Estimados ciudadanos, estimadas ciudadanas:
En el periodo comprendido entre 1931 y 1982 desde el inicio de la II República hasta la lucha por el autogobierno en Andalucía, en este periodo la construcción de una memoria colectiva democrática que sustituya a los mitos desmovilizadores heredados del tardo franquismo y aún presentes en la memoria colectiva de millones de ciudadanos es una necesidad. Ha sido uno de los retos básicos que tenemos que enfocar junto al requerimiento a los jueces y la exhumación de los grandes fosas que evidencian el genocidio franquista. No es fácil luchar contra todo un sistema educativo, político y mediático (apoyado por igual por PP y PSOE durante décadas) que siguen falseando con la equidistancia del franquismo.
Se trata de generar una ruptura del discurso de la memoria defendido por el bipartidismo del régimen del 78.
No debe recaer en los familiares la búsqueda de sus seres queridos desaparecidos. Es una obligación del estado actuar de oficio. Las administraciones públicas tienen la obligación de cooperar con los particulares y facilitar las actividades de indagación, localización e identificación de las personas desaparecidas.
La privatización de las exhumaciones en las fosas comunes también intenta la indiferencia de las instituciones del estado, incluyendo las autoridades judiciales, éstas no se personan cuando se denuncia el descubrimiento de una fosa y no existe registro oficial de las exhumaciones.
Este modelo y esta forma de entender la memoria basada en la privatización del deber público de la respuesta a los derechos de las víctimas es lo que contempla la descafeinada ley de Zapatero.
La memoria democrática por la que luchamos desde una política de alianzas con un amplio movimiento memorialista debe ayudar a construir y socializar un relato veraz y al mismo tiempo comprometido con los valores democráticos que llegue al conjunto de la ciudadanía y no sólo a minorías académicas o militantes.
La Ley de la Memoria histórica de Andalucía contempla ampliando la base jurídica y presupuestaria:
A. Un plan anual de exhumaciones.
B. La posibilidad de expropiar terrenos privados en los que aparezcan fosas comunes.
C. La aplicación de sanciones a ayuntamientos que no retiren símbolos franquicias.
D. La creación de un Instituto Andaluz de Memoria Democrática.
E. La obligatoriedad de introducir en las aulas los contenidos con bases científicas de la memoria.
F. La responsabilidad de que esta ley no esté aprobada es del PSOE.
Hemos de conseguir la aprobación de esta ley y de leyes similares en todas las comunidades autónomas y lo que es más importante su aprobación efectiva para conseguir que ya es hora de castigar la impunidad de los verdugos y el reconocimiento de los derechos de las víctimas del golpe d estado, la guerra civil, la dictadura y la transición no idílica sino sangrienta que vivimos.
No es de recibo que se siga manteniendo en libros de textos y aquí hay competencias de las comunidades autónomas (denominación teórica de la equidistancia que marca con el signo de la culpabilidad por igual a las dos partes enfrentadas), de ahí que sean recomendables propuestas como las unidades para la recuperación de la memoria histórica y completar los libros de texto tradicionales, se trata de recuperar nuestra historia que ha quedado relativamente olvidada o silenciada en el curriculum escolar habitual.
Los lugares de memoria presentan a la víctimas, no como sufridoras pasivas de la brutal dictadura sino como luchadoras antifascistas.
Izquierda Unida elaboró materiales didácticos sobre la República, la Guerra Civil, la dictadura y la transición que se ha transmitido a bibliotecas y profesores.
Es la hora de que los ayuntamientos y las comunidades autónomas impulsen una verdadera política de recuperación de la memoria histórica.
En el periodo comprendido entre 1931 y 1982 desde el inicio de la II República hasta la lucha por el autogobierno en Andalucía, en este periodo la construcción de una memoria colectiva democrática que sustituya a los mitos desmovilizadores heredados del tardo franquismo y aún presentes en la memoria colectiva de millones de ciudadanos es una necesidad. Ha sido uno de los retos básicos que tenemos que enfocar junto al requerimiento a los jueces y la exhumación de los grandes fosas que evidencian el genocidio franquista. No es fácil luchar contra todo un sistema educativo, político y mediático (apoyado por igual por PP y PSOE durante décadas) que siguen falseando con la equidistancia del franquismo.
Se trata de generar una ruptura del discurso de la memoria defendido por el bipartidismo del régimen del 78.
No debe recaer en los familiares la búsqueda de sus seres queridos desaparecidos. Es una obligación del estado actuar de oficio. Las administraciones públicas tienen la obligación de cooperar con los particulares y facilitar las actividades de indagación, localización e identificación de las personas desaparecidas.
La privatización de las exhumaciones en las fosas comunes también intenta la indiferencia de las instituciones del estado, incluyendo las autoridades judiciales, éstas no se personan cuando se denuncia el descubrimiento de una fosa y no existe registro oficial de las exhumaciones.
Este modelo y esta forma de entender la memoria basada en la privatización del deber público de la respuesta a los derechos de las víctimas es lo que contempla la descafeinada ley de Zapatero.
La memoria democrática por la que luchamos desde una política de alianzas con un amplio movimiento memorialista debe ayudar a construir y socializar un relato veraz y al mismo tiempo comprometido con los valores democráticos que llegue al conjunto de la ciudadanía y no sólo a minorías académicas o militantes.
La Ley de la Memoria histórica de Andalucía contempla ampliando la base jurídica y presupuestaria:
A. Un plan anual de exhumaciones.
B. La posibilidad de expropiar terrenos privados en los que aparezcan fosas comunes.
C. La aplicación de sanciones a ayuntamientos que no retiren símbolos franquicias.
D. La creación de un Instituto Andaluz de Memoria Democrática.
E. La obligatoriedad de introducir en las aulas los contenidos con bases científicas de la memoria.
F. La responsabilidad de que esta ley no esté aprobada es del PSOE.
Hemos de conseguir la aprobación de esta ley y de leyes similares en todas las comunidades autónomas y lo que es más importante su aprobación efectiva para conseguir que ya es hora de castigar la impunidad de los verdugos y el reconocimiento de los derechos de las víctimas del golpe d estado, la guerra civil, la dictadura y la transición no idílica sino sangrienta que vivimos.
No es de recibo que se siga manteniendo en libros de textos y aquí hay competencias de las comunidades autónomas (denominación teórica de la equidistancia que marca con el signo de la culpabilidad por igual a las dos partes enfrentadas), de ahí que sean recomendables propuestas como las unidades para la recuperación de la memoria histórica y completar los libros de texto tradicionales, se trata de recuperar nuestra historia que ha quedado relativamente olvidada o silenciada en el curriculum escolar habitual.
Los lugares de memoria presentan a la víctimas, no como sufridoras pasivas de la brutal dictadura sino como luchadoras antifascistas.
Izquierda Unida elaboró materiales didácticos sobre la República, la Guerra Civil, la dictadura y la transición que se ha transmitido a bibliotecas y profesores.
Es la hora de que los ayuntamientos y las comunidades autónomas impulsen una verdadera política de recuperación de la memoria histórica.
