La
sociedad civil juzga a Monsanto en La Haya por “ecocidio”
·
Treinta testigos procedentes de
distintos países del mundo declaran en contra del gigante de productos
agroquímicos. ·
El tribunal, que no dictará ninguna
sentencia, se basará en diversos corpus juríficos para emitir su "opinión
consultiva".
Dos madres iracundas fueron las primeras en tomar la palabra. Una es
francesa; la otra, argentina. Antes de acudir a testificar, no se conocían.
“Para mí es un honor ser la primera en hablar, de entre la larga lista de
víctimas de Monsanto”, avisa Sabine Grataloup. Acto seguido, distribuyó a los
jueces, sentados frente a ella, fotos de su hijo, nacido hace nueve años con
varias malformaciones: sufre atresia esofágica. Respira
gracias a una traqueotomía. Este 20 de octubre, será sometido a una nueva
intervención quirúrgica, la número 51. “Conlleva mucho sufrimiento y riesgos vitales para él, porque una traqueotomía puede obstruirse en cualquier momento”, explica.
Sabine Grataloup es dueña de una pista de equitación. Todos los veranos, en la
misma época, echaba un
herbicida a base de glifosato, comercializado por Monsanto. También lo echó el año en que estaba
embarazada, de apenas tres o cuatro semanas, sin tomar especiales precauciones.
Entonces aún no sabía que esperaba un bebé. La mujer aclara que “en ese momento
es cuando en el feto se forman el esófago y el feto”. Habla deprisa, con precisión.
Apenas son las nueve de la mañana del sábado 15 de octubre en La Haya y las 250
personas sentadas entre el público escuchan con atención. “Este montón de
coincidencias me conmoció [...]. Nos encontramos ante una epidemia de
malformaciones, inducidas por el hombre”, concluye.
A continuación, toma la palabra María Liz Robledo. Una treintañera que ha
realizado un largo viaje desde Baigorria (1.900 habitantes), al noroeste de la
provincia del Gran Buenos Aires, para testificar. Su hija fue sometida a una
operación, de seis horas, el mismo día de su nacimiento, en abril de 2013. Se
encuentra mejor, pero sigue
padeciendo problemas respiratorios que le impiden llevar una vida normal. María Liz Robledo vivió la mayor parte del tiempo en una casa junto a un descampado,
donde se
almacenaban bidones de pesticida. También recuerda el paso del “mosquito”, que es como los lugareños
llamaban al avión que fumigaba los campos con pesticidas. “En mi pueblo, otro
niño nació con la misma malformación”, dice la argentina. Denuncia “la
manipulación de la información sobre Monsanto, que contribuye a que todo el
mundo mire para otro lado”. Quiere “hacer que su sufrimiento sirva para que la
gente sea consciente de la magnitud del problema”.
Cinco jueces escuchan –con los cascos del servicio de interpretación pegados en
las orejas– los relatos conmovedores de estas dos mujeres. La presidenta del
tribunal, la belga Françoise Tulkens, fue jueza en el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos durante más de diez años. A su lado, una argentina, una
senegalesa, un mexicano y un canadiense. Estos magistrados han aceptado
prestarse para un ejercicio inédito, que puede suponer un hito en la historia
del derecho internacional: juzgar a una multinacional, la estadounidense
Monsanto, el rey mundial de los organismos modificados genéticamente (OMG). El
grupo químico de Saint-Louis, en Missouri, adquirido recientemente por el grupo
farmacéutico alemán Bayer, ¿violó los derechos sanitarios, a la alimentación o
a la sostenibilidad medioambiental? En caso de respuesta afirmativa, ¿cómo demostrarlo?
Los magistrados deben basarse en corpus jurídicos: losprincipios directores de Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos,
adoptados en 2011 y elEstatuto de
Roma, en el que se basa el
Tribunal Penal Internacional. Durante dos días, hasta el domingo 16 de octubre,
30 testigos y peritos (abogados, médicos, científicos) desfilaron ante el
tribunal, procedentes de los cinco continentes, esbozando un retrato conmovedor de los daños
provocados por Monsanto en las
personas, en el suelo, en los animales y en la biodiversidad. Estos relatos
también han permitido hacer inventario de los métodos empleados por Monsanto
para “controlar y mantener su hegemonía mundial”, en palabras del ingeniero
agrónomo paraguayo Miguel Lovera, hasta controlar una parte de la producción
científica en la materia.
La agricultora estadounidense Christine Sheppard relata su calvario particular.
Utilizó Round Up, el pesticida de Monsanto, en una granja de Hawai, desde 1995.
En 2003, le diagnosticaron un cáncer especialmente peligroso –un linfoma no
hodgkiniano–. En la actualidad, se encuentra en tratamiento, después de
numerosas sesiones de quimioterapia y de recibir un trasplante de médula ósea.
Es una de las primeras, en Estados Unidos, en denunciar a Monsanto, convencida
como está de que existe relación entre su salud y su exposición al herbicida.
“Monsanto sabe bien que tendrá que
afrontar muchos juicios, por lo que ya ha
provisto 250 millones para indemnizar futuros casos”, en palabras de su
abogado, Timothy Litzenburg, cuyo bufete cree que aflorarán miles de casos en
los próximos años.
El médico argentino Damián Verzeñassi asegura que, en los estudios
cuantitativos que lleva a cabo en Argentina, ha observado “un cambio en el modo en que la gente fallece en algunas provincias del país, en paralelo a la
puesta en marcha de un modelo de agrobusiness basado en los OMG”. En 1996
comenzaron a aparecer de forma más regular problemas de salud hasta entonces
poco frecuentes, algunos tipos de cáncer, malformaciones en los recién nacidos,
abortos. “Monsanto inundó el planeta de sus productos y el grupo lo hizo
sabiendo a la perfección lo que hacía”, dice, en alusión a un estudio de la
EPA, la agencia norteamericana encargada del registro de los pesticidas, que
mostraba ya en 1985 su preocupación por los riesgos cancerígenos vinculados al
glifosato.
El agricultor francés Paul François narró cuál ha sido su experiencia, desde
que trató de sentar a Monsanto en el banquillo. Corría 2004 cuando, al limpiar
un tanque, inhaló los vaporesdel Lasso, un herbicida antaño comercializado por Monsanto (prohibido por
la Comisión Europea en 2007). Tuvo que ser hospitalizado de inmediato tras
perder el conocimiento. Sería el comienzo de una larga lista de problemas
sanitarios, “comas profundos” incluidos. Paul François demandó a Monsanto en
2006. Ya lleva gastados más de 40.000 euros en procesos judiciales. Aunque ha
ganado varias batallas jurídicas, Monsanto siempre recurre, sin haber abonado
hasta la fecha las indemnizaciones. El recorrido judicial puede durar varios
años. “Esperan que, en algún momento, me canse y no puede permitirme este
sacrificio financiero”, señaló Paul François, quien terminó por decir: “Si
ustedes atreven a interponerse en el camino de Monsanto, es una máquina trituradora”.
Concepto de "ecocidio"
El agricultor colombiano Pedro Pablo Mutumbajoy se presentó a los jueces como
una víctima de las fumigaciones aéreas del Round Up de Monsanto. Este técnica
comenzó a utilizarse, sólo en Colombia, en el año 2000: estaba destinada a destruir los cultivos ilegales de
cocaína, en el marco de un
amplio plan de lucha contra la droga, el “plan Colombia”. Estas operaciones,
puestas en marcha por Bogotá y financiadas por EEUU, contribuyeron a aumentar
el volumen de negocios de Monsanto y, al mismo tiempo, destruyeron innumerables
hectáreas de tierras cultivadas (este tipo de fumigaciones están prohibidas
desde 2015). En todo el país, los agricultores han presentado más de 17.000
denuncias, a la espera de obtener indemnizaciones. Muy pocos lo han conseguido.
De ahí la presencia de Mutumbajoy en La Haya, el objetivo es dar un impulso al
caso.
Estos testimonios, a menudo edificantes, se sucedieron durante los dos días de
audiencia. También se habló delempobrecimiento
de los suelos o de los riesgos para los animales. Varios profesores universitarios autores de estudios críticos con los
efectos del Round Up explicaron que se han quedado sin el dinero de fundaciones
privadas que, hasta entonces, financiaban sus trabajos. “Monsanto ha conseguido
no diré dejarnos fuera de combate, sino que ha limitado los medios de los que
disponemos para investigar”, contó Nicolas Defarge, un biólogo francés en el
paro, cuyos trabajos han permitido identificar restos de arsénico y de metales
pesados en el Round Up.
¿Para qué vale este mosaico de relatos? El tribunal Monsanto no dictará
sentencia. No se
impondrá pena alguna ni para el responsable ni para los accionistas de la firma
de Saint-Louis. Pero los jueces se han
comprometido a emitir, el 10 de diciembre, coincidiendo con el Día
Internacional de los Derechos Humanos, una “opinión consultiva”. “La función de
este tribunal no es condenar, sino administrar justicia”, resume la exministra
de Medio Ambiente Corine Lepage, que aboga por crear un Tribunal Penal
Internacional de Medio Ambiente y de Sanidad.
“Durante mucho tiempo pensé que nunca se podría parar a una empresa como
Monsanto”, dice Marie-Monique Robin. “Laimpunidad de estas multinacionales está ligada en parte al
hecho de que es imposible perseguir penalmente a sus dirigentes. Como mucho, se
puede esperar, en el estado actual de las cosas, conseguir reparaciones
financieras por la vía civil. Nada más”. Este periodista y documentalista
francesa, autora del libro Le Monde selon Monsanto [El mundo según Monsanto]
califica de “histórica” la experiencia del tribunal. Después de haber dudado un
tiempo, aceptó ser la madrina. Muchos testigos que han intervenido en La Haya
aparecerán en su próximo documental, sobre los estragos del Round Up.
René Lehnherr, que lleva años trabajando en las cooperativas agrícolas
autogestionadas Longo Mai, fue el primero en pensar en pensar en un tribunal
así, hace ahora unos dos años. En ese momento, se puso en contacto con
Marie-Monique Robin, quien puso una condición: que el juicio no fuese un calco
de los tribunales ciudadanos, como el Tribunal Russell sobre Palestina, de
2009. “Ya se han organizado muchos tribunales de opinión [dirigidos por
intelectuales y figuras de la sociedad civil]. No digo que no sea interesante,
pero en nuestro caso, no habría aportado gran cosa. Aquí queremos verdaderos jueces, que van a juzgar con la ley en la mano”, insiste la periodista.
La Justicia tiene un precio: ha sido necesario invitar a los testigos,
alojarlos, pagar a los jueces, encontrar los locales... La operación cuesta
alrededor de 500.000 euros, recaudados en parte gracias al
micromecenazgo y con la ayuda de generosas asociaciones. “Es muy, muy caro y cerrar el
presupuesto ha sido un trabajo arduo, pero teníamos que lograrlo”, dice Arnaud Apoteker, activista antiOGM, otrora en Greepeace-Francia y en
la actualidad administrador de Criigen. Con el paso de los meses, se constituyó
un comité de organización compuesto por figuras de primer orden, entre ellos el
jurista belga Olivier de Schutter, exrelator especial para el derecho a la
alimentación, la activista india Vandana Shiva, que ha iniciado varios
movimientos para los derechos de las mujeres y el respeto de la diversidad del
mundo viviente, el biólogo Gilles-Éric Séralini, autor de un estudio sobre un
maíz modificado genéticamente que causó polémica en 2012, o la jurista francesa
Valérie Cabanes, portavoz del movimiento End Ecocide on Earth (Paremos el
ecocidio en la tierra).
“Queremos dar cuerpo y consistencia a un concepto jurídico, el del ecocidio, que creemos debe regularse en la normativa jurídica internacional”, añade
Émilie Gaillard. Esta profesora de Derecho Privado en la Universidad de Caen,
autora de una tesis sobre el “derecho de las generaciones futuras”, trabaja en
el comité de organización del tribunal, desde comienzos de año. Aguarda la
opinión consultativa de los cinco jueces, que se conocerá el 10 de diciembre.
Monsanto ¿podrá ser declarado culpable de ecocidio, en unos años, en el Tribunal Penal
Internacional?
El ecocidio implica un “daño
generalizado o una destrucción que provocaría una alteración grave y duradera
en “comunidades globales” o “sistemas ecológicos”, si nos atenemos a la definición –discutida– propuesta por los juristas de
End Ecocide on Earth. Esta ONG milita por que el ecocidio sea el quinto delito
internacional contra la paz, recogido en los estatutos del TPI, junto con el
crimen contra la humanidad, el genocidio, los crímenes de guerra y de agresión.
Por ese motivo, el Tribunal Monsanto ha celebrado el juicio en La Haya, sede
del TPI.
Esta acción de la sociedad civil contra Monsanto llega semanas después del
anuncio del TPI; la fiscala del Tribunal señaló en “un documento de política
general” que el Tribunal se planteaba enjuiciar delitos medioambientales. De
confirmarse la ampliación del campo de acción del TPI, los dirigentes de
empresas o políticos, pueden ser juzgados en La Haya por cuestiones como
acaparamiento de tierras o destrucción de la selva ecuatorial. Una revolución
en derecho internacional, del que se congratulan los promotores del Tribunal
Monsanto.
Para Émilie Gaillard, ahí está el verdadero desafío: habrá quebasarse en la sociedad civil para forjar un nuevo imaginario jurídico. Existen precedentes en la historia reciente. Con su informe sobre los
límites al crecimiento (1972), el Club de Roma formalizó, por poner un ejemplo,
el concepto de huella ambiental, mientras que la Conferencia sobre la Tierra de
Río alumbró, en 1992, el de desarrollo sostenible. “El derecho no es sólo fruto
de los expertos, o de los jueces, es fruto de una época y de la sociedad”,
insiste. “Estamos en un periodo de guerra conceptual, donde los tratados de
libre comercio se construyen en contra del derecho internacional del medio
ambiente. Asistimos a un enfrentamiento de lógicas jurídicas y el Tribunal
Monsanto se enclava en este enfrentamiento”.
De ahí el espacio que se deja a los movimientos sociales. En paralelo,
coincidiendo con las audiencias del tribunal, en la otra punta de la ciudad
neerlandesa se celebraba un miniforum social bautizado como Asamblea de los
Pueblos. El objetivo era debatir, en concreto, modelos de agricultura alternativas. Como dos hemisferios de un cerebro (que a veces parecían tener problemas
para comunicarse entre sí...). “Este tribunal no es un capricho de 30
militantes. Hemos querido construir una iniciativa popular, que emana de la
sociedad civil y alumbrada por una ONG y colectivos de todo el mundo. Les hemos
dado la palabra en el marco de esta Asamblea de los Pueblos”, precisa Arnaud
Apoteker.
La experiencia tiene un punto débil fuera de toda duda: Monsanto ha optado
–como era de esperar– por boicotear el acto. El acusado no estaba allí para
defenderse. “Al principio, hicieron como si no existiera, para desligitimizarlo”, lamenta Apoteker. La
estrategia de Monsanto, que ha recibido numerosas llamadas de los periodistas
sobre el tema, ha ido cambiando a medida que se acercaba el juicio. El grupo
publicó el 4 de octubre una carta abierta (sólo disponible en francés y en
alemán), donde resume el caso como sigue: “Se trata de un acto orquestado, una parodia
jurídica donde
denigradores de la tecnología en agricultura y de Monsanto hacen de
organizadores, de juez y de jurado, y cuyo resultado se conoce de antemano”.
Peor aún: este pseudojuicio llevaría a “desviar la atención de conversaciones
esenciales sobre las necesidades alimentarias y agrícolas del mundo entero, así
como la aplicación de los derechos humanos”.
“Monsanto ha optado por no acudir, no va a quejarse ahora de eso”, dice la
exeurodiputada Corinne Lepage. El comité de organización ha optado por
responder punto por punto al comunicado de Monsanto, pero también ha llevado
esa carta abierta de la multinacional al juicio, como prueba. En lo que
respecta a las críticas sobre la parcialidad del tribunal, los organizadores
aseguran que no hay nada decidido de antemano, que los jueces son totalmente
independientes. “Son profesionales reales y la legitimidad de su veredicto será
el fruto de ese reconocimiento”, dice Émilie Gaillard. Precisa que el comité de
organización ha pagado a los jueces por los tres días de trabajo en La Haya,
“pero no han estado especialmente bien pagados, paraevitar conflictos de intereses”.
Aunque debilitado por la falta de representantes de Monsanto, el tribunal ha
puesto de relieve la situación de extrema aislamiento de los movimientos de
víctimas, a menudo desamparados en sus respectivos países frente al gigante
norteamericano. Es evidente en Argentina y en Colombia, donde el horizonte
político nacional parece obstruido. A la espera de que el derecho penal
internacional evolucione –lo que puede demorarse– los dos días de audiencias de
la Haya pueden haber tenido un mérito claro a corto plazo: hacer que se compartan experiencias más
allá de las fronteras y pensar en acciones transnacionales para un día llegar a sancionar a las
multinacionales.
Ludovic Lamant (Mediapart)
