izquierda política, han protagonizado movilizaciones de calado. La derecha ve crecer una contradicción que tendrá que saber manejar en los próximos años: su base social tradicional, los pequeños propietarios agrarios, ve violentada su forma de vida por el capitalismo neoliberal. Emerge un nuevo sujeto político, que se estructura en torno a la defensa del territorio. La tarea de la izquierda en este campo es colaborar con este nuevo sujeto político para vertebrar un gran movimiento de defensa del territorio rural frente al gran capital internacional.
No hay comentarios:
Publicar un comentario