Las entidades
financieras sabían de la ilegalidad del invento. Se creían inmunes. Contaban
con el beneplácito de los sucesivos gobiernos PP/PSOE.
La historia de España es rica en leyendas de
bandoleros, son los Robin Hood del pueblo. En Andalucía fue el sevillano Diego
Corrientes “el bandido generoso” o Curro Jiménez “El Barquero de Cantillana”,
en Catalunya Jaume Serrallonga, en Alicante Jaime “el barbudo”. Son personajes
a caballo entre la historia y la leyenda. La imaginación popular los ponía del
lado de los pobres para expropiar a los ricos.
Hoy hay otro tipo de bandoleros que sólo roban a los pobres para hacerse cada vez más ricos. No llevan trabucos, ni facas, ni navajas de muelles. Sus armas son los programas de Excel o las reglas de cálculo. Visten Armani, no pantalones de pana. No se ocultan en las forestas sino en paraísos fiscales. Tienen por amigos a reyes, príncipes y políticos. Han contado desde siempre con el apoyo de los “Padres de la Patria”. Diputados y senadores, muchos de derechas, pero no pocos de izquierdas e incluso de la izquierda radical, patronal y sindicatos han esperado ordenados y en fila que, pasado un tiempo, los nuevos bandoleros les den un cargo en el consejo de administración de turno. En España, las puertas giratorias desde la política al mercadeo tienen corto recorrido.
Los bancos, las cajas se han sentido respaldadas, mimadas y protegidas por aquellos que deberían haber velado por el bien común. Valiéndose de su posición privilegiada, han perpetrado un atraco tras otro. Las clausulas suelo es el último acto de este atraco nacional, aunque no es el único ni el último. Los bandoleros de camisa blanca y corbata han proliferado en estos años de crisis. Inventaron las preferentes, especularon con el suelo, produjeron una burbuja inmobiliaria que enriqueció a muy pocos y hundió a la mayoría en un mar de desesperación. Inventaron un neolenguaje. Hablaban del equilibrio de los mercados, nos asustaban con el alza de la prima de riesgo y la subida del bono alemán… y después descubrimos una palabra nueva; la CLAUSULA SUELO.
Es una estafa que ni siquiera es ingeniosa. Es muy simple. Cuando los intereses de las hipotecas subían y escalaban en el periodo precrisis, los bancos aplicaban intereses (podía ser el famoso Euribor, una cantidad fija, el IRPH o incluso se colocaron hipotecas multidivisas) al que se le sumaba otra cantidad (el diferencial). Esta cifra dependía de cada entidad financiera. Previendo la bajada del tipo de interés (el precio del dinero que presta entre otros el Banco Central Europeo: es decir el señor Draghi) las entidades financieras impusieron unas garantías adicionales en los contratos hipotecarios que el Tribunal de Justicia Europeo (TJUE) ha reconocido como ilegales. Los bancos y cajas (prácticamente todos) incluyeron en sus hipotecas una salvaguarda, la denominada cláusula suelo. Es una cantidad mínima (generalmente el 3%) que aseguraba que, aunque el precio del dinero bajara hasta niveles del 0,5%, el 0,4%, el 0,3% o incluso inferior, el cliente, el hipotecado debería seguir pagando lo mismo, es decir el 3%. Quedaba atrapado en una auténtica tela de araña de donde no podía salir. ¿Cuántos desahucios, cuántas vidas rotas porque las familias en paro no podían hacer frente a esas hipotecas ilegales?
Las clausulas suelo fueron pan corriente en muchísimas transacciones hipotecarias (se calcula que podrían ser una de cada cuatro). El cliente no tenía escapatoria, o firmaba las condiciones o no había crédito. Anonadado en muchas ocasiones por la presencia solemne del notario, el representante del banco...etc, los hipotecados firmaban tras una lectura rápida, unas condiciones donde se incluyen hasta fórmulas financieras dignas de licenciados en matemáticas. Todo con un aparente halo de respetabilidad. La cláusula suelo en muchos casos se oculta, se coloca en párrafos posteriores al lugar natural que deberíamos hallarla (condiciones financieras). Se oculta utilizando subterfugios, se llega a hablar de tres enteros con 0 centésimas cuando sería mucho más claro (3%).
Las entidades financieras sabían de la ilegalidad del invento. Se creían inmunes. Contaban con el beneplácito de los sucesivos gobiernos PP/PSOE. Los partidos políticos institucionales, hicieron “mutis por el foro”, no iban a morder la mano que los alimentaría en un futuro. Los gobiernos utilizaron todos los recursos del estado (leyes) y su interpretación sesgada (poder judicial) para asegurar su impunidad. Se contó con el beneplácito de multitud de notarios, que no informaron cabalmente de las condiciones onerosas en las que se firmaban los contratos. Los grandes sindicatos callaron. Algunos dirigentes sindicales se sentaban en los Consejos de Administración de las Cajas de ahorro. Algún otro cambió de bando y acabó asesorando al PP y la patronal bancaria.
La crisis de 2008 supuso para los bancos una enorme oportunidad de incrementar sus dividendos. Se privatizaron las ganancias mientras se socializaron las pérdidas. El gobierno del PSOE mintió. El expresidente Zapatero afirmó: "La crisis es una falacia, puro catastrofismo” pero, a diferencia de Pinocho, no le creció la nariz. Rajoy mintió, mientras un gran número de dirigentes del PP sencillamente trincaban. Pujol mintió mientras su familia, asociación mafiosa la ha calificado el fiscal, saqueaban Catalunya. Andalucía era el cortijo socialista. Poco importaba, se salía del gobierno y se entraba en los consejos de administración. La clase dirigente decidió que la reestructuración financiera la pagaran los ciudadanos. Se mintió, se volvió a engañar, se ocultó la verdad.
La crisis abrió la caja de Pandora de la indignación popular. La organización social y su respuesta acabó cuestionando las cláusulas suelo. Se consiguieron sentencias favorables (el poder judicial no es inmune a la presión popular). En ese momento se calculaba que la banca debería devolver menos de tres mil millones de euros (el número de cláusulas suelo es casi secreto de Estado, se estiman en unos dos millones y medio de cláusulas). El Tribunal Supremo español intentó con su resolución del 2013 acotar la responsabilidad bancaria. Sólo se pagaría desde ese año y no por los años anteriores, o sea no tendría retroactividad. Estaban en juego mil millones más. En total la cifra que maneja el Banco de España era de unos 4200 millones. El 21 de diciembre del 2016 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dio la razón a los hipotecados, avergonzando a un Tribunal Supremo español que, como casi siempre, dirige una mirada condescendiente hacia los poderosos. Los partidos gobernantes PP/PSOE, fieles defensores de la banca, consensuaron una especie de código de buenas conductas que pretenden ahorrar a la banca las costas de los litigios que, a miles, se pueden presentar en los juzgados.
Los bancos están intentando engañar nuevamente. El decreto que elaboró el gobierno a indicaciones de la gran banca en una reunión que acabó pocas horas antes de la firma del Real Decreto Ley, ni obliga a los bancos a devolver “per se” las cantidades retenidas ilegalmente ni obliga a calcular las cantidades a devolver. La banca inmediatamente ofrecerá, están ofreciendo ya, desde amortizaciones de la hipoteca, hasta productos financieros como acciones, planes de pensiones, o bonos... Otras entidades como Bankia afirman que devolverán “motu propio” las cantidades retenidas ilegalmente. No hay que fiarse. Hay que acudir con la calculadora y un asesoramiento claro. Es casi seguro que volverán a introducir las malas artes. Bankia habla, por ejemplo, de devolver las cláusulas suelo y el interés del dinero ilegalmente retenido, pero no explican una segunda parte derivada de la sentencia del TJUE: la posibilidad de reclamar judicialmente los gastos de constitución de hipoteca (notario, tasadores…) Serían para cada cliente unos miles de euros más.
La posición de la banca, al contar con el apoyo de la “clase política”, será de cerrar filas; provisionar como han hecho (guardar en la hucha unos cientos de millones para pagar las demandas) y dividir los costos en varios años. No escarmentarán si no los hacemos escarmentar. El nuevo neolenguaje que se utiliza ahora referido a las clausulas suelo es: cláusulas túnel o cláusulas cero.
El PP en un arrebato de compañerismo parlamentario permitió que fuera su muleta (el PSOE: los del “NO pero Sí”) el que diera la buena nueva a los españoles. El Real Decreto era una buena noticia para todos, dijeron. El análisis detallado muestra que sólo es un brindis al sol. Fue patética la intervención de los portavoces del PSOE. Su objetivo no fue denunciar el atraco sufrido ¿cómo hacerlo si muchos dirigentes del PSOE han sido miembros de Consejos de Administración y colaboraron activamente en la estafa?, el miedo de Margarita Robles era que no se colapsaran los “juzgados”.
¿QUÉ HACER?
Varias enseñanzas podemos obtener. La primera es que la presión popular Sí que importa. Como decíamos, el poder judicial no es inmune a la presión social. La segunda abre, si las fuerzas de izquierdas son capaces de estructurarlo, un nuevo horizonte de lucha en el campo de los abusos de la banca. Posiblemente será necesario demandar cada cláusula.
Las reclamaciones han de estar bien articuladas y sobre todo nadie ha de pagar nada a los abogados que lleven el caso, ni procuradores, ni provisión de fondos, ni poderes de representación en la notaria, ni siquiera burofax al banco hasta que se gane el litigio.
Nos hemos de asegurar que las cláusulas contratadas con nuestros abogados, especialmente el porcentaje de cobro por cada parte, estén claras.
No es necesario acudir a grandes bufetes de abogados, los costos publicitarios en algunos de ellos les pueden inclinar a “hacer caja rápida” a costa de invertir menos tiempo en el proceso y alcanzar acuerdos rápidos con las entidades bancarias. Y por último la tercera enseñanza:
¡QUE NO NOS ENGAÑEN OTRA VEZ!
Hoy hay otro tipo de bandoleros que sólo roban a los pobres para hacerse cada vez más ricos. No llevan trabucos, ni facas, ni navajas de muelles. Sus armas son los programas de Excel o las reglas de cálculo. Visten Armani, no pantalones de pana. No se ocultan en las forestas sino en paraísos fiscales. Tienen por amigos a reyes, príncipes y políticos. Han contado desde siempre con el apoyo de los “Padres de la Patria”. Diputados y senadores, muchos de derechas, pero no pocos de izquierdas e incluso de la izquierda radical, patronal y sindicatos han esperado ordenados y en fila que, pasado un tiempo, los nuevos bandoleros les den un cargo en el consejo de administración de turno. En España, las puertas giratorias desde la política al mercadeo tienen corto recorrido.
Los bancos, las cajas se han sentido respaldadas, mimadas y protegidas por aquellos que deberían haber velado por el bien común. Valiéndose de su posición privilegiada, han perpetrado un atraco tras otro. Las clausulas suelo es el último acto de este atraco nacional, aunque no es el único ni el último. Los bandoleros de camisa blanca y corbata han proliferado en estos años de crisis. Inventaron las preferentes, especularon con el suelo, produjeron una burbuja inmobiliaria que enriqueció a muy pocos y hundió a la mayoría en un mar de desesperación. Inventaron un neolenguaje. Hablaban del equilibrio de los mercados, nos asustaban con el alza de la prima de riesgo y la subida del bono alemán… y después descubrimos una palabra nueva; la CLAUSULA SUELO.
Es una estafa que ni siquiera es ingeniosa. Es muy simple. Cuando los intereses de las hipotecas subían y escalaban en el periodo precrisis, los bancos aplicaban intereses (podía ser el famoso Euribor, una cantidad fija, el IRPH o incluso se colocaron hipotecas multidivisas) al que se le sumaba otra cantidad (el diferencial). Esta cifra dependía de cada entidad financiera. Previendo la bajada del tipo de interés (el precio del dinero que presta entre otros el Banco Central Europeo: es decir el señor Draghi) las entidades financieras impusieron unas garantías adicionales en los contratos hipotecarios que el Tribunal de Justicia Europeo (TJUE) ha reconocido como ilegales. Los bancos y cajas (prácticamente todos) incluyeron en sus hipotecas una salvaguarda, la denominada cláusula suelo. Es una cantidad mínima (generalmente el 3%) que aseguraba que, aunque el precio del dinero bajara hasta niveles del 0,5%, el 0,4%, el 0,3% o incluso inferior, el cliente, el hipotecado debería seguir pagando lo mismo, es decir el 3%. Quedaba atrapado en una auténtica tela de araña de donde no podía salir. ¿Cuántos desahucios, cuántas vidas rotas porque las familias en paro no podían hacer frente a esas hipotecas ilegales?
Las clausulas suelo fueron pan corriente en muchísimas transacciones hipotecarias (se calcula que podrían ser una de cada cuatro). El cliente no tenía escapatoria, o firmaba las condiciones o no había crédito. Anonadado en muchas ocasiones por la presencia solemne del notario, el representante del banco...etc, los hipotecados firmaban tras una lectura rápida, unas condiciones donde se incluyen hasta fórmulas financieras dignas de licenciados en matemáticas. Todo con un aparente halo de respetabilidad. La cláusula suelo en muchos casos se oculta, se coloca en párrafos posteriores al lugar natural que deberíamos hallarla (condiciones financieras). Se oculta utilizando subterfugios, se llega a hablar de tres enteros con 0 centésimas cuando sería mucho más claro (3%).
Las entidades financieras sabían de la ilegalidad del invento. Se creían inmunes. Contaban con el beneplácito de los sucesivos gobiernos PP/PSOE. Los partidos políticos institucionales, hicieron “mutis por el foro”, no iban a morder la mano que los alimentaría en un futuro. Los gobiernos utilizaron todos los recursos del estado (leyes) y su interpretación sesgada (poder judicial) para asegurar su impunidad. Se contó con el beneplácito de multitud de notarios, que no informaron cabalmente de las condiciones onerosas en las que se firmaban los contratos. Los grandes sindicatos callaron. Algunos dirigentes sindicales se sentaban en los Consejos de Administración de las Cajas de ahorro. Algún otro cambió de bando y acabó asesorando al PP y la patronal bancaria.
La crisis de 2008 supuso para los bancos una enorme oportunidad de incrementar sus dividendos. Se privatizaron las ganancias mientras se socializaron las pérdidas. El gobierno del PSOE mintió. El expresidente Zapatero afirmó: "La crisis es una falacia, puro catastrofismo” pero, a diferencia de Pinocho, no le creció la nariz. Rajoy mintió, mientras un gran número de dirigentes del PP sencillamente trincaban. Pujol mintió mientras su familia, asociación mafiosa la ha calificado el fiscal, saqueaban Catalunya. Andalucía era el cortijo socialista. Poco importaba, se salía del gobierno y se entraba en los consejos de administración. La clase dirigente decidió que la reestructuración financiera la pagaran los ciudadanos. Se mintió, se volvió a engañar, se ocultó la verdad.
La crisis abrió la caja de Pandora de la indignación popular. La organización social y su respuesta acabó cuestionando las cláusulas suelo. Se consiguieron sentencias favorables (el poder judicial no es inmune a la presión popular). En ese momento se calculaba que la banca debería devolver menos de tres mil millones de euros (el número de cláusulas suelo es casi secreto de Estado, se estiman en unos dos millones y medio de cláusulas). El Tribunal Supremo español intentó con su resolución del 2013 acotar la responsabilidad bancaria. Sólo se pagaría desde ese año y no por los años anteriores, o sea no tendría retroactividad. Estaban en juego mil millones más. En total la cifra que maneja el Banco de España era de unos 4200 millones. El 21 de diciembre del 2016 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dio la razón a los hipotecados, avergonzando a un Tribunal Supremo español que, como casi siempre, dirige una mirada condescendiente hacia los poderosos. Los partidos gobernantes PP/PSOE, fieles defensores de la banca, consensuaron una especie de código de buenas conductas que pretenden ahorrar a la banca las costas de los litigios que, a miles, se pueden presentar en los juzgados.
Los bancos están intentando engañar nuevamente. El decreto que elaboró el gobierno a indicaciones de la gran banca en una reunión que acabó pocas horas antes de la firma del Real Decreto Ley, ni obliga a los bancos a devolver “per se” las cantidades retenidas ilegalmente ni obliga a calcular las cantidades a devolver. La banca inmediatamente ofrecerá, están ofreciendo ya, desde amortizaciones de la hipoteca, hasta productos financieros como acciones, planes de pensiones, o bonos... Otras entidades como Bankia afirman que devolverán “motu propio” las cantidades retenidas ilegalmente. No hay que fiarse. Hay que acudir con la calculadora y un asesoramiento claro. Es casi seguro que volverán a introducir las malas artes. Bankia habla, por ejemplo, de devolver las cláusulas suelo y el interés del dinero ilegalmente retenido, pero no explican una segunda parte derivada de la sentencia del TJUE: la posibilidad de reclamar judicialmente los gastos de constitución de hipoteca (notario, tasadores…) Serían para cada cliente unos miles de euros más.
La posición de la banca, al contar con el apoyo de la “clase política”, será de cerrar filas; provisionar como han hecho (guardar en la hucha unos cientos de millones para pagar las demandas) y dividir los costos en varios años. No escarmentarán si no los hacemos escarmentar. El nuevo neolenguaje que se utiliza ahora referido a las clausulas suelo es: cláusulas túnel o cláusulas cero.
El PP en un arrebato de compañerismo parlamentario permitió que fuera su muleta (el PSOE: los del “NO pero Sí”) el que diera la buena nueva a los españoles. El Real Decreto era una buena noticia para todos, dijeron. El análisis detallado muestra que sólo es un brindis al sol. Fue patética la intervención de los portavoces del PSOE. Su objetivo no fue denunciar el atraco sufrido ¿cómo hacerlo si muchos dirigentes del PSOE han sido miembros de Consejos de Administración y colaboraron activamente en la estafa?, el miedo de Margarita Robles era que no se colapsaran los “juzgados”.
¿QUÉ HACER?
Varias enseñanzas podemos obtener. La primera es que la presión popular Sí que importa. Como decíamos, el poder judicial no es inmune a la presión social. La segunda abre, si las fuerzas de izquierdas son capaces de estructurarlo, un nuevo horizonte de lucha en el campo de los abusos de la banca. Posiblemente será necesario demandar cada cláusula.
Las reclamaciones han de estar bien articuladas y sobre todo nadie ha de pagar nada a los abogados que lleven el caso, ni procuradores, ni provisión de fondos, ni poderes de representación en la notaria, ni siquiera burofax al banco hasta que se gane el litigio.
Nos hemos de asegurar que las cláusulas contratadas con nuestros abogados, especialmente el porcentaje de cobro por cada parte, estén claras.
No es necesario acudir a grandes bufetes de abogados, los costos publicitarios en algunos de ellos les pueden inclinar a “hacer caja rápida” a costa de invertir menos tiempo en el proceso y alcanzar acuerdos rápidos con las entidades bancarias. Y por último la tercera enseñanza:
¡QUE NO NOS ENGAÑEN OTRA VEZ!
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