jueves, 19 de mayo de 2016

La Comisión Europea propone reautorizar el glisofato

El futuro del glifosato en la UE se decidirá el próximo 18 de mayo.

El glifosato fue clasificado por la OMS como “probablemente cancerígeno para los seres humanos”.

Más de 150 entidades de distintos ámbitos apoyan una carta abierta que solicita al Gobierno que se oponga a la reautorización del glifosato.

300.000 españoles y españolas han firmado peticiones para que se prohíba este herbicida.

La nueva propuesta de la Comisión Europea enviada la semana pasada a los estados miembros incluye considerables mejoras respecto a la propuesta inicial presentada en marzo, pero sigue sin ser suficiente para proteger la salud de las personas y el medio ambiente. El glifosato fue clasificado por la OMS como “probablemente cancerígeno para los seres humanos”, y se ha concluido que existe evidencia suficiente de que es cancerígeno en animales de laboratorio.
La actual propuesta, que será debatida y votada el próximo miércoles día 18 en el Comité Permanente de Plantas, Animales, Alimentos y Piensos, reconoce la gran preocupación que este tema ha generado en el público, pero propone que se renueve la autorización del glifosato hasta el 30 de junio de 2025 (9 años), al contrario de los 15 propuestos inicialmente, y no incluye ninguna restricción obligatoria en la línea de lo recomendado, por ejemplo, por el Parlamento Europeo (permitir exclusivamente el uso profesional, no permitir el uso en parques, zonas de juego y jardines ni el uso como desecante antes de la cosecha).
La propuesta condiciona la autorización del glifosato a la evaluación de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) que debe estar completada para finales de 2017, por lo que sorprende que se proponga reautorizar por nueve años . Además, obliga a los solicitantes a presentar “datos confirmatorios” sobre el potencial del glifosato como disruptor endocrino hasta el 1 de agosto (después de caducar la autorización) y a que se excluya el adyuvante taloamina. La propuesta también reconoce que el glifosato afecta al medio ambiente, que se debe reducir o prohibir el uso de plaguicidas en parques públicos o jardines, áreas de recreo y deportes, zonas escolares y de juegos infantiles y en las inmediaciones de los centros de salud. La actual propuesta de la Comisión Europea recoge también que en la agricultura se debe aplicar la gestión integrada de plagas, así como otras alternativas, de cara a reducir la dependencia de los plaguicidas, pero deja en las manos de los estados miembros la aplicación de medidas y restricciones para alcanzar estos objetivos.
Esta nueva propuesta cuenta con el apoyo del Gobierno español, tal como se manifestó en una reunión que tuvo lugar el jueves pasado entre el Director General de Sanidad de la Producción Agraria y diversas organizaciones sociales, como Ecologistas en Acción, Greenpeace, Comisiones Obreras, la Asociación Española de Educación Ambiental y la Fundación Alborada, en representación también de SESPAS, Fodesam y la Fundación Vivo Sano. Estas organizaciones, con el respaldo de más de 300.000 personas y más de 150 entidades de diversos ámbitos que han apoyado un carta abierta dirigida a la Ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, y al Ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso Aranegui, han insistido al Director General, cuya Dirección General representa a España en el Comité Permanente, sobre la importancia de que España se oponga a la reautorización del glifosato, en tanto se aclara la controversia científica existente y se decide su clasificación armonizada en la UE.
La Comisión Europea basa su propuesta de reautorización en un informe de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) y del Instituto Federal de Evaluación de Riesgos de Alemania (BfR), quienes han evaluado el dossier presentado por la industria, que concluía que el glifosato no ocasiona ningún riesgo para la salud humana. Este informe ha sido altamente criticado por la comunidad científica.
El Reglamento (CE) Nº 1107/2009 sobre la comercialización de plaguicidas dice claramente en su Considerando 8, que la industria debe demostrar “que las sustancias o productos producidos o comercializados no tienen efectos nocivos en la salud humana o animal ni efectos inaceptables en el medio ambiente” y establece que la sustancia activa de los plaguicidas solo debe ser autorizada si “no está o no va a estar clasificada como carcinógena”. Como esta clasificación depende de las conclusiones de la ECHA a finales de 2017, lo pertinente es aplicar el principio de precaución y no reautorizar el glifosato.
El mismo Reglamento dice: “En particular, al conceder autorizaciones de productos fitosanitarios, el objetivo de proteger la salud humana y animal y el medio ambiente debe primar sobre el objetivo de mejorar la producción vegetal”. Ante esto, aplicando el principio de precaución y sabiendo que existen alternativas respetuosas con la salud y el medio ambiente, consideramos que el Gobierno español debe votar en contra de la reautorización del glifosato el próximo 18 de mayo.
 ECOLOGISTAS EN ACCION

jueves, 12 de mayo de 2016

LA PIQUETA ENTRA EN EL VALLE  DE LOS CAIDOS

Una resolución judicial firme reconoce los fusilamientos del franquismo y autoriza la extracción de los restos de dos republicanos asesinados.

Por primera vez una resolución judicial firme reconoce los fusilamientos del franquismo y autoriza la extracción de los restos de dos republicanos asesinados y enterrados en la cripta de la basílica
La historia de la Abadía del Valle de los Caídos ha cambiado por un auto judicial contra el que ya no cabe recurso. El juzgado de primera instancia de San Lorenzo de El Escorial ha reconocido el derecho de los familiares de dos víctimas de la dictadura a extraer sus restos que yacen en un columbario de la cripta principal.
En su auto, el juez José Manuel Delgado fija que esas dos víctimas del golpe de estado del 18 de julio fueron fusiladas extrajudicialmente -no existe sentencia de muerte ni proceso en ningún lado- e inhumadas en una fosa común de la localidad aragonesa de Calatayud.
Esos dos cadáveres, los hermanos Lapeña Altabás, fueron trasladados también ilegalmente desde ese municipio hasta el templo de Cuelgamuros por orden del régimen de Franco en la década de los 50 del siglo XX. La dictadura apuntaba y archivaba todo.
Las familias de los represaliados transmitían a sus hijos y nietos el lugar, la hora y los nombres de los asesinados. Y esos archivos junto al secreto familiar han llevado al hallazgo del lugar exacto donde reposan los restos de estos dos hermanos.
Se trata del columbario que permanece cerrado bajo llave situado en la zona noroeste de la capilla central del templo. Allí junto a otros 80 cuerpos se hallan los restos de Antonio y Manuel Altabás.
El juez fija también que, después de la verificación forense de las identidades, el registro civil modifique las causas del fallecimiento para que “se restablezca la dignidad, reputación y los derechos de la víctima”.
Ahora Patrimonio Nacional, organismo del que depende el Valle de los Caídos, deberá facilitar a los forenses la apertura de ese columbario así como los análisis que sea necesario realizar.
Por primera vez en la historia de España, de las 33.000 víctimas que hay enterradas en ese templo benedictino, se van a conocer dos nuevas identidades, las de estos hermanos. Ya hay más nombres de fallecidos que los de Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera.
FEDERACION ESTATAL DE FOROS POR LA MEMORIA

lunes, 9 de mayo de 2016

Las Marchas de la Dignidad llaman a la movilización el 28 de mayo en favor de la mayoría social

Es necesaria la movilización como elemento de transformación y en defensa de los intereses de la mayoría social y las clases populares.

La Coordinadora Estatal de las Marchas de la Dignidad, reunida en Zaragoza el día 2 de abril, ratificó el acuerdo de enero de volver a movilizar a la sociedad el día 28 de mayo, una acción descentralizada en todos los territorios y naciones del Estado en defensa de políticas en favor de la mayoría social y las clases populares y contra los recortes y la represión, camino de una gran movilización centralizada en Madrid durante este otoño.

Al tomar este acuerdo, desde las Marchas son conscientes del momento político que vive el país. El día 28 de mayo puede haber un gobierno que por la aritmética parlamentaria es imposible que asuma las reivindicaciones prioritarias y fundamentales de las Marchas, aunque se es consciente que esta aritmética permite algunas acciones que requieren de una mayoría parlamentaria. En este supuesto se sitúan la ley mordaza, la ley Wert, las reformas laborales. O también podría ser que nos encontremos ante la convocatoria de elecciones, y en ese caso se pondría encima de la mesa el programa de las marchas. En ambos supuestos se considera necesaria la movilización como elemento de transformación y en defensa de los intereses de la mayoría social y las clases populares.

Volver a las calles el 28 de mayo contra las agresiones a las clases populares

En una reunión, no exenta de debate en torno a la convocatoria coincidente del llamado plan B, se ratificó volver a las calles el 28 de mayo, con una movilización descentralizada en todos y cada uno de los territorios y naciones del Estado, para lo que se planteó la necesidad de una campaña de concienciación social previa en el marco de las propuestas identificativas de las marchas como pan, trabajo, techo y dignidad. Contra las políticas de recortes impuestas por las instituciones europeas y el FMI, no pagar la deuda y contra el recortes de libertades y la represión. Además, la asamblea aprobó una resolución de apoyo y solidaridad con Andrés Bódalo y de todas y todos los represaliados sociales y sindicales encausados y encarcelados por luchar en defensa de los intereses de la clase trabajadora.

En esta línea, se planteó volver al espíritu de las primeras marchas con movilizaciones amplias y contundentes, con la suma de colectivos y empresas en lucha, organizaciones que se movilizan en defensa de los derechos y libertades sociales y que sus reivindicaciones se realizan en torno al manifiesto y programa de las marchas, con la actualización necesaria y la elaboración de un llamamiento a la movilización en el que se aborde la actual situación política.

Las organizaciones que componen las Marchas de la Dignidad abordaron las cuestiones y temáticas de actualidad que se ciernen sobre la sociedad española como son los futuros recortes de la UE al Estado español, el acuerdo del TTIP y los tratados internacionales contra las clases populares, la violencia de género y la trata de personas, la amnistía social y la derogación de la Ley Mordaza, el cumplimiento de los derechos humamos y contra el acuerdo de la vergüenza UE-Turquía, el incremento del fascismo en Europa e incorporar reivindicaciones concretas que conecten con las problemáticas juveniles-estudiantiles, derogación Ley Wert y empleo, entre otras cuestiones. Todo ello en el marco de un proceso de ruptura democrática y el proceso constituyente.

La importancia de las Marchas en la actual coyuntura política

El análisis de la situación actual de próximos recortes, recrudecimiento de la represión, vulneración de los derechos humamos y el aumento del fascismo en Europa con la excusa de la lucha contra el terrorismo, la corrupción que afecta a amplios espacios políticos, empresariales e institucionales, el aumento de la pobreza y la precariedad laboral y social y el espejismo, para la mayoría social, de la recuperación se manifestó en la importancia que en la actual coyuntura tienen las Marchas de la Dignidad, cuestión avalada por todas las organizaciones presentes en la reunión de la coordinadora.

En este sentido, recuperar el espíritu de las primeras marchas es importante para construir poder popular y movilizaciones contundentes en el camino de la transformación del sistema en otro favorable a los intereses de las clases populares y la mayoría social. La unión de los colectivos sociales, sindicales y políticos en un manifiesto unitario, a la vez que la referencia en el trabajo organizativo también en los acuerdos unitarios de la Coordinadora Estatal, y que los territorios y organizaciones tienen autonomía de aplicación -desde el respeto a los mismos- en sus respectivos ámbitos. Con un mensaje y un discurso que llegue a las clases populares y que consiga la implicación en la lucha de los y las afectadas por las políticas neoliberales de la troika.

En el marco del debate de cómo afrontar la coincidencia con la fecha con otras convocatorias y de las posiciones que éstas aportan a la movilización, se planteó como una cuestión a tener en cuenta la independencia de las marchas al respecto de las mismas, a la vez abordarlo también en este aspecto desde el carácter organizativo de la movilización en el marco de las confluencias. Las Marchas tienen “músculo suficiente” para abordar la movilización desde los objetivos de ruptura sin cerrarnos ni temer que se puedan sumar otros movimientos a nuestra convocatoria, desde la asunción del manifiesto de las marchas.

MUNDO OBRERO

sábado, 7 de mayo de 2016

Varapalo del Supremo a la reforma de la Ley de Justicia Universal por recortar los derechos de las víctimas españolas

Unos 6.000 españoles fueron liquidados por los nazis en los campos de concentración.
Para el Alto Tribunal, es casi imposible para los afectados lograr un proceso tras la reforma de la ley por parte del gobierno de Mariano Rajoy
El auto judicial llega desde el procedimiento abierto en la Audiencia Nacional contra varios exagentes de las SS por genocidio a víctimas españolas en tres campos de concentración nazi. Tan solo en el campo austriaco de Mauthausen fueron torturados y asesinados 4.000 republicanos apresados por los nacionalsocialistas en su conquista de Europa.
La resolución de la Sala de Lo Penal incide en que “la nueva regulación del principio de justicia universal con respecto a los delitos de genocidio, lesa humanidad y crímenes de guerra ha procedido a una restricción tan sustancial del derecho de los ciudadanos españoles víctimas de tales delitos en el extranjero, que excluye de forma extrema su acceso a la jurisdicción para defender sus derechos dentro del territorio español, dadas las escasísimas posibilidades de que uno de los presuntos autores resida habitualmente en España”.
El auto, del que ha sido ponente el magistrado Alberto Jorge Barreiro, califica como “la gran contradicción sustancial de la reforma”, “el hecho de que mientras que los delitos más graves del Derecho Penal Internacional (lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra) son desplazados fuera de la competencia de la jurisdicción española, excepto para los supuestos de rarísimas excepciones anteriormente expuestas; en cambio, sí cabría encuadrar en el ámbito de nuestra jurisdicción los delitos de segundo grado del Derecho Penal Internacional.
El auto señala una grave contradicción para los españoles víctimas de este tipo de delitos que son imprescriptibles. Por eso el magistrado incide en que “el criterio de la nacionalidad española de la víctima (principio de personalidad pasiva), que ha quedado excluido para los delitos más graves o de primer grado, sí se admite como vínculo para la aplicación de la jurisdicción española para algunos de los graves delitos del segundo nivel: contra la integridad moral, desaparición forzada, trata de seres humanos, terrorismo, contra la libertad e indemnidad sexual, falsificación de productos médicos y delitos que supongan una amenaza para la salud pública. Ahora bien, se exige a mayores que el imputado se encuentre en territorio español, requisito que solo se excluye en los cuatro últimos delitos que se acaban de citar”.
Para el Supremo, no puede extrañar que incluso el propio Ministerio Fiscal, al formular alegaciones sobre la procedencia del sobreseimiento, sugiriese la valoración por la Audiencia Nacional de la posibilidad de plantear cuestión de inconstitucionalidad respecto a la ley de Justicia
 ALFONSO OJEA MADRID

martes, 3 de mayo de 2016

IU exige la “paralización inmediata” de la negociación del TTIP y la comparecencia de Malmström y Bercero

La portavoz de Izquierda Unida en el Parlamento Europeo, Marina Albiol, sostiene que la Comisión Europea debe “paralizar de inmediato” las negociaciones del Tratado Transatlántico para el Comercio y la Inversión (TTIP) entre la Unión Europea y Estados Unidos tras la publicación este lunes de los TTIPLeaks y exige la comparecencia de la comisaria de Comercio, Cecilia Malmström, y del jefe negociador de la UE, Ignacio García Bercero, en el próximo pleno. “Los documentos filtrados son la confirmación por escrito de las cosas que venimos denunciando desde hace dos años. El TTIP es un asalto a nuestra democracia y tanto Malmström como García Bercero tienen la obligación de explicar todas sus mentiras”, ha dicho.
Malmström, en una entrada en su blog, ha tratado de restarle importancia a las filtraciones asegurando que lo publicado es una posición de máximos por parte de EEUU y que la UE no va a permitir que se rebajen los estándares comunitarios. En la misma línea, García Bercero ha afirmado que los documentos son sólo propuestas. Albiol ha rechazado estas explicaciones porque “no son creíbles” ya que ambos “se han empeñado en desmentir, por ejemplo, que las denominaciones de origen no se verían amenazadas, y ahora leemos todas las restricciones que quiere poner EEUU”.
“En una negociación de este calado –ha añadido-, poco importa que la de EEUU sea una posición de máximos, porque no tenemos ninguna duda de que la UE se plegará y acabará cediendo”. En cualquier caso, ha añadido, “no es una cuestión de si una negociación es mejor o peor”, sino de que “nos enfrentamos a un tratado de libre comercio que rechazamos de pleno porque su único objetivo es poner los intereses de las grandes empresas a ambos lados del Atlántico, poniendo sus cuentas de resultados por encima de nuestros derechos”.
La eurodiputada cree que “lo razonable y democrático” es que la Comisión Europea “paralice de inmediato las negociaciones” y que dé explicaciones al Parlamento. “Ha llegado el momento de que Malmström y García Bercero pongan las cartas encima de la mesa y respondan a nuestras preguntas. Este tratado no puede seguir adelante”, ha dicho.
Albiol se ha felicitado porque la presión sobre el TTIP está aumentando y ha llamado a “seguir organizándose y movilizándose”, a “seguir diciendo bien alto que no queremos este tratado” y “aumentar la presión para que a la Comisión Europea no le quede más remedio que dar marcha atrás y enterrar de una vez por todas el TTIP”.

lunes, 2 de mayo de 2016

Carne hormonada, fracking y transgénicos: llega el TTIP

Muy poca gente conoce qué se esconde tras esas siglas. TTIP. No suena tan mal. Extraño, quizás. Lo mismo que su hermano menor, el CETA. Si explicamos que son tratados de comercio con EEUU y Canadá, tampoco parece algo negativo. Pero basta rascar un poco para darse cuenta del calado de lo que se esconde tras esas siglas.
Argumentan que estos tratados eliminarán “barreras al comercio” y ayudarán a la “armonización regulatoria”. De nuevo, frases que a priori podrían sonar bien. En la práctica, esta armonía va a caer toda del mismo lado y va a suponer una enorme transferencia de poder desde la ciudadanía hacia las grandes empresas, amenazando muchos de los principales avances logrados estos años en materia de medio ambiente y derechos de los consumidores. Por ejemplo, el TTIP puede abrir de par en par las puertas a transgénicos o fracking, contra los que llevamos años luchando.
El TTIP contempla la creación de un tribunal para que las compañías puedan demandar a los gobiernos si consideran que sus inversiones se ven perjudicadas por la legislación de cada país. Y la "armonización" (a la baja) de los criterios sobre salud y medio ambiente de productos y servicios nos dejará más desprotegidos como ciudadanos y consumidores frente a las grandes empresas. Esto ya suena peor, ¿no?
Pese a lo desconocido del tratado, las negociaciones sobre el TTIP comenzaron en 2013 y hasta la fecha se han celebrado 13 rondas negociadoras entre las delegaciones de la UE y EEUU pero el texto de las negociaciones sigue siendo secreto.
La visita a Hannover del Presidente Obama este pasado fin de semana ha tratado de dar un impulso a este acuerdo, en vísperas del comienzo de la próxima ronda de negociaciones entre ambas delegaciones que están teniendo lugar esta semana en Nueva York. La visita tuvo la réplica en forma de numerosas protestas. Más de 50.000 personas se echaron a la calle para protestar y mostrar su oposición al tratado yactivistas de Greenpeace descolgaron una pancarta en la que junto al rostro de Obama se podía leer: Yes, we can stop TTIP (Sí, podemos parar el TTIP).
Porque cada vez más ciudadanos tienen claro que el TTIP les va a afectar y mucho. Y cuanto más se conoce, más crece la oposición a esta negociación secreta y que va a condicionar el futuro de millones de ciudadanos. Desde Greenpeace vamos a seguir diciendo NO al TTIP. Y NO al CETA. Porque no queremos renunciar a nuestros derechos como ciudadanos y consumidores, ni tampoco al medio ambiente. Ayúdanos a parar estos tratados que amenazan el medio ambiente y nuestros derechos como ciudadanos.

GREENPEACE