sábado, 30 de diciembre de 2017

2018: Una vuelta más al ajuste de las pensiones

La reforma del sistema incorpora en 2018 novedades que endurecen las condiciones de la jubilación.
Aunque no compartimos el análisis porque parte de algunos discutibles presupuestos neoliberales, reproducimos por su valor informativo el siguiente artículo de José V. Merino sobre los nuevos recortes previstos en las pensiones públicas como resultado de la aplicación de las reformas realizadas por Zapatero y Rajoy.
Al contrario del pensamiento neoliberal dominante, hacemos nuestras las reivindicaciones de la Marea Pensionista del cuadro inferior, perfectamente viables y que aportan una salida socialmente justa al derecho a una jubilación digna y a una pensión suficiente

Una vuelta más al ajuste de las pensiones

Año nuevo y condiciones aún más duras para la jubilación. La reforma del sistema de pensiones, cuyas bases puso Zapatero y completó su sucesor Rajoy hace un lustro, avanza inexorable conforme a los calendarios marcados y, con la llegada de 2018, incorpora novedades que suponen otra vuelta de tuerca. Son sustancialmente dos que, en muy pocas palabras, suponen trabajar más y cobrar menos. A partir del 1 de enero, la edad ordinaria de retiro aumentará hasta 65 años y seis meses -un mes más que hasta ahora-, pero podrán seguir jubilándose a los 65 quienes hayan cotizado al menos durante 36 años y seis meses, tres meses más que en la actualidad. En ambos casos se computarán para hacer el cálculo de la pensión los últimos 21 años cotizados; esto es, uno más que en 2017.
Y todo esto sucede mientras los partidos políticos, volcados en el debate sobre el ‘procés’ catalán, muestran su absoluta incapacidad para diseñar en el seno del Pacto de Toledo un nuevo marco que garantice la viabilidad del sistema, muy débil como evidencia el brutal déficit de la Seguridad Social: 18.000 millones de euros el año pasado, un agujero que este ejercicio acabará en niveles muy parecidos. Eso, sin contar con que a la denominada ‘hucha de las pensiones‘ sólo le queda para otra paga.


La edad oficial y la real
¿Hasta qué edad habrá que seguir trabajando?

La acumulación de mensajes políticos y técnicos contradictorios sobre la fortaleza del sistema de pensiones español es caldo de cultivo de debates, cada vez más frecuentes, sobre hasta dónde se estirará la edad de jubilación. Se sabe que en 2027 será a los 67 años, aunque podrán seguir retirándose a los 65 quienes para entonces hayan cotizado al menos 38 años y seis meses.
¿Y luego? Hay expertos y países que plantean rebasar los 70 años, como Dinamarca, Italia y Países Bajos. Pero, al margen del debate, lo cierto es que en España la edad real de retiro ni siquiera llega a los 64 porque los sucesivos y progresivos recortes han llevado a muchos trabajadores a salir antes de tiempo del mercado laboral por miedo a que las cosas vayan a peor. Además, las posibilidades de jubilarse de forma anticipada, aunque supongan penalizaciones, presionan a la baja la edad media del retiro.
Resulta paradójico, porque la intención de la reforma era disponer de más población activa que financie las pensiones y, en paralelo, rebajar la factura: si una persona trabaja hasta los 67, aporta dos años más a la caja común y, encima, consume dos años menos de pensión. Y la realidad es que los ingresos menguan, entre otras cosas, por el peso de tantas prejubilaciones, motivadas en parte por el miedo. Aunque también es cierto que el gasto final en pensiones no se ve incrementado para la Seguridad Social, por las penalizaciones impuestas.
 Dos o cuatro años
¿Hay cambios en los atajos para retirarse antes?
De forma paralela a los dos grandes cambios de 2018 -el aumento de la edad de retiro y de los años que se computarán para calcular la pensión-, también cambiarán las condiciones para jubilarse antes. Si es de forma voluntaria, será a los 63 años y seis meses, siempre que se hayan cotizado 35 años; y por cada trimestre de adelanto respecto a la edad oficial, la penalización será progresiva e irá desde el 2% de la base reguladora si se han cotizado menos de 38,5 años hasta el 1,625% de rebasarse los 44,5 años de afiliación.
Otro caso es el de la jubilación forzosa por causa de despido, en la que hay que restar cuatro años, esto es, hasta los 61 años y seis meses. Serán necesarios 33 años cotizados y la penalización va desde el 1,875% por trimestre adelantado para los de menos de 38,5 años cotizados, hasta el 1,5% para quienes lleven más de 44,5 años.

Por quinto año, el 0,25%
Un poder adquisitivo que no se recuperará
El 1 de enero las pensiones subirán un 0,25%, el mismo incremento que en los cuatro años precedentes y que es el mínimo fijado por la ley mientras persista la crisis del sistema. Un aumento irrisorio a la vista de la marcha de la inflación, que en noviembre cerró en el 1,7%, y que apenas llegará a los 2,5 euros mensuales para la mayoría de los jubilados.
Lo peor está por llegar. Los expertos vaticinan que los recortes incorporados en forma de aumentos del tiempo cotizado y de mayor períodos de cómputo a la hora de calcular las pensiones, se van a traducir en una rebaja del 40% para las nuevas prestaciones por retiro a mediados de siglo. No resulta una quimera; ni tampoco lo es vaticinar que la pensión media llegue a ser más baja que la del año precedente, algo inédito en la historia; ni siquiera apuntar que en el futuro más de la mitad de las prestaciones estén en niveles mínimos.
Y no lo es porque el análisis de lo ocurrido en los últimos diez años permite ver que mientras en 2007 la cuantía media de la pensión de jubilación crecía casi al 6%, el pasado año apenas rebasaba el 2%. Y desde que en 2013 comenzara la aplicación de la última reforma del sistema, ya se ve que la prestación nueva de retiro fue en 2016 inferior a la de 2015.

La verdadera amenaza
Paro y precariedad, los dos ‘jinetes del Apocalipsis’
Siendo cierto que los recortes amenazan uno de los pilares del Estado del bienestar, el factor más preocupante es la suma de dos ‘jinetes del Apocalipsis’: el altísimo desempleo, sobre todo entre los jóvenes, lo que debilita la acumulación de derechos de pensión; y el abuso de los contratos temporales, que en España son el doble que en países de características similares. Esto es, el paro y la precariedad generarán, dentro de unas décadas, pensiones de miseria, lo que da cuerpo a la alarma de quienes dibujan un escenario de viejos pobres.
Son dos circunstancias que ponen en sordina el mantra oficial de que todos los problemas se resolverán en cuanto España alcance los 20 millones de cotizantes a la Seguridad Social. Ahora hay 18,4 millones y el objetivo parece alcanzable, pero ¿es sostenible una fórmula en la que quienes entran en el mercado apenas cobran 1.000 euros y con semejante cifra deben pagar a quienes se jubilan con pensiones muy superiores?

Diferencia con países similares
Pocos incentivos para combinar pensión y trabajo
Una de las fórmulas para incentivar la permanencia en el mercado laboral es la posibilidad de cobrar la mitad de la pensión y seguir trabajando y cotizar de manera reducida, una fórmula que el Gobierno ha prometido mejorar para que se pueda cobrar la pensión completa. Desde la aprobación -el pasado octubre- de la nueva ley de reforma de los autónomos, este colectivo ya puede compatibilizar el trabajo con el 100% la prestación. Pero a juicio de la OCDE, que agrupa a los Estados más desarrollados, en España existen «desincentivos severos» para combinar un trabajo con el cobro de una pensión, mientras que «en la mayoría de los países no hay mayores restricciones» a poder hacerlo.
Desde 2019
El ‘factor de sostenibilidad’ lo complicará todo aún más
El año que arranca será el último ‘normal’. A partir del 1 de enero de 2019 entrará en vigor el ‘factor de sostenibilidad‘. Se traducirá en que las prestaciones de jubilación que se concedan a partir de ese momento deberán aplicar un recorte directamente proporcional al crecimiento de la esperanza de vidade los últimos cinco años. Esa mayor esperanza se calculará con los trabajadores mayores de 67 años que han sido pensionistas, y la estimación será realizada por la propia Seguridad Social. A modo de ejemplo, si los pensionistas mayores de 67 pasan en un lustro de vivir 20 a 20,5 años, ese 2,5% de crecimiento se recortará en la cuantía de la pensión resultante. La rebaja se hará de forma paulatina -0,5% cada año del siguiente quinquenio– y quedará incorporada para siempre. Así, si a un trabajador que se jubile el 1 de enero de 2019 le iban a corresponder 1.000 euros al mes, en realidad cobrará 995; y para otro que se retire en enero de 2023, la cifra bajará hasta 975. Los expertos calculan que el recorte real a partir de 2019 será del 0,45%, por lo que, salvo el improbable caso de que caiga la esperanza de vida, en 2050 únicamente este factor supondría un recorte del 15%.
Aunque todavía queda un año, la ‘amenaza’ de este factor ya será palpable en 2018. En los últimos meses se espera un aluvión de retiros adelantados por parte de trabajadores temerosos de que sus pensiones sufran todavía más, ya que al tratarse de personas que empezaron a trabajar muy pronto y por tanto tienen largas carreras de cotización, las penalizaciones que suponen ese adelanto pueden ser inferiores a los recortes que conllevan las reformas.
Nueva regulación
Los planes de pensiones siguen lejos de Europa
Una de las pocas decisiones adoptadas hasta ahora para encarar el preocupante futuro de las pensiones ha sido la tomada recientemente por el Ejecutivo central para regular a la baja las comisiones que cobran a los más jóvenes los fondos privados por gestionarlos. Pero en España es una fórmula que no acaba de cuajar como complemento de las pensiones públicas. Así, a finales de septiembre, el patrimonio acumulado era ‘sólo’ de 109.000 millones, una cifra importante pero muy alejada de los usos y costumbres de nuestro entorno europeo ya que sólo representa el 9,6% del PIB.

Kaosenlared

jueves, 28 de diciembre de 2017

Albiol envía al Parlamento Europeo el informe del Defensor del Pueblo sobre Doñana e insiste en que Bruselas mande una misión de investigación sobre el terreno

La portavoz de IU en Bruselas explica a la Comisión de Peticiones que el documento solicita al Gobierno que se evalúe de forma conjunta las consecuencias que tendrán para el parque los cuatro proyectos de explotación y almacenamiento de gas natural, y que se revisen las declaraciones de impacto ambiental formuladas hasta ahora.
La portavoz en el Parlamento Europeo y responsable federal de Relaciones Internacionales de Izquierda Unida, Marina Albiol, ha remitido a la presidenta de la Comisión de Peticiones (PETI) de la Eurocámara, Cecilia Wikstrom, el último informe sobre Doñana elaborado por el Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández. En él, solicita al Gobierno que haga una evaluación conjunta del impacto que pueden tener sobre este importante espacio natural los cuatro proyectos existentes para extraer y almacenar gas natural, sugiere que se revisen las declaraciones de impacto ambiental y alerta sobre los riesgos sísmicos que podrían conllevar estas prácticas.
Albiol pide a Wikstrom en un correo electrónico que, dada la relevancia del informe del Defensor del Pueblo y su coincidencia con las denuncias presentadas en PETI, incluya el documento como información complementaria a la Petición 0051/2013, que todavía se encuentra abierta. La eurodiputada recuerda a Wikstrom que durante el último debate que se celebró en PETI sobre Doñana “ya se denunció el riesgo sísmico del proyecto”, como advierte el Defensor del Pueblo en su informe.
Fernández emitió una nota el pasado 10 de noviembre en la que reflejaba las denuncias hechas por diversas organizaciones ecologistas y políticas desde que se anunciara el proyecto de Gas Natural en Doñana. Entre ellas, la necesidad de hacer una evaluación acumulativa del impacto que tendrían en el Parque las cuatro actuaciones previstas: Marismas Occidental, Marismas Oriental, Saladillo y Aznalcazar.
Por otro lado, recomienda al Ministerio de Energía que se revisen los informes de impacto ambiental emitidos -que también se encuentran cuarteados- y advierte de las dudas que le genera el informe del Instituto Geológico y Minero de España “sobre la idoneidad del emplazamiento de los almacenamientos de gas proyectados”, explicando que “las evaluaciones individuales de los cuatro proyectos no permiten valorar adecuadamente el riesgo sísmico y su impacto en el acuífero”.
Albiol constata que “no hay más tiempo que perder” y, ante “la importancia” de este informe del Defensor del Pueblo, que “refleja las denuncias que venimos haciendo desde hace años”, insiste en que “la Comisión de Peticiones debe organizar cuanto antes una misión de investigación a Doñana para comprobar sobre el terreno lo que puede suponer un proyecto gasístico de estas características en una zona considerada patrimonio mundial por la UNESCO y que ha recibido ayudas económicas muy importantes de Bruselas”.

lunes, 25 de diciembre de 2017

Economía de la miseria: el mapa “insuficiente” de la renta mínima en España


La aprobación de la ley de Renta Mínima de Inserción hace escasos días por parte del gobierno andaluz ha vuelto a levantar el debate sobre la radiografía de la renta básica aprobada en todas las autonomías y la “insuficiente” capacidad de cubrir las necesidades de la población al borde del umbral de la pobreza. En torno a 13 millones de personas en todo el territorio nacional.
Manuel Cañada, miembro del colectivo Marea Básica contra el paro y la precariedad habla de cifras desoladoras. “Hay datos que los gobiernos autonómicos no pueden olvidar: 2,4 millones de personas son parados de larga duración o que 1,8 millones de hogares tienen a todos sus miembros en paro y en España se viven una media de una decena de suicidios al día”. “¿Que nos está pasando?” alerta este especialista. Solo el País Vasco cumple con su renta la cuantía estipulada para no llegar al umbral de la pobreza y los preceptos de laCarta Social Europea que marca un salario social de 674 euros.
Cañada alega a Público que las renta aprobadas por la autonomías perpetúan aún más la pobreza y la exclusión de estos colectivos con la creación de una “economía de la miseria”. Además añade que hasta el momento “no hay ninguna ley de renta básica a nivel estatal. Y las comunidades no tienen fondos suficientes en sus presupuestos para cubrir este panorama social”.
Una renta que perpetúa la exclusión
“Hasta 2021. 45.000 familias llegarán a percibir entre 419,52 y 779,87 euros durante un periodo máximo de un año”
La ultima ley en actualizarse al respecto ha sido la andaluza la pasada semana. La Renta Mínima de Inserción Social entrará en vigor el próximo 1 de enero de 2018, con una dotación de 198 millones de euros al año y un presupuesto de 820 millones hasta 2021. 45.000 familias llegarán a percibir entre 419,52 y 779,87 euros durante un periodo máximo de un año, independientemente de otro tipo de ingresos como los que reciben determinadas familias para alimentos o dentro un programa de orfandad.
Para tener derecho a la percepción de la RMI los ingresos de la unidad familiar no pueden superar los 418 euros mensuales. Además, el beneficiario debe insertarse en programas orientados a la búsqueda de empleo activo.
Desde el colectivo Marea contra el paro y la precariedad hablan de varios impedimentos por los que todo beneficiario tiene que pasar antes de percibir una de estas ayudas. La intensa y eterna tramitación para cobrar la renta básica, a la que habría que añadir la subjetividad y arbitrariedad a la hora de cobrar estas ayudas. Como último concepto este colectivo destaca “el clientelismo político y social” con los montantes restantes de los presupuestos con los que se ejecutan estas renta, reproduciendo, una vez más y perpetuando “la exclusión social”.
Paco Vega, después de 44 días en huelga de hambre, consiguió reunirse con el vicepresidente de la Junta
Cañada recuerda a Público como en los años 80 y 90 se impusieron en Francia las primeras medidas para implantar una renta básica en sus políticas nacionales. “Surgieron estudios que hablaban de la economía de la miseria cuando el concepto tenía que ser otro. Trabajar por la economía de la dignidad”.
Paco Vega representa el colectivo Renta Básica a nivel andaluz y explica a Público como después de casi 44 días en huelga de hambre consiguió una reunión con el Vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios para hablar de la ley tramitada hace escasos días. Sobre la Renta Mínima de Inserción andaluza reclama como se ha vendido a “bombo y platillo por la propia presidenta de la Junta de Andalucía”, como la gran novedad para los presupuesto del próximo año 2018. “En realidad es prácticamente igual que el actual ingreso mínimo de solidaridad, conocido popularmente como el salario social y, desde luego, nada que ver con el derecho a una renta básica que garantice unas condiciones de vida digna”, tal como recoge el Estatuto de Autonomía de Andalucía, desde hace más de diez años.
La precariedad de los trabajadores “pobres”
En España hay cerca de 14 millones de asalariados que no logran llegar a fin de mes
Demetrio Cano relata a Público un nuevo concepto en el panorama laboral. La figura del “trabajador pobre” en España. Casi 14 millones de asalariados que no logran llegar a fin de mes. A sus 52 años de edad, este granadino vuelve a revindicar en estas fechas tan señaladas que la “supervivencia con estas ayudas precarias no beneficia a nadie”. Como parado de larga duración desde el año 2012, cuando fue despedido del sindicato de CCOO, conoce de primera mano la falta de reconversión que ofrece el mercado laboral a partir de una determinada edad. Las escasas ofertas a las que ha logrado presentarse en estos últimos cinco años lo han obligado a optar por opciones de emprendimiento. “Intento llevar a cabo mis propios proyectos, ya que la percepción básica no te permite ni cubrir los gastos más elementales”.
La ayuda familiar es imprescindible, aunque hay veces “que ya no se puede tirar más”, añade a Público. Los cortes habituales de luz y agua en su vivienda no le permiten cumplir unas condiciones de “vida digna” como las que ha luchado junto a Paco Vega en la huelga de hambre. “Volveremos a reivindicar pero sino se toman medidas urgentes nunca dejaremos de ser la comunidad más pobre en España”. Y es que en la actualidad un informe de la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-A) puntualiza que el 12,8% de andaluces se encontrarían en pobreza extrema y un 43,2% de andaluces viven bajo este riesgo.
El mapa de las rentas
La cuantía de la renta mínima andaluza es más que “insuficiente”. Un panorama que se reproduce en las diferentes autonomías. En Andalucía, la Renta Mínima de Inserción asciende a 419 euros . Al igual que ocurre en otras comunidades como Asturias con su Salario Social Básico (426 euros), en Cantabria con la Renta Social Básica (426 euros), Catalunya con la Renta Garantizada de Ciudadanía (414 euros), Castilla la Mancha con el Ingreso Mínimo de Solidaridad (420 euros), Ceuta con el Ingreso Mínimo de Inserción Social (426 euros), Extremadura con la Renta Básica de Inserción (399 euros), Galicia con la Renta de integración Social (399 euros), Melilla con el Ingreso Melillense de Integración (383 euros) y Murcia con la Renta Básica de Inserción (426 euros).
Solo dos comunidades, Navarra y País Vasco supera con una creciente diferencia las partidas del resto de comunidades autónomas. La Renta de Garantía de Ingresos vasca apoya a las unidades familiares que residen en Euskadi y no disponen de ingresos suficientes para llegar a final de mes. En la actualidad esta partida beneficia a 64.500 personas que perciben renta entre los 625 y los 959 euros mensuales. Por su parte la Renta Garantizada navarra da cobertura a 25.000 personas, que son aproximadamente el ochenta por ciento de las perceptoras de la Renta de Inclusión Social, que asciende a los 600 euros.
El incumplimiento de España con la Carta Social Europea
Hontanares Arranz como miembro de Marea Básica y trabajadora social aclara a Público que “España está cumpliendo la Carta Social Europea y por ellos los beneficiarios que no consigan las ayudas tienen que denunciar vía procedimiento judicial la vulneración de sus derechos”.
“Aquellas personas que no consigan las ayudas sociales tienen que denunciar la vulneración de sus derechos”
Desde 1996 el Comité Europeo de Derechos Sociales ha pedido que España adecúe sus prestaciones a la renta básica. En una resolución del Parlamento Europeo del pasado 24 de octubre reitera lo que ya había manifestado en informes anteriores, que el sistema español de rentas mínimas en la mayoría de comunidades autónomas no satisface las exigencias de este precepto. Además desde Europa se reclama que los Estados como España deben garantizar “una existencia digna a todos aquellos que no disponen de recursos suficientes, ya que el derechos a ayudas sociales es un derecho fundamental”.
Hontanares destaca la obligación de “requerimientos de residencia o que la prestación concluya en un tiempo, aunque no lo haga la necesidad” . El Comité reitera que las prestaciones son adecuadas siempre y cuando no se hallen por debajo del umbral de pobreza, lo que no se cumple en la inmensa mayoría de las comunidades autónomas, a excepción del País Vasco.
Una renta periódica, individual y universal
“En 2010, el 80% de los parados tenían algún tipo de cobertura, en 2017, su número no alcanza siquiera el 56%”
Pero ¿cuáles son los requisitos que tienen que cumplir estas ayudas? Daniel Reventós de la Red Renta Básica puntualiza que “una renta básica es un pago periódico en efectivo entregado incondicionalmente a todos de manera individual, sin requisito de prueba o trabajo” Entre las cinco características que debe cumplir destaca “que sea periódica con un pago en efectivo. No se paga en especie (como alimentos o servicios) o en cupones dedicados a un uso específico. Y debe abonarse de forma individual. Como último concepto Reventós habla de su carácter universal. “Se paga a todos, sin prueba de medios e incondicional: se paga sin el requisito de trabajar o demostrar la voluntad de trabajar”.
Cañada desde el grupo Marea Básica contra el paro y la precariedad concluye que la aprobación de estas leyes, a nivel autonómico, no ha modificado el panorama de la pobreza en España. “En 2010, el 80% de los parados tenían algún tipo de cobertura, en 2017, su número no alcanza siquiera el 56%. Desde el colectivo reiteran que ”la renta básica es una necesidad para hacer frente a la banalidad del mal contemporáneo: a la violencia del paro forzoso, a la coacción muda de la miseria, al régimen de la precariedad y de la inseguridad permanente”.

 Kaosenlared

sábado, 23 de diciembre de 2017

IU pide que la RPT del Ayuntamiento sea devuelta a la mesa de negociación con los sindicatos.

La formación ha presentado alegaciones al borrador de Relación de Puestos de Trabajo expuesto al público.
Izquierda Unida ha registrado alegaciones al proyecto de Relación de Puestos del Trabajo (RPT) del Ayuntamiento de Cuenca. En ellas solicitan la retirada de este borrador inicial “para que pueda ser trabajado de forma seria y participativa por la representación de las y los trabajadores”.
A tenor de las declaraciones de las secciones sindicales del Ayuntamiento y de las actas de las mesas de negociación, que los sindicatos aún no han firmado, en IU consideran que “no se ha producido una negociación real hasta ahora, e incluso se ha invitado a la representación sindical a abandonar la última reunión, tras ser convocada esta sin orden del día”. De hecho “se han detectado muchos errores en el borrador”, tales como la ausencia del puesto tipo y funciones de las y los trabajadores de Urbanismo, la no correspondencia de los complementos específicos con los factores de valoración de los mismos, o que la plaza de Secretario General del Pleno aparezca como ocupada cuando es vacante y se desempeña de forma interina.
Todo ello forma parte de las alegaciones de IU. Que también ha solicitado que se fije un calendario para cubrir todas las plazas que se desempeñan de forma interina, y otro para cubrir todas las plazas incluidas en la RPT como “vacantes sin dotación”. Eso quiere decir, afirman en IU, que se consideran plazas necesarias pero ni las desempeñará nadie ni se pagará sueldo alguno por ellas. Sin embargo, si son necesarias, habrá que dotarlas en algún momento. Así mismo, han solicitado la inclusión en la RPT de cuantas plazas hagan falta para la gestión directa de los servicios públicos. Una cosa es que el servicio esté privatizado y otra que nunca más pueda volver a ser público, y esas plazas deben estar reflejadas.

jueves, 21 de diciembre de 2017

Los beneficios empresariales aumentan el triple que los salarios

Los salarios pactados en convenio pierden seis décimas de poder de compra y las pensiones 1,8 puntos, mientras que los beneficios empresariales crecen el triple que los salarios y los dividendos a los accionistas crecen a dos dígitos.

La caída de los salarios y la congelación de las pensiones contrastan con el crecimiento de las rentas del capital, es decir, de los beneficios y dividendos empresariales, según la información que reproducimos de El Salto citando fuentes de CCOO.

Sobre la responsabilidad de la situación por la que pasan las ‘rentas del trabajo’ (salarios, pensiones, prestaciones de desempleo…) no podemos dejar pasar nuestra crítica al nefasto papel jugado por CCOO, y por su alma gemela la UGT, en ella. Si tanto denuncian, ¿por qué llevan años firmando acuerdos salariales con la patronal CEOE que lo único que han traído es pobreza para los verdaderos productores de riqueza?  ¿Por qué no unifican las luchas obreras? ¿Por qué no dan una respuesta general y contundente a una situación insostenible?  

Los beneficios empresariales aumentan tres veces más que los salarios
Redacción de El Salto
El crecimiento de los beneficios de las empresas está a años luz del aumento de los salarios en convenio. Es lo que apunta el sindicato CC OO, que señala que hasta noviembre “los salarios pactados en convenio pierden seis décimas de poder de compra y las pensiones 1,8 puntos, mientras que los beneficios empresariales crecen el triple que los salarios y los dividendos a los accionistas crecen a dos dígitos”.
La variación interanual de los precios fue del 1,7% el pasado mes de noviembre, una décima superior a la registrada en octubre. A pesar de un crecimiento económico del 3,1%, debido al impulso de la demanda externa, para el sindicato ese beneficio “se filtra poco al resto de la sociedad ya que las exportaciones están muy concentradas en pocas empresas, que pagan pocos impuestos y además importan gran parte de sus factores productivos, lo que no genera empleo en España”.

La pérdida de poder adquisitivo contrasta con un crecimiento de los beneficios empresariales del 4,8% entre enero y septiembre, así como del 10,1% de los dividendos –rentas distribuidas de las sociedades no financieras–, en el primer semestre de 2017. Con estos datos, los dividendos multiplican por siete el crecimiento de los salarios pactado en la negociación colectiva.
Además, el sindicato considera preocupante la baja inflación estructural, ya que refleja el menor impulso de la demanda interna, provocado por una baja participación de los salarios en el crecimiento, así como un bajo impulso de la inversión pública, lo que para CC OO “se traduce en menos empleo y una reducción más lenta del elevado paro”.

 Según los datos de la organización, hasta el mes de noviembre los salarios pactados en convenio han subido un 1,43% de media frente a un aumento de los precios de consumo del 2,04%. De ahí la pérdida de poder adquisitivo general de seis décimas y de 1,8 puntos en el caso de las pensiones, cuya subida ha sido del 0,25% conforme al Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP).
Tal como recuerdan desde CC OO, el IRP no es un índice que pretenda mantener el poder de compra de las pensiones ni en relación a los precios ni a los salarios, sino que “es un índice financiero establecido con el objetivo de cuadrar las cuentas de la Seguridad Social, con independencia de la cuantía de la pensión”. Según las previsiones del gabinete económico del sindicato, al cierre del año las pensiones perderán 1,75 puntos de poder adquisitivo comparado con la previsión de inflación media para 2017 (2,0%).
Por todo ello, el sindicato denuncia “el muy desigual reparto de la recuperación económica” debido a que el empleo no se ha recuperado y los salarios no están participando de igual forma que las rentas del capital, y demanda subidas salariales por encima del Indice de Precios al Consumo (IPC).
 kaosenlared

lunes, 18 de diciembre de 2017

IU insiste en la opacidad del PP, esta vez respecto al informe del Tribunal de Cuentas en 2017


El citado informe se ha tramitado en el Congreso de los Diputados sin que haya pasado previamente por el Pleno.
También denuncian la parálisis de la comisión de cambio de gestión del agua para recuperar el antiguo servicio municipal.
Izquierda Unida  registro una pregunta en el  Pleno celebrado el día 11 interesándose por qué el Alcalde Mariscal no ha llevado a Pleno el Informe de fiscalización que ha realizado el Tribunal de Cuentas al Ayuntamiento de Cuenca durante 2017.
Este Informe revisa las 26 recomendaciones que hizo este Tribunal de Cuentas al Ayuntamiento en 2009. En aquella ocasión, recuerdan desde IU, el borrador de informe se llevó a Pleno, donde pudieron hacer alegaciones todos los grupos políticos, para después someterlo a trámite parlamentario en el Congreso de los Diputados. Sin embargo, en esta ocasión sólo han alegado el actual alcalde y el ex alcalde Pulido, sin que hayan informado al Pleno de nada.
En la introducción del propio informe dice que este debe ser enviado a Pleno. Por ello, en IU creen que el informe debería regresar a Cuenca para formular alegaciones, a pesar de que ya se ha tramitado en el Congreso. Y consideran que el PP está nuevamente ocultando información al resto de concejalas y concejales del Ayuntamiento.
En esa línea, IU también pregunto al Alcalde por qué no cumple con la moción aprobada en el pleno de octubre, y presentada por esta formación, para eliminar las trabas burocráticas impuestas ante el acceso a la información. Se trata de cumplir con el artículo 144 del reglamento, sin más, afirman.
En otro orden de cosas, la formación de izquierdas también pregunto al Alcalde por qué no se convoca la Comisión de cambio de gestión del ciclo integral del agua. Una comisión creada para volver a crear un servicio municipal de aguas, como el que había anteriormente, regresando los trabajadores al Ayuntamiento y abaratando la tasa de este servicio. Dicha comisión está bloqueada desde febrero de 2017.

sábado, 16 de diciembre de 2017

IU-Ganemos Pedroñeras se opone a un presupuesto sin mejoras para la gente de Las Pedroñeras

Desde la coalición IU-Ganemos Pedroñeras han valorado el presupuesto como “irreal y alejado de las necesidades del pueblo.”
Gallego: “Mi grupo no puede votar a favor de un presupuesto que no recoge medidas como la bonificación de tasas o que elimina la financiación del centro de la mujer.”
IU-Ganemos de Las Pedroñeras ha valorado esta mañana la aprobación inicial del presupuesto municipal que se produjo anoche en el Pleno Municipal y no descarta alegar contra el mismo para que se puedan incluir algunas de sus propuestas. A las habituales críticas de falta de participación y transparencia en la tramitación, la portavoz del grupo explicó anoche su voto negativo y la motivación para ello.
Así, Lorena Gallego, concejala de IU-Ganemos Las Pedroñeras, explicó que “el presupuesto es absolutamente irreal y está muy por debajo de las liquidaciones tanto en ingresos como en gastos. Esto puede responder a la voluntad política de gestionar parte de ese dinero de manera todavía más opaca o a conveniencia según el momento. Entendemos que el presupuesto debe reflejar lo más fielmente posible la realidad y este no lo hace.”
Por otro lado, Gallego explicó otras cuestiones que motivan “nuestro voto negativo unidas, como siempre, a una falta de participación total.” Así, explicó que “con la que está cayendo, con el tremendo problema social que vivimos en torno a la violencia machista, que nuestro alcalde decida eliminar la mínima partida destinada al Centro de la Mujer nos causa sonrojo y vergüenza. IU-Ganemos no solo no puede apoyar eso sino que propone una partida específica para mejorar la igualdad en el Ayuntamiento, una partida para un Plan de Igualdad Municipal.”
“Además, continuó Gallego, creemos que un presupuesto real y ajustado nos ofrece margen para una bonificación en las tasas que pagan nuestros vecinos y vecinas, viéndose aliviados en ese sentido. Una bonificación relacionada con las capacidades de cada cual. También ponemos sobre la mesa un plan de emergencia escolar y la reversión de la gestión del agua para invertir en la mejora de la red. Nada se puede encontrar en el presupuesto de Tortosa.”


jueves, 14 de diciembre de 2017

IU de Cuenca pide que yacimientos como Segóbriga  sean motor económico de la provincia

La formación ha visitado el parque arqueológico y ha pedido más promoción, colaboración e inversión  a la Junta y también a la Diputación, recordando que fue a  raiz de una moción de IU que se produjo el actual convenio de colaboración.
Desde IU creen que este tipo de atractivos deben ser claves en el desarrollo turístico de la provincia, dejando de lado cuestiones que puedan afectarles como el ATC.

Izquierda Unida en la provincia de Cuenca ha visitado el parque arqueológico de Segóbriga (Saelices) y puesto en valor “la potencia histórica y monumental del yacimiento” así como la importancia de “fomentar el desarrollo de los mismos como elementos claves en un futuro de oferta turística atractiva y de calidad.”
Jacobo Medianero, Coordinador Provincial de IU en Cuenca, visitó el parque y conoció de primera mano su estado actual, destacando  la importancia, en primer lugar, de “proteger estos enclaves de cualquier elemento que los pueda distorsionar o perjudicar. En este sentido, dejó claro que “proyectos como el basurero nuclear no ayudarán a fomentar el turismo y las visitas al parque, sino que pueden suponer una losa en su desarrollo como punto de visita obligado.”
La formación mantiene su apuesta para acabar con el desastroso devenir de la provincia que, a día de hoy, sigue perdiendo población de una manera alarmante. “Primero debemos asegurar todos y cada uno de los servicios públicos, mejorarlos y ampliarlos. No hay otra manera de conseguir fijar población. Después, hay que poner en marcha una apuesta por la agroindustria en la provincia, la generación de energías verdes y el turismo rural de calidad y sostenible. Sin esta ruta, seguiremos perdiendo conquenses.”
 “Así, ha continuado Medianero, puntos como el yacimiento de Segóbriga se convierten en cuestión clave: o apostamos por su desarrollo como reclamo o por el basurero nuclear, es una decisión que tenemos que tomar.”

viernes, 8 de diciembre de 2017

Sin restricciones al regadío no se podrá garantizar el abastecimiento de agua a poblaciones en 2018

La ausencia de lluvias durante lo que llevamos de 2017, unido al gran crecimiento experimentado por el regadío en los últimos años, hace imprescindible que se establezcan importantes restricciones al regadío para el próximo año.
En caso contrario, se podría estar poniendo en riesgo el abastecimiento de agua a numerosas poblaciones en los próximos meses.

En primavera Ecologistas en Acción solicitó públicamente al Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente que estableciese restricciones al regadío, dada la falta de lluvias en primavera y la preocupante bajada que se estaba produciendo en en los niveles de los embalses. El ministerio hizo caso omiso a estas demandas. A consecuencia de ello y la falta de lluvias de este otoño, el nivel actual de los embalses es de tan solo el 37,22 %. Existen demarcaciones hidrográficas con los niveles especialmente bajos, como son las de Segura, Júcar y Duero, las tres con amplias extensiones de regadío.
Entre enero y octubre de 2017 ha llovido en España un 24,33 % menos de la media esos mismos meses del periodo 1981-2010. Asimismo, las temperaturas han sido especialmente altas. Entre enero y octubre de este año la temperatura media ha sido 1,4 °C, más alta que la media de ese mismo periodo 1981-2010. Esto produce un incremento de la evapotranspiración, reduciendo a su vez el volumen de agua que va a parar a los cauces y acuíferos, que es la que se puede aprovechar.
En noviembre (que habitualmente es el segundo mes más húmedo del año) la falta de lluvias y las altas temperaturas continúan, lo que apunta a que la bajada porcentual de precipitaciones con respecto a la media 1981-2010, se incremente sustancialmente de aquí a final de año.
Es bastante posible que estemos entrando en un nuevo periodo plurianual de sequía (periodos que son propios de nuestro clima, y que se producen cada cierto tiempo), aunque agravado por los efectos del cambio climático, que reduce el agua disponible para el mismo nivel de precipitaciones a causa de la subida de las temperaturas, y por el gran crecimiento experimentado por el regadío en los últimos 15 años, que puede provocar un periodo de sequía con los embalses particularmente bajos.
Por todo ello, Ecologistas en Acción solicita al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente que limite sustancialmente el agua destinada al regadío en 2018 para no poner en riesgo el abastecimiento de agua a poblaciones en numerosas partes del país, un derecho humano reconocido por la ONU.
 ECOLOGISTAS EN ACCION