sábado, 31 de diciembre de 2016

El insoportable peso de la deuda pública


DURANTE LA LEGISLATURA DE RAJOY LA DEUDA PÚBLICA HA SUBIDO UN 52%. YA SUMA EL 101% DEL PIB
                                  
 Para pagar los intereses hubo que aumentar la deuda pública Sin una política que promueva el crecimiento, la deuda genera más deuda y más sometimiento a la “troika”

La actual legislatura se inicia batiendo record de endeudamiento público: ni más ni menos que 1,1 billones de euros debe el conjunto de las Administraciones Públicas, esto es, el equivalente al 101% del PIB, o ni más ni menos que 23.831€ por habitante. Resulta cuanto menos paradójico que el PP, adalid del rigor presupuestario, haya pulverizado todos los record históricos en esta materia: cuando Rajoy fue elegido por primera vez presidente del Gobierno en diciembre de 2011 la deuda pública era de tan sólo 743.530 millones de euros (el 69,5% del PIB). En resumidas cuentas: Rajoy hereda de sí mismo una factura de 363.163 millones de euros y sobre la espalda de cada ciudadano pesa hoy un 52% más de deuda que hace cuatro años.

Esa no es la única paradoja: teórica (y legalmente) las Administraciones Públicas sólo pueden endeudarse para financiar inversiones así que cabría esperar que este incremento de la deuda pública obedeciese a un incremento del esfuerzo inversor; sin embargo actualmente ese esfuerzo es notablemente inferior al de hace cuatro años. Si en 2011 la Formación Bruta de Capital (FBK), magnitud que mide el esfuerzo inversor de las Administraciones Públicas, fue de 39.638 millones de euros, equivalente al 3,7% del PIB, (cifra ya de por sí baja comparada con los 55.142 millones de 2009, inicio de la crisis); el año 2015 cerró con una FBK de tan sólo 27.005 millones (un 2,5% del PIB)… y eso porque afortunadamente era año electoral, ocasión propicia para captar votos vía obra pública.

Ciertamente toda la Unión Europea sufre el embate de la crisis y el diseño del BCE no contribuye en nada a facilitar una salida. Pero los datos demuestran que Rajoy está entre los peores alumnos del neoliberalismo europeo: tal ha sido el crecimiento de nuestra deuda que nuestras Administraciones ocupan hoy el sexto lugar entre las más endeudadas de las 28 que componen la Unión Europea, cuando en 2011 ocupábamos el puesto 12 y en 2007, año en que estalló la crisis, un envidiable puesto 16.

Por supuesto no todas las Administraciones Públicas han gozado de la misma manga ancha para endeudarse que la Administración Local: la Corporaciones Locales, eternas hermanas pobres de la Hacienda Pública española, han sido sometidas a un férreo control financiero desde comienzos de la crisis. No sólo se les exige aprobar presupuestos equilibrados cuando la economía está deprimida y los ingresos tributarios por los suelos: desde 2009 el Ministerio de Hacienda ha promovido hasta 8 reales decretos distintos en los que, de forma parsimoniosa y bajo condiciones leoninas, auxiliaba ligeramente a unas haciendas locales asfixiadas por la falta de liquidez. Y todo, bajo unas condiciones propias de un programa de ajuste de los que el FMI aplica a los países del Tercer Mundo: se les ha exigido recortar un 5% el gasto en personal; incrementar el IBI al tipo máximo; eliminar bonificaciones con impacto social; elevar las tasas y precios públicos hasta lograr la autofinanciación de los servicios que prestan lo cual es ineficiente además de regresivo, etc, etc. Tanto es así que las Corporaciones Locales tienen hoy un nivel de endeudamiento equivalente al 3´2% del PIB ¡0´2 puntos menos que cuando Rajoy llegó al poder! Obviamente esto se ha traducido en un notable deterioro en la calidad y cantidad de los servicios que los ayuntamientos ofrecen a la población.

No es de extrañar que el gobierno de la nación haya tenido ese comportamiento: Rajoy proyecta sobre otras Administraciones el espíritu y la letra del plan de rescate (cuya existencia el PP siempre negó) y que se sustanció en la firma del “Memorándum de Entendimiento” (MoU) entre el Gobierno de España y la “troika” el 20 de julio de 2012, mediante el cual se abría una línea de crédito de hasta 90.000 millones de euros con la única finalidad de rescatar la banca española. Triste paradoja: mientras los españoles se volcaban en aplaudir a su selección de fútbol, campeona de la Eurocopa 2012, eran los mercados financieros los que nos goleaban a nosotros con la inestimable ayuda de nuestro gobierno.

Cabe recordar que la deuda de las Administraciones Públicas condiciona directamente la calidad de vida de los ciudadanos: la necesidad de refinanciar periódicamente los vencimientos y de contratar nueva deuda para pagar los intereses, nos deja en manos de la “troika” en virtud de la legislación neoliberal europea, que prohíbe taxativamente al BCE adquirir deuda pública en los mercados de emisión. Sin una política que promueva el crecimiento, la deuda genera más deuda y más sometimiento a la “troika”. Durante el gobierno de Rajoy (2012–2015) las Administraciones Públicas han pagado el equivalente a 13 puntos del PIB en concepto de intereses, es decir, que el 45% del déficit público se explica por el gasto en intereses. Y claro: para pagar esos intereses hubo que aumentar más la deuda pública. Además, la cosa no mejora: para 2016 se espera que haya que desembolsar otro 3,1% del PIB en intereses, lo que explica el 60% del déficit que habrá este año. Así es como la deuda genera más deuda y obliga a nuevos recortes.

Por supuesto las cosas se podrían haber hecho de otra manera y en el fondo subyace el problema del euro y el diseño neoliberal del BCE impuesto en su día por el Bundesbank y sus admiradores europeos, incluidos los gobiernos socialdemócratas. En tiempos de crisis se requieren amplios programas públicos de creación de empleo, pero éstos son inviables sin el respaldo financiero del banco central de turno. Y eso quisieron garantizarse en su momento los creadores del BCE: que no pudieran implementarse políticas de orientación keynesiana, que la lucha contra el desempleo descansase exclusivamente sobre el recorte de salarios y derechos de los trabajadores.

Por el contrario, una inusitada fe en la propiedad privada y en los mercados permite al BCE inyectar cantidades masivas de dinero en el sistema financiero... en ese mismo sistema financiero que años atrás malgastó los ahorros de los ciudadanos en especulación inmobiliaria y bursátil, y que ahora atesora el dinero barato procedente del BCE a la espera de tiempos mejores. Actualmente el BCE mantiene inyectados en el sistema financiero europeo la friolera de 1,63 billones de euros, de ellos 333.319 millones (el 20% del total) en el sistema financiero español. En nuestro caso eso supone que se ha multiplicado por 3,5 la cantidad de dinero que el BCE mantenía inyectados justo antes de la crisis. Y todo a coste 0% o casi. Pero el sistema financiero no moviliza ese dinero y prueba de ello es que desde que comenzó la crisis el crédito a los hogares se ha contraído un 19% (un 2,1% sólo el año pasado).

Como decíamos, las cosas se podrían haber hecho de otra manera si la correlación de fuerzas en Europa fuera distinta. Podrían haberse diseñado planes públicos de empleo, descartando proyectos de inversión socialmente no rentables (como esos aeropuertos del PP que llevan aviones de ningún sitio a ningún lugar, autovías sin coches o desalinizadoras que no desalan). ¿Acaso estamos sobrados de hospitales o colegios? ¿No necesita un impulso nuestra red ferroviaria? ¿No hay oportunidades de empleo en el sector medioambiental o en la adecuación de las tecnologías que utilizan las empresas a estándares de sostenibilidad ambiental? Se podía haber acometido un plan de amortización (monetización) de parte de la deuda pública, evitando así la implantación de los insufribles rescates que tanta fama han dado a la “troika” y a sus “hombres de negro”. Se podía, en definitiva, haber puesto el euro al servicio de los ciudadanos, y no a los ciudadanos al servicio del euro y de quienes lo acaparan.

A partir de la herencia que Rajoy se lega a sí mismo (gracias a la inestimable colaboración del PSOE en su investidura) se diseñará la política económica que los ciudadanos sufriremos a lo largo de la nueva legislatura. Sobre nuestro país pesa la exigencia de la Comisión Europea de acometer recortes por importe de unos 5.500 millones de euros: de lo contrario la “troika” se encargará de que los mercados financieros hagan imposible la financiación de nuestra deuda pública. Sin lugar a dudas se trata de una utilización espuria, casi mafiosa, del poder que los ciudadanos han delegado en las instituciones europeas. Todo parece indicar que Rajoy se plegará nuevamente al chantaje financiero (¿recuerdan en qué condiciones se gestó la reforma del artículo 135 de la Constitución, mancomunada por PP y PSOE en septiembre de 2011?). Pero ni siquiera cumpliendo con este catecismo neoliberal se nos augura un buen futuro: para 2017 la tasa de paro seguirá en el 18% (más del doble de la media europea), y la deuda pública se elevará un poco más todavía, hasta 1,16 billones de euros. Desde luego no estamos en deuda con Rajoy, pero sí por culpa de Rajoy.


viernes, 30 de diciembre de 2016


La "insostenibili-
dad" del sistema publico de pen-
siones

MÁS DEL 50% DE LAS PENSIONES SON INFERIORES A 700 EUROS Y EL 70% NO LLEGA A 1.000

 El déficit, por lo tanto, no viene por el lado del gasto sino por las políticas de los Gobiernos que están lastrando gravemente los ingresos de la Seguridad Social

Es urgente llamar la atención sobre uno de los problemas más relevantes que hoy preocupan o afectan directamente a las personas jubiladas y pensionistas, además de a las generaciones actualmente en activo y a las venideras: el cuestionamiento de la sostenibilidad del SISTEMA PUBLICO DE PENSIONES.

Partimos de que el Sistema Público de Pensiones es un puntal básico del Estado de Bienestar y garantía de que, en la vejez, después de muchos años de trabajo, cotizando y pagando impuestos, las personas mayores puedan llevar una vida mínimamente digna.

Sin embargo, y especialmente con la excusa de la crisis, su sostenibilidad a futuro está siendo cuestionada reiteradamente desde medios de comunicación, “expertos” de toda índole, entidades financieras (que ven en ello un inmenso negocio), e incluso instituciones como el Banco de España y otras. Los desmentidos del Gobierno del PP, afirmando que el Sistema Público de Pensiones está garantizado ahora y en el futuro, acostumbrados como nos tienen a hacer o decir lo contrario de lo que piensan o se proponen hacer, no consiguen sino aumentar la sospecha de que las pensiones, en sus manos, peligran realmente.

Por eso considero que es necesario y urgente salir al paso de la manipulación a que está siendo sometida la opinión pública, tendente a generar un “estado de ánimo” proclive a aceptar recortes, sacrificios o lo que haga falta, con tal de que se asegure la pervivencia del Sistema. Así ha funcionado desde mediados de los 80, con sucesivas reformas, todas ellas para “garantizar su sostenibilidad”, que inmediatamente después era de nuevo cuestionada.

Lo primero que hay que aclarar es que el actual déficit de las cuentas de la Seguridad Social no se debe a un aumento desmesurado del gasto en Pensiones. Por el contrario, como consecuencia de las sucesivas reformas, éste ha ido decreciendo en los últimos años, en relación con el PIB, pese a la incorporación de nuevos pensionistas con bases de cotización más altas: el gasto ascendió al 10,7% del PIB en 2014, al 10,6% (una décima menos) en 2015, y en los Presupuestos Generales del Estado para 2016 la estimación se queda en el 10,4% (dos décimas menos que el año anterior). [1]

El déficit, por lo tanto, no viene por el lado del gasto (es decir, no se debe estrictamente al aumento del número de pensiones de mayor cuantía, ni a la mejora de las anteriores), sino por el lado de los ingresos, debido a las políticas de los Gobiernos, que a lo largo de la crisis han generado un paro masivo, un record de precariedad en el empleo y una caída considerable de los salarios por los que se cotiza, además de exenciones del pago de cuotas para diversos tipos de contrataciones, etc. Son estas políticas, en su conjunto, las que están lastrando gravemente los ingresos de la Seguridad Social, que de tener superávits en sus cuentas a lo largo de décadas ha pasado a ser deficitaria, amenazando el futuro del Sistema si no conseguimos revertir dichas políticas y una más justa redistribución de la riqueza vía política fiscal. Fiarlo, como dicen, a la creación de empleo y al crecimiento económico es una falacia más, pues se está demostrando que ni el crecimiento económico del que presumen (el mayor de los países de la UE) ni el aumento del empleo (precario y con bajos salarios) alivian la caída de ingresos de la Seguridad Social.

Por otra parte, el gasto en pensiones de España es notablemente inferior al de otros países de la Unión Europea de similar desarrollo económico. Según se recoge en la mencionada Revista de la Seguridad Social, con datos de Eurostat de 2012, la media de Gasto en vejez de la UE-15 era del 11,8% del PIB, estando muy por encima países como Italia (15,3%), Dinamarca (14,4%), Austria (13,0%) o Francia (12,9%). Nuestro país figura con el 9,2%. Y en cuanto al Gasto en Pensiones (que incluye prestaciones por desempleo y otras), los países de la Eurozona empleaban de media el 13,5% del PIB, con un 16,1% en Italia y entre el 14/15% en Francia, Austria o Dinamarca. Resulta, pues, inadmisible el alarmismo que se está intentando crear al sentenciar que nuestro Sistema será insostenible, si no se siguen haciendo reformas y recortes más duros, cuando en 2050 o 2060, con la incorporación de cohortes numerosas como las del “baby boom”, pudiera alcanzar un gasto equivalente al 14/15% del PIB; es decir, lo que ya hoy están gastando países comunitarios vecinos, sin que sus economías ni otros servicios o prestaciones al resto de la población estén en peores condiciones que las nuestras, que tiene un gasto en vejez considerablemente menor. Más bien ocurre lo contrario, si comparamos sus niveles de déficit y endeudamiento (en los que nuestro país va a la cabeza), o su renta per cápita.

Otro dato abusivamente utilizado de forma artera es la relación activos (en descenso) / pasivos (en aumento), cuando lo que se debería tener en cuenta no es el número de trabajadores/as que se necesitará en un futuro para sostener a una pensión, sino cuánto produce uno o una de ellas en cada momento. La diferencia es sustancial.

Debemos refutar, asimismo, el bulo tan extendido de que las pensiones en España “son muy generosas”, lo que niega el hecho de que más del 50% de las mismas tienen cuantías inferiores a 700 euros y el 70% no llega a 1.000. Sin que podamos dejar de señalar que una inmensa mayoría de las pensiones más bajas corresponden a mujeres, siendo las de viudedad (más del 90% son de mujeres) las que, por su insuficiencia, requieren la aplicación del complemento a mínimos (el 35%). Un problema, el de la “brecha de género”, que se reproduce y acrecienta en la etapa de la vida en que las personas somos más vulnerables, sin que se le preste atención y mucho menos soluciones, con lo que la feminización de la pobreza se cronifica.

Tras la dura reforma de 2011 del PSOE, con aumento de la edad de jubilación a los 67 años, resulta especialmente lesiva la del Gobierno del PP de 2013, que por un lado establece una nueva la fórmula de revalorización de las pensiones y, por otro, establece y anticipa a 2019 el llamado Factor de Sostenibilidad.

La primera, se determina en función del equilibrio (ingresos por cotizaciones/gastos) de las cuentas de la Seguridad Social, de manera que mientras éstas arrojen déficit (lo que está garantizado por bastantes años, con las políticas que denunciamos) no pasará del 0,25% de incremento, cualquiera que sea el aumento del índice de precios al consumo (IPC), cuyo objetivo fijado por el Banco Central Europeo es alcanzar cuanto antes el 2%. De hecho, la inflación negativa de estos últimos años, coincidente con la aplicación del 0,25% (con lo que presuntamente las pensiones habrían ganado poder de compra), no ha sido capaz de recuperar la pérdida derivada de las sucesivas congelaciones de las pensiones de 2011 y 2012, de modo que las pensiones públicas acumulan, desde 2009, una pérdida de poder adquisitivo del 1,1%.

El Factor de Sostenibilidad, por su parte, establece la fórmula a aplicar a partir de 2019 a las nuevas pensiones, en función de la expectativa de vida existente en el momento en que curse el derecho, de manera que el aumento de la expectativa de vida repercuta en una reducción inicial de la misma. La aplicación de esta norma (si no lo remediamos) hará caer aparatosamente el porcentaje de la pensión a percibir en relación con el último salario, que puede llegar a ser, de aquí a 2060, un 30/40% inferior a la relación actual.

El agotamiento del Fondo de Reserva (de los 66.815 millones de euros de que disponía en 2011 quedan en la actualidad 24.207) genera una incertidumbre añadida, pues se está dando a entender que si se agota el Fondo de Reserva no se podrán pagar las pensiones o, como mínimo, no se abonarán las pagas extras. Una falsedad más en este entramado de manipulación de una opinión pública desinformada y atemorizada. Porque, en definitiva, es el Estado el que tiene que hacer frente a sus responsabilidades, tanto si las cotizaciones no llegan como si el Fondo se agota. La Seguridad Social (aunque tenga ingresos vía cotizaciones sociales) es tan parte de los Presupuestos Generales del Estado como la Sanidad, la Educación, la Defensa o la I+D+i. Y, dentro de ella, las Pensiones, por más que se intentara dar un giro a la financiación de éstas (con la “separación de fuentes”) en el Pacto de Toledo.

En este punto, deberíamos expresar nuestro rotundo rechazo a que se segreguen de la Seguridad Social (estableciendo una forma de financiación diferenciada) las de Muerte y Supervivencia, con el punto de mira puesto en las Pensiones de Viudedad, tan de carácter contributivo como las de Jubilación o Incapacidad. La Pensión de Viudedad (recordemos que en su inmensa mayoría afecta a mujeres, la parte más débil en el mundo del trabajo y en el de la protección social) necesita de reformas, sin duda, pero no por la puerta de atrás. La afirmación “tranquilizadora” del Gobierno de que una financiación diferenciada del resto de pensiones contributivas no alteraría su estatus jurídico no hace sino incrementar la sospecha de que se persigue todo lo contrario, si además tenemos en cuenta los antecedentes y el debate abierto al respecto desde años atrás.

Nota:
1. Estos datos proceden del Informe Económico Financiero de los Presupuestos Generales de 2016, según publica la Revista Activa, de la Seguridad Social, del 21 de agosto de 2015 (http://goo.gl/WY7BZ8)



miércoles, 28 de diciembre de 2016

CONSIDERAN INSUFICIENTS LAS 66 MEDIDAS PROPUESTAS POR LA MINISTRA TEJERINA
Las principales organizaciones ecologistas estatales, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF, consideran que las prioridades de la ministra Isabel García Tejerina para la actual legislatura no afrontan de manera adecuada ni suficientemente ambiciosa los enormes retos ambientales a los que se enfrenta nuestra sociedad. Aunque muchas medidas podrían resultar positivas o negativas en función de cómo se concreten en el futuro, las ONG destacan algunas de las carencias más relevantes.
La ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA), Isabel García Tejerina, ha comparecido recientemente en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Congreso de los Diputados donde ha presentado las 66 medidas que su Ministerio se compromete a llevar a la práctica en la presente legislatura. Las cinco organizaciones ecologistas, aún reconociendo que algunas resultan positivas, muestran su preocupación ante las graves carencias existentes en las medidas propuestas para los sectores agroalimentario, pesquero y medioambiental.
En lo referido al sector agroalimentario, nada da a entender que el MAPAMA deje de apostar por la actual política de intensificación e industrialización del sector agrario que es ya una de las principales causas de pérdida de biodiversidad, en lugar de promocionar un modelo rural vivo, que potencie una producción agraria respetuosa con el medio ambiente y con el clima, priorizando la comercialización y consumo local y las pequeñas explotaciones. Lamentan también que en los planes para discutir la nueva reforma de la Política Agraria Común (PAC) vuelva a excluirse a las ONG ambientales a pesar del enorme impacto de esta actividad en la conservación de los recursos naturales.
Al mismo tiempo estas organizaciones dan la bienvenida a la propuesta de aprobar una Estrategia de Fomento de la Agricultura Ecológica, pero rechazan que no se incluya ninguna medida para prohibir los cultivos transgénicos comerciales y experimentales al aire libre. También queda por definir si la Estrategia Nacional de Regadío se centrará en algo imposible: seguir incrementando la superficie regada ignorando la reducción de caudales de los cursos de agua ligada al cambio climático, como recogen muchos planes de cuenca vigentes.
En materia de pesca la ministra continúa apostando por la expansión de la actividad pesquera industrial en terceros países, pese a los graves impactos ambientales y sociales que origina. Para las organizaciones ambientales la estrategia debe ser la de recuperar el recurso y una política de protección del medio marino efectiva, tanto en aguas nacionales como en alta mar, que permita la recuperación de la biodiversidad. También, el ministerio pretende incrementar la pesca del atún rojo, algo que debe estar totalmente condicionado a las recomendaciones científicas. Las ONG valoran positivamente la intención de reforzar la lucha contra la pesca ilegal mediante seguimiento, inspecciones y denuncias. Otro elemento positivo es la intención del ministerio de apoyar las Reservas Marinas de interés pesquero.
En lo que respecta a las medidas sobre medio ambiente las organizaciones ecologistas muestran su gran preocupación por la marginalidad de estas políticas y ante la carencia de medidas concretas para lograr detener la pérdida de biodiversidad para 2020, tal y como el Gobierno se ha comprometido en el ámbito de la Unión Europea y mundial. También discrepan de la pretensión de consolidar la nueva normativa de costas, que tan graves consecuencias está teniendo ya para la conservación de nuestro litoral y que choca con las previsiones de impacto del cambio climático en la costa.
Pero la medida que más ha alarmado a las ONG ambientales ha sido la posibilidad de modificar la Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad para permitir que se continúen liberando determinadas especies exóticas e invasoras en contra de una sentencia del Tribunal Supremo y de lo acordado a escala internacional. Esta importante ley necesita de medidas decididas para cumplirla, no de modificaciones para forzar actividades económicas incompatibles con la conservación de la naturaleza que solo responden a demandas de sectores económicos minoritarios.
Por otro lado, WWF, SEO/BirdLife, Greenpeace, Ecologistas en Acción y Amigos de la Tierra consideran positivos los compromisos de lograr la declaración de 53 reservas naturales fluviales y el desarrollo de una estrategia de protección y gestión de las reservas naturales fluviales. También destacan la propuesta de acometer la elaboración de una Ley de Cambio Climático y transición energética de forma consensuada, una carencia largamente reivindicada por las organizaciones ambientales.

miércoles, 21 de diciembre de 2016

Para IU la sentencia europea sobre las cláusulas suelo es “una enmienda a la totalidad a la ‘cultura del pelotazo’ y a la burbuja inmobiliaria” amparadas por el PP

Carlos Sánchez Mato y Marina Albiol destacan que “lo que ahora toca es que el Gobierno del PP, tan reacio a molestar a los privilegiados, reaccione con celeridad y contribuya a que los bancos cumplan la decisión en la práctica y devuelvan hasta el último euro”
Izquierda Unida considera una “estupenda noticia” la sentencia dada a conocer hoy por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que obliga a las entidades bancarias españolas a devolver de forma retroactiva todo del dinero cobrado de más a los afectados por las cláusulas suelo. Los/as dirigentes federales de IU Carlos Sánchez Mato y Marina Albiol coinciden en que esta es “la mejor noticia que podían recibir las cientos de miles de familias explotadas económicamente por los bancos que salvamos entre todos” ya que, además de sus importantes efectos económicos, supone “una enmienda a la totalidad a la ‘cultura del pelotazo’ y a la burbuja inmobiliaria en la que nos metió el Partido Popular”.
Tanto el responsable federal de Políticas Económicas como la responsable de Relaciones Internacionales de IU destacan la importancia de que el TJUE “dé finalmente la razón a los clientes y la devolución sea retroactiva, desautorizando al Tribunal Supremo español que, aún reconociendo el abuso cometido por los bancos, fijó mayo de 2013 como la fecha de inicio para reclamar el cobro abusivo”.
El Banco de España y distintos informes independientes estiman entre 4.000 y 4.500 millones de euros el impacto que tendrá esta sentencia en las entidades bancarias españolas. En su conjunto habrían percibido esta escandalosa cifra entre noviembre de 2009, cuando bancos y cajas activaron su comercialización, y el 9 de mayo de 2013, fecha sobre la que sentó precedente el Supremo para instar a devolver lo cobrado. El montante total rondaría con los 7.000 millones de euros.
Albiol se muestra especialmente satisfecha de que “una vez más tenga que venir la Justicia europea a decirle al Gobierno de los ricos de Mariano Rajoy que arregle lo que no se ha atrevido a tocar para no molestar a la Banca de nuestro país”.
En la misma línea, su compañero Sánchez Mato apunta que “es lamentable que la jurisprudencia española en este asunto antepusiese también los derechos de la Banca y la supuesta estabilidad bancaria a los derechos de los consumidores engañados con las cláusulas suelo”.
El responsable económico de IU destaca que “esta fundamentada decisión de la justicia europea nos recuerda cómo la gran banca aprovecha su enorme poder para sacar beneficios a toda costa, independientemente de que para ello oculte información o engañe a sus propios clientes”. Ante ello, aguanta que “es imprescindible disponer de mayor regulación, supervisión y control sobre la operativa de las entidades bancarias para evitar abusos flagrantes como este de las cláusulas suelo”.
Marina Albiol se suma a esta valoración práctica e incide en que “lo que ahora toca es que el Gobierno del PP, tan reacio a molestar a los privilegiados, reaccione con celeridad y contribuya a que los bancos acaten la sentencia en la práctica y devuelvan hasta el último euro”.
Recuerda que esta importante decisión del TJUE “habría sido imposible sin el gran trabajo realizado desde Adicae y todas las plataformas, colectivos y organizaciones sociales y organizaciones políticas, como Izquierda Unida, para que de una vez se empiece a hacer justicia con las personas afectadas por las hipotecas”.      
Además, la eurodiputada y responsable de Relaciones Internacionales de IU recuerda que “tras esto, ahora esperamos que la justicia europea reconozca también la estafa sufrida por millones de personas por la manipulación del euribor perpetrada también por los bancos. Se debe permitir que los afectados recuperen en su totalidad el dinero estafado a través de un índice que fue manipulado entre 2004 y 2012, y que se usó como referencia para el 80% de las hipotecas firmadas en esos años”.

lunes, 19 de diciembre de 2016

El PCE de Castilla-La Mancha se concentra ante la CEOE como parte de las acciones planificadas en la campaña “En defensa de un trabajo y una vida digna”

Medio centenar de militantes comunistas han llevado a cabo una concentración simbólica ante las puertas de la CEOE en Toledo, como modo de protesta ante el escenario político y social que favorece una situación de precariedad y, en muchos casos, de emergencia. Precariedad y emergencia que obstaculizan el desarrollo de una vida digna para la mayoría social de nuestro país y, con mayor crudeza, de nuestra región.

“No solo nos roban derechos, libertad o calidad de vida, nos roban nuestra propia dignidad cuando nos hacen trabajar el doble y nos pagan la mitad, cuando el trabajo es cada vez más precario o cuando se privatiza la sanidad o la educación”, ha declarado Jorge Vega, Secretario General del PCE en Castilla-La Mancha.

Y es que, para el PCE es inasumible, y un ataque a la clase obrera, el que el Gobierno de España esté gastando 26.000 millones de euros en rescatar a los bancos, cuando millones de personas sufren el paro, los desahucios o no pueden pagar la luz.

Juan Ramón Crespo, Coordinador de IU CLM, que también milita en el PCE, ha querido estar en esta convocatoria junto a sus camaradas comunistas, y ha dicho: “Mientras la clase trabajadora paga sus impuestos, el Capital se lleva el dinero a paraísos fiscales, abandonando el desarrollo y progreso de nuestro país. Un hecho que ahonda las desigualdades, como que la mujer a igual trabajo reciba un menor salario, o que provoque que nuestra juventud tenga que emigrar buscando trabajo fuera de nuestras fronteras”.

Algunas de las reivindicaciones del PCE están enfocadas a la consecución de un trabajo y un salario digno, así como a la recuperación de los derechos sociales y laborales. Sin olvidar la puesta en marcha de un plan de emergencia social, así como otros que faciliten el retorno de la juventud emigrada o consigan plenos derechos e igualdad para la mujer.

“Todos estos planes y exigencias pasan por la condición que prioriza el pago de la deuda de la banca antes que las necesidades sociales de la gente: de los trabajadores y trabajadoras. Es decir, la eliminación del artículo 135 de la Constitución para que podamos, entre otras cosas, conseguir una sanidad y una educación pública de calidad”, concluía Jorge Vega.

sábado, 17 de diciembre de 2016

La Eurocámara insta a España a investigar y colaborar con los procesos judiciales contra los crímenes del franquismo

El pleno del Parlamento Europeo se ha unido a las recomendaciones emitidas por el Consejo de Europa y las Naciones Unidas para instar al Estado español a que investigue los crímenes cometidos por la dictadura franquista. La eurocámara ha solicitado además a la Comisión Europea que realice una evaluación objetiva de los procesos de la memoria histórica en la Unión y recuerda que incumplir las recomendaciones sobre la materia vulnera principios básicos del Estado de Derecho.

El Parlamento Europeo ha adoptado esta decisión de manera mayoritaria a instancias de un grupo de eurodiputados entre los que se encuentran los vascos Izaskun Bilbao y Josu Juaristi, así como los catalanes Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall, Jordi Sebastià o Ramón Tremosa.

Estos eurodiputados basaron su petición en el artículo 63 del informe realizado por el eurodiputado eslovaco József Nagy sobre el estado de los derechos humanos en la Unión Europea. En concreto, este artículo considera imprescindible que “todos los Estados miembros colaboren con las investigaciones judiciales nacionales o internacionales destinadas a esclarecer responsabilidades en este ámbito y a procurar verdad, justicia y reparación a las víctimas de los crímenes de lesa humanidad cometidos en la Unión por regímenes totalitarios” . Además, este mismo artículo alerta de que “el incumplimiento de las recomendaciones internacionales sobre memoria democrática y de los principios de jurisdicción universal vulnera principios básicos del Estado de Derecho”.
Estos diputados presentaron la iniciativa tras comprobar que, por segunda vez, las autoridades del Estado español se negaban a facilitar las investigaciones judiciales sobre crímenes franquistas que se llevan a caso en la denominada causa argentina que instruye la magistrada María Servini. 

De hecho, el pasado mes de octubre la Fiscalía General del Estado, organismo dependiente del Gobierno español, envió un escrito a los juzgados, “de obligado cumplimiento” según se detallaba, por el que les señala que no deberían colaborar con la investigación que lleva a cabo la magistrada argentina al considerar que los casos estaban acogidos a la Ley de Amnistía de 1977 y estaban prescritos. Así, en Euskadi se da ahora la circunstancia de que dos jueces han aceptado el exhorto enviado por Servini y tomarán declaración a dos víctimas de la represión franquista, un juez de Gernika y otro de Bilbao; mientras que otros dos magistrados, de Eibar y de Bilbao, se han negado a hacerlo.

DIVERSAS ACTIVIDADES

A lo largo de los últimos meses, este grupo de eurodiputados del Parlamento Europeo ha efectuado diversas actividades en la eurocámara para propiciar un cambio de actitud de las autoridades europeas con respecto a la impunidad que gozan los encausados por los crímenes franquistas. Así, realizaron un homenaje a los últimos fusilados de la dictadura franquista -tres militantes del FRAP y los vascos Angel Otaegi y Jon Paredes Txiki- , o unas jornadas sobre los sucesos del 3 de marzo de 1976 en Gasteiz, cuando fueron asesinados cinco obreros por disparos de la Policía. De estas jornadas salió el compromiso del Ayuntamiento gasteiztarra de convertirse en parte actora de las querellas presentadas por estos hechos. Asimismo, este grupo tiene en preparación unas jornadas sobre ciudades comprometidas con la memoria.

La eurodiputada del PNV y vicepresidenta del grupo ALDE (Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa ) en la eurocámara, Izaskun Bilbao, mostró ayer su satisfacción por la decisión adoptada por el pleno del Parlamento Europeo, algo que consideró como “un paso trascendental”. Bilbao, además, se felicitó por el trabajo realizado por el eurodiputado democristano Jòzsef Nagy, autor del informe sobre la situación de los derechos humanos en la Unión Europea. La eurodiputada jeltzale agradecía asimismo las alusiones que aparecen en el informe a la memoria histórica, al respeto a la diversidad cultural o al incumplimiento de decisiones marco que son clave para las víctimas o para la política penal de la Unión Europea. “Espero ahora que los aludidos se apliquen para aparecer con mejores calificaciones en el próximo informe”, apuntó la vicepresidenta del grupo ALDE en el Parlamento Europeo.

Noticias de Alava

jueves, 15 de diciembre de 2016

¡Victoria en Dakota!

¡Hemos conseguido parar el oleoducto! La administración Obama (que aún está en el poder) y el Cuerpo de Ingenieros de la Armada han negado oficialmente los permisos de servidumbre para cruzar las zonas sagradas para los Sioux en Dakota. Es una importante victoria que ha sido posible gracias a vuestro apoyo y a la presión sobre los financiadores del proyecto, y a la valentía y dedicación de los ‘Defensores del Agua’ de la comunidad indígena de Standing Rock.

Han sido varios meses de lucha y protesta, resistiendo en el campamento de Standing Rock pese a los ataques y la violencia de la policía y la seguridad privada. Los ‘Defensores del Agua’ se han enfrentado a perros de ataque, sprays de pimienta, pelotas de goma y cañones de agua, pero finalmente han logrado paralizar el proyecto que amenazaba con contaminar sus tierras.

Tras la presión, se han negado oficialmente los permisos para cruzar la zona del Lago Oahe. Y ahora se realizará un estudio real de impacto ambiental, que faltaba en el proyecto original, para examinar posibles rutas alternativas. Queda mucha lucha por delante, pero esta victoria muestra que, cuando nos unimos, podemos cambiar lo que parecía ya una derrota. Greenpeace agradece a las más de 300 comunidades indígenas, aliados y veteranos de Standing Rock por ponerse en pie con todos nosotros y mostrarnos el camino a seguir.

La victoria de los ‘Defensores del Agua’ en Dakota resuena en todo el mundo, pero especialmente en España, donde otro entorno natural, el del Parque Nacional de Doñana, también está en peligro por los intereses de un proyecto energético basado en combustibles fósiles. Activistas de varias organizaciones están luchando también en Huelva para paralizar el proyecto que convertirá Doñana en un almacén de gas, y la semana pasada Greenpeace consiguió bloquear las obras durante más de dos días. Con tu ayuda haremos también posible que esta reserva de la biosfera quede libre de la ingerencia de Gas Natural Fenosa.

¡No queremos un oleoducto en Dakota ni un gasoducto en Doñana! 

GREENPEACE

viernes, 9 de diciembre de 2016

Recortar 5 mil millones, cumplir el déficit... tirarse a un pozo

Mi abuela, que era tan sabia como todas las abuelas, solía reprendernos cuando llegábamos con alguna rodilla desollada, la ropa hecha girones y otras muchas pruebas de haber cometido alguna imprudencia jugando en grupo con casi catastróficos resultados, con la frase: y si vuestros amigos se tiran a un pozo, ¿os vais a tirar vosotras también?

Es indudable lo mucho que nos marca la infancia, y a veces, llegadas a la edad adulta frases como esta resuenan en nuestra mente de forma inesperada. A mí, no para de pasarme exactamente eso estos últimos días, precisamente ahora que una vez “desbloqueada” –como se obstinan en decir algunos- la situación política, vuelve a estar encima de la mesa precisamente eso, la política. Y más concretamente la política económica del Partido Popular.

Ese gobierno que no ha cumplido ni una vez sus tan cacareados y sacrosantos compromisos con Bruselas, pero con quienes parece ser que en Bruselas están encantados porque genera “confianza” ¿acaso no es eso un poco contradictorio?

Ese mismo gobierno que aunque ha superado durante toda la anterior legislatura el déficit y ha llevado la deuda pública al record histórico en términos absolutos de 1,102 billones de euros presume de buen gestor, y que con ese currículo tiene la desfachatez de amenazar a un concejal de economía y hacienda por, básicamente, reducir 1.074 millones la deuda de Madrid mientras aumenta el gasto social un 26,8%.

Y ahí es donde va quedando claro que la cuestión no es reducir la deuda, el objetivo no es corregir el déficit. Ni para Bruselas, ni para el gobierno del PP. No es el techo de gasto. Y que nadie los toque, y que nadie demuestre lo contrario a lo que los voceros del sistema nos repiten como un mantra a través de los medios de comunicación, las instituciones y cualquier medio a su alcance, eso sí es un objetivo. No se vaya a dar cuenta alguien que las políticas neoliberales además de injustas en lo social, son ineficientes en lo económico.

¿Alguna vez alguien se ha molestado en explicar cuál es el fundamento teórico o empírico de ese 60% del PIB, o de ese 3%, fijados para la deuda o el déficit? Busquen si tienen espíritu aventurero, pero ya les digo yo que no van a encontrar una respuesta, y menos una explicación coherente. No la hay. Lo que sí hay son innumerables directrices para recortar servicios públicos, prestaciones sociales, aumentar impuestos indirectos regresivos, ejecutar privatizaciones de bienes y servicios públicos y todas esas cosas mal llamadas políticas de “austeridad”. Esas políticas que impuestas a los países del sur de Europa con especial violencia por aquello que llamábamos Troika no han parado de destrozar las esperanzas y condiciones de vida de la clase trabajadora, todas ellas justificadas como únicas recetas posibles para corregir esos desajustes. Aplicadas con esmero y dedicación acríticas en el estado español. Y que tras dos años de letargo o calma chicha, esperando no perjudicar la reelección del gobierno del Partido Popular, ahora van a volver a salir del armario para dar una vuelta de tuerca más sobre nuestras vidas.

Y además no solamente nosotras sabemos que todas esas reformas exigidas con esa excusa han tenido consecuencias irreparables y no han cumplido ninguno de los objetivos que presuntamente tenían. En 2013 el entonces economista jefe del FMI, Olivier Blanchard, reconoció en un informe titulado ‘Growth Forecast Errors and Fiscal Multipliers’ que llevaban 30 años calculando inadecuadamente el impacto de estas políticas, que en vez de mitigar crisis económicas lo que habían estado es agudizándolas. Es demencial pero aún se puede descargar ese informe desde la página web del FMI. Y más demencial aún es que tras ese (y podríamos hablar también de otros errores garrafales reconocidos sobre, por ejemplo el crecimiento económico y el porcentaje de deuda como los del informe Rogoff y Reinhart) reconocimiento y esa publicación nada cambiara. Es obvio que con estas políticas lo único que se consigue es poner un parche al capitalismo para sostener temporalmente la tasa de ganancia del gran capital empobreciendo a las clases populares, y que ese es, por otra parte, su único objetivo.

No estoy defendiendo ni mucho menos que sea bueno tener un déficit elevado, como no lo es el actual nivel de deuda, pero como evidentemente tampoco lo es para mí el sistema económico en el que estamos insertos. A lo que quiero llegar es a que si bien es difícil convencer a una gran mayoría social para que mañana mismo comprendan las contradicciones del sistema y sean anticapitalistas, con los datos que poseemos quizá podamos hacerles ver que, como diría mi abuela, porque todos los demás lo hagan, no tiene ningún sentido tirarse a un pozo. Y eso es exactamente lo que vuelve ahora.

SOL SANCHEZ

domingo, 4 de diciembre de 2016

Por la ruptura democrática, un Proceso Constituyente hacia 
la III República

Manifestación 6 de diciembre 12:00h. Cibeles-Sol

38 años después de la proclamación de La Constitución de 1978, podemos constatar que ha sido incapaz de ofrecer una solución a los graves problemas que existen en España. Paro, deterioro irrefrenable de derechos como la educación pública y la sanidad universal, mordaza a las libertades, corrupción, desconfianza ciudadana en las instituciones, desigualdad de género y terrorismo machista. Estos son tan solo algunos de los problemas que la ciudadanía sufrimos y soportamos cada día con más crudeza.

El modelo de Estado y de Gobierno surgido de la llamada Transición está roto: la Constitución de 1978 declara derechos que nadie garantiza (vivienda y trabajo dignos, servicios público de calidad y de acceso universal, redistribución de la riqueza nacional, etc.), y en tiempos difíciles como los actuales hace recaer todo el peso sobre las familias trabajadoras, liquidando la democracia formal en favor (y por manos) de la dictadura de los mercados.

La crisis económica global en la que estamos envueltos nos va hecho ver con más claridad que no hay tanta libertad, ni tanta vivienda, ni tantos derechos como la Constitución proclama por ello, sólo desde una ruptura con el sistema actual puede haber una salida real, una salida social a la crisis que dé respuesta a las necesidades de los millones de personas que sufren directamente sus consecuencias.

Una ruptura hecha también desde el feminismo, como garantía de emancipación de tod@s, desde luego de las mujeres, como contrapoder y empoderamiento en la sociedad patriarcal y capitalista, se conseguirá una República en la que, sin ciudadanas de segunda, las mujeres vuelvan a jugar el papel que les corresponde sin que la historia las silencie.
Por ello desde el PCE planteamos la necesidad de conseguir una respuesta desde la máxima unidad de las fuerzas sociales, políticas, sindicales y ciudadanas que planteamos la necesidad de superar el agotado y carcomido régimen del 78, como paso imprescindible para construir un nuevo modelo de Estado y de sociedad, más justo, igualitario, democrático y social. Lo que ofrecemos es responder a ese proceso de regresión social con una alternativa constituyente republicana, no nos vale con reformas parciales, de maquillaje y cosmética de la Carta Magna sino que hace falta escribir un nuevo texto a partir de un proceso constituyente participativo de abajo a arriba.

El PCE apuesta por una República federal, laica, feminista, participativa y solidaria, con claro componente social y con respeto a la identidad de los pueblos y su derecho a decidir.

Por ello, el Partido Comunista de España llama a todos/as sus militantes y a todas su organizaciones a estar presente en las movilizaciones que se han convocado en torno al 6 de Diciembre y en Madrid a la Manifestación que tendrá lugar a las 12:00 horas desde Cibeles a Sol. Además el PCE llama a todos y todas sus militantes del conjunto del el Estado a ir preparando con otras fuerzas sociales y políticas las manifestaciones y actos republicanos a celebrar en el mes de abril y a seguir impulsando la JER como movimiento unitario a favor de la República.

En este debate situamos nuestra apuesta Republicana que debe ser definida en positivo y en la perspectiva de construir un movimiento republicano amplio que nos permita integrar en la lucha por la IIIª República a amplios sectores de la población, fundamentalmente a los trabajadores y trabajadoras.