85 ANIVERSARIO II REPUBLICA

sábado, 19 de agosto de 2017

Comunicado del Partido Comunista de España y la Unión de Juventudes Comunistas ante el atentado terrorista en Barcelona

Condenamos la barbarie y el terror, mostramos nuestra solidaridad con las víctimas y el pueblo de Cataluña

Con estupor primero y repulsa después hemos conocido la información de los atentados realizados en los días pasados  en las Ramblas de Barcelona y en el municipio de Cambrils (Tarragona), por el que dos personas mediante un atropello masivo con una furgoneta han provocado al menos 13 muertos y varias decenas de heridos en Barcelona  y varios heridos en Cambrils. 


Desde el PCE y la UJCE condenados el terror y la barbarie de estos actos y repudiamos la violencia en todas sus formas, mostramos nuestras condolencias a los familiares de las víctimas mortales y nuestra solidaridad con las y los heridos esperando su total recuperación, a la vez que mostramos nuestro apoyo al pueblo de Barcelona y de Cataluña en estos difíciles momentos.

jueves, 17 de agosto de 2017

El gobierno resuelve liquidar la huelga de El Prat reforzando el esquirolaje de la guardia civil e imponiendo un laudo obligatorio

El gobierno resolvió ayer en un Consejo de Ministros extraordinario imponer un laudo obligatorio a los trabajadores de Eulen, como en otras ocasiones habían hecho los gobiernos del PSOE o del propio Rajoy (obras de la Villa Olímpica en época de Felipe González, conflicto de los controladores con Zapatero, pilotos de Iberia con Rajoy…).
El gobierno resolvió ayer en un Consejo de Ministros extraordinario imponer un laudo obligatorio a los trabajadores de Eulen, como en otras ocasiones habían hecho los gobiernos del PSOE o del propio Rajoy (obras de la Villa Olímpica en época de Felipe González, conflicto de los controladores con Zapatero, pilotos de Iberia con Rajoy…). Es evidente la intención del gobierno, como lo fue en todos esos casos: servir a sus amos empresariales (AENA y Eulen en este caso) impidiendo el ejercicio de un derecho fundamental, el de huelga, maniatando así a los trabajadores en la que es su principal herramienta para defender sus derechos (en este caso salariales y de condiciones de trabajo) frente a a los empresarios. Unos intereses patronales que también defiende el gobierno de la Generalitat, con ERC al frente de Treball, con la imposición de unos servicios mínimos del 90% (y los llaman ‘mínimos‘!). 

Se trata, además, de buscar un efecto disuasorio: en los trabajadores Eulen pretenden ejemplificar como pueden acabar las luchas de los trabajadores en determinados sectores consideradosestratégicos (en el aeropuerto el argumento principal es la seguridad antiterrorista, además de la protección de un sector ‘estratégico’ como el del turismo), especialmente cuando se anuncia una oleada de huelgas en los aeropuertos españoles (vigilantes, limpieza, personal de AENA…) por parte de trabajadores dispuestos a luchar contra la escandalosa degradación de sus condiciones de trabajo de los últimos años, especialmente en los servicios “externalizados” (privatizados) a contratas con vínculos directos con el gobierno como en el caso de Eulen (“capitalismo de amiguetes”).
Sin duda que la mejor “ley de huelga es la que no existe“, o lo que es lo mismo, la autorregulación por los propios interesados es la única manera de garantizar el derecho real a la huelga: ¿quién mejor que los trabajadores, cuya responsabilidad es tal que con su actividad crean la riqueza y aseguran el bienestar social, además de enriquecer a sus explotadores, para establecer los mínimos necesarios en caso de huelga?.

Es el momento de, frente a la movilización por parte del gobierno de todos los instrumentos en sus manos para derrotar a los trabajadores (leyes, policía, medios de comunicación…), arropar con un potente movimiento de solidaridad una lucha que afecta a un derecho, el de huelga, y a unas reivindicaciones, salario y condiciones laborales dignas, que los son de toda la clase trabajadora.

El Gobierno da 24 horas a Eulen y trabajadores para un árbitro que dicte un laudo de obligado cumplimiento.

El Consejo de Ministros ha acordado hoy establecer un arbitraje obligatorio que ponga fin al conflicto en el Aeropuerto de Barcelona-El Prat y da un “plazo máximo de 24 horas” a Eulen y sus trabajadores para consensuar un árbitro que dicte un laudo de obligado cumplimiento para las partes.
Así lo ha anunciado el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros extraordinario, presidido por Mariano Rajoy, que ha abordado este asunto, tras valorar la situación en el aeropuerto de El Prat ante una huelga de 24 horas indefinida y tras haber fracaso el proceso de mediación.
De la Serna ha explicado que la decisión del arbitraje deberá ser resuelta en el plazo de 10 días desde su designación, plazo que empezará a contar al día siguiente, y ha reiterado que si no hay consenso entre las partes sobre un árbitro, éste será designado a propuesta del Ministerio de Fomento y comunicado a las partes.
El titular de Fomento ha reiterado que esta decisión se ha tomado tras valorar las consecuencias jurídicas de iniciar un arbitraje de obligado cumplimiento, entre ellas la duración de la huelga y la prolongación del conflicto, las posturas irreconciliables de las partes y desde el “más escrupuloso respeto al derecho de huelga”.

El Gobierno ha recurrido en una decena de ocasiones a este arbitraje.
Los empleados de Eulen llevan realizando paros intermitentes desde el pasado 25 de julio. Una huelga que se convirtió en indefinida este lunes, tras rechazar los trabajadores la propuesta mediadora de la Generalitat.
Esta no es la primera ocasión en la que el Gobierno recurre a un laudo arbitral para garantizar la seguridad de un servicio público ante un conflicto laboral. En el conflicto de los controladores aéreos del año 2010, ante las bajas médicas masivas, tras la regulación de la jornada laboral y la privatización de 13 torres de control, la situación derivó en el conocido como ‘plante’ –pues no hubo convocatoria formal de huelga– que acabó desencadenando en el cierre total del espacio aéreo los días 3 y 4 de diciembre de hace casi siete años.
Otros laudos impuestos por los gobiernos del PSOE y del PP
No es la primera vez que el Gobierno recurre a un laudo obligatorio para poner fin a un conflicto. A lo largo de la historia se han aplicado en una decena de casos, como en la huelga de controladores aéreos de 2011 o en la de pilotos de Iberia en 2012. También se recurrió a esta vía en el año 92 con motivo de las obras de la Villa Olímpica de Barcelona.

Para normalizar el servicio de transporte aéreo, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero decretó elestado de alarma por primera vez en la historia del Estado Español y dejó en manos de la autoridad militar la orden de obligar a los controladores a volver a sus puestos de trabajo. El Gobierno designó en enero de 2011 al exministro de Trabajo en el primer gobierno del PP, Manuel Pimentel, como mediador del conflicto de los controladores y dictó un laudo de obligado cumplimiento.

Asimismo, el conflicto del año 2013 entre los pilotos de Iberia y la aerolínea por la creación de la filial de ‘low cost’ Iberia Express también acabó con dos laudos dictados en mayo y diciembre de 2012. El Gobierno de Mariano Rajoy designó como mediador entre las partes al expresidente del Consejo Económico y Social (CES), Jaime Montalvo, que dictó un laudo en mayo de 2012, anulado por la Audiencia Nacional por no haber escuchado a Iberia Express, y otro en diciembre, recurrido por Iberia y su filial. Finalmente, el conflicto se resolvió gracias al acuerdo de productividad alcanzado entre las partes en febrero de 2014, que permitió a la ‘low cost’ aumentar flota, contratar más tripulación y mejorar condiciones laborales. El Tribunal Supremo acabó anulando los dos laudos.

Más recientemente, el Ejecutivo nombró el pasado mes de febrero al presidente del Consejo Económico y Social (CES), Marcos Peña, como mediador en la negociación que patronal y sindicatos de la estiba sobre la reforma del sector. Los sindicatos de estibadores y la patronal del sector Anesco alcanzaron un acuerdo el pasado 29 de junio tras cinco meses de conflicto debido a la liberalización del sector llevada a cabo por el Gobierno a exigencias de la Comisión Europea..



sábado, 12 de agosto de 2017

El PCE considera que tras las amenazas de EE.UU. a Venezuela se esconde la codicia por el control de las inmensas reservas de hidrocarburos y minerales estratégicos

Causa estupor que el Partido Popular califique como dictadura al país de América Latina donde más procesos electorales se han celebrado desde 1998, casi 25, donde la oposición antidemocrática gobierna en alcaldías y en gobiernos regionales.

Tras la celebración de las elecciones a la Asamblea Constituyente, Venezuela continua en el camino de la normalización política y la resolución del conflicto político interno originado por la actitud sediciosa y violenta de un sector de la oposición política incapaz de aceptar las normas de la democracia y del Estado de Derecho.

El aislamiento de la oposición antidemocrática y golpista coincide con el ridículo efectuado por aquellos países – especialmente España, Colombia, México y Perú- que en actitud claramente injerencista y seguidista de los Estados Unidos, han pretendido que la comunidad internacional rechazara el proceso constituyente venezolano realizado conforme a la legalidad interna y la actual Constitución, simplemente porque no les han gustado los resultados de la consulta democrática, porque desprecian la voz del pueblo expresada claramente en las urnas. Tras la declaración publica efectuada por 53 países de todo el mundo apoyando a las instituciones venezolanas, la política injerencista de los gobiernos lacayos de los Estados Unidos, ha quedado en evidencia.

Destacamos en especial la falta de vergüenza política y el ridículo realizado por el gobierno del Partido Popular en España, que ha liderado la ofensiva anti venezolana en Europa cosechando fracaso tras fracaso al negarse la Unión Europea a imponer sanciones económicas al país bolivariano. Causa estupor que el Partido Popular califique como dictadura al país de América Latina donde más procesos electorales se han celebrado desde 1998, casi 25, donde la oposición antidemocrática gobierna en alcaldías y en gobiernos regionales. Un Partido Popular con más de 800 dirigentes procesados por corrupción y que aún no ha sido capaz de condenar la dictadura franquista, pretende dar lecciones de democracia a Venezuela.

El fracaso del intento de aislar políticamente a Venezuela, así como la decisión de una parte de la oposición interna de concurrir a los inminentes procesos electorales municipales y regionales y abandonar las practicas violentas y golpistas, esta provocando desesperación en las cancillerías que organizaron la desestabilización política y económica de Venezuela. Esta desesperación es la causa de las inaceptables amenazas vertidas por el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que dice estar contemplando la “opción militar” respecto a Venezuela. EEUU ha retornado a la política de “patio trasero”, codiciando el control de las inmensas reservas de hidrocarburos y minerales estratégicos existentes en Venezuela, felizmente y por primera vez en la historia del país, bajo control del pueblo venezolano desde el triunfo de la revolución bolivariana.

La defensa de la soberanía política y económica de Venezuela es hoy la causa común de todos los demócratas del mundo. Que países como España o Estados Unidos, permisivos y sumisos con crueles dictaduras y regímenes teocráticos como el de Arabia Saudí, pretenda señalar a Venezuela como país no democrático, evidencian la falta de escrúpulos políticos y éticos que priman en la política internacional del imperialismo y sus adláteres.

Al igual que en 1936 la humanidad clamó en defensa de la república Española, en 1959 en defensa de la revolución cubana, en 1973 en defensa de la democracia chilena o en 1980 en defensa de la democracia sandinista, hoy corresponde que la humanidad ponga en marcha una inmensa campaña de solidaridad con la República Bolivariana de Venezuela, contra la injerencia extranjera y en defensa de su autodeterminación. Que nadie dude que es en Venezuela donde hoy se decide el futuro y el progreso de los pueblos libres del planeta.

sábado, 5 de agosto de 2017

Esta victoria también es tuya: ¡Cierra Garoña!

En Greenpeace llevamos muchos años pidiendo el cierre de Garoña: en 2003 lo pedíamos desde un globo aerostático, en 2004 dieciocho activistas fueron detenidos por una protesta pacífica, en 2008 tuvo lugar la acción más multitudinaria con sesenta activistas y en 2009 fuimos al Ministerio para pedir su cierre. En 2012 sobrevolamos la central y en 2014 comenzamos su “desmantelamiento”. El año pasado, 2016, se lo pedimos al Consejo de Seguridad Nuclear desplegado dos pancartas en su fachada, y por fin lo hemos conseguido. Compartimos contigo esta victoria, porque tú la has hecho posible.
Por fin el ministro de Energía ha anunciado la decisión del Gobierno de denegar la renovación de Garoña, por falta de certidumbre para operar con seguridad, por falta de interés del operador, Iberdrola y Enel-Endesa, y el impacto nulo en el sistema eléctrico, dando paso al desmantelamiento de la central nuclear.
Ahora se abre la puerta hacia el fin de la energía nuclear en España. Garoña cierra porque la ampliación de su vida no es rentable para sus dueños, pero lo celebramos porque cerrar las nucleares es más seguro y rentable que darles más licencias.
Pero las nucleares no acaban cuando cierran. Ahora hay que elaborar un nuevo Plan de Gestión de los Residuos Radiactivos para gestionar lo mejor posible los residuos producidos. Y para seguir avanzando, contamos contigo.
En Greenpeace luchamos para que todas las personas y las futuras generaciones tengan un futuro sin más residuos nucleares, sin más accidentes nucleares y con un modelo energético seguro, limpio y justo.

GREENPEACE

domingo, 30 de julio de 2017


 Según datos facilitados por el Ministerio de Empleo
·         En los primeros cinco meses de 2017, el número de accidentes mortales en el sector agrícola ha subido un 5,1%.
·         En la evolución interanual, mientras que el número de ocupados en la construcción ha aumentado un 4%, el índice de accidentes mortales en el sector ha subido un 33,6%.
·         Los motivos de la muerte de los trabajadores no van directamente relacionados con el uso de maquinaria pesada o peligrosa, sino todo lo contrario.

     Muerte por ola de calor. Esa fue la causa del último fallecimiento de un trabajador en España, en Morón de la Frontera, Sevilla, mientras asfaltaba una calle bajo temperaturas de 40 grados. Fue un caso polémico, pero no es un hecho aislado. Durante los primeros cinco meses de 2017 han fallecido 203 personas en su puesto de trabajo, un 9% más que en el mismo periodo del año anterior, según datos del Ministerio de Empleo.
Estos datos contrastan con la mortalidad de trabajadores in itinere, es decir, en el trayecto de sus hogares al trabajo o viceversa: en el mismo periodo han fallecido 43, un 28,3% menos que en 2016, cuando el dato registró 60 muertes.

El sector agrario, el más trágico
Desde el año 2012, el índice de mortalidad de trabajadores en el sector agrario ha ascendido de manera brutal. Esta cifra, que ya contempla la evolución en el número de trabajadores por sector y actividad, refleja la gravedad del asunto. En aquel año, se situaba en 6 fallecidos por cada 100.000 trabajadores. En 2016, ascendió hasta 10. Y en los primeros cinco meses de 2017, el número de accidentes mortales en este sector ha subido un 5,1%.
Otra de las actividades en las que se observa un repunte en el número de accidentes mortales es la construcción, acompañado de una mayor actividad en este sector. En los últimos tres años ha ascendido un 15% la ocupación en esta actividad a nivel nacional. En la evolución interanual, mientras que el número de ocupados tan solo ha aumentado un 4%, el índice de accidentes mortales en construcción ha subido un 33,6%, según datos del Ministerio de Empleo.
“La evolución de los datos en algunos sectores, como la construcción, indica que un incremento de la actividad en un contexto de deterioro de las condiciones de trabajo y de la prevención está teniendo un alto coste en términos de salud y vida de trabajadoras y trabajadores”, apunta Pedro J. Linares, desde el área de salud laboral de CCOO.

Las máquinas no tienen la culpa
En lo que va de año, han fallecido 203 trabajadores durante su jornada laboral. De ellos, un 29% eran conductores y operarios de maquinaria móvil, un 13% peones de la agricultura, pesca y construcción, y otro 13%, trabajadores de la construcción.
Sin embargo, los motivos de la muerte de estos trabajadores no van directamente relacionados con el uso de maquinaria pesada o peligrosa, sino todo lo contrario. Un 41% de los accidentes laborales se han producido en movimiento del operario: andando, corriendo, subiendo o bajando o incluso realizando algún tipo de movimiento en el mismo punto.
Y la causa de la muerte mayoritaria de todos los trabajadores ha venido sobrevenida por esfuerzo físico o condiciones naturales: infartos, derrames cerebrales y otros motivos similares han sido el desencadenante de la mitad de las muertes de los trabajadores.

Precariedad y deterioro de las condiciones laborales
“La siniestralidad laboral es el peor indicador socioeconómico de España, y si lo unimos al subregistro de enfermedades de origen laboral se dibuja un cuadro de grave deterioro de la prevención en nuestro país”, asegura Linares.

 ANA ISABEL CORDOBÉS. CUARTO PODER

jueves, 27 de julio de 2017

Declaración del PCE sobre el llamado Pacto de Estado contra la violencia machista


GRAN PARTE DE LAS PROPUESTAS QUE HA PRESENTADO EL MOVIMIENTO FEMINISTA HAN SIDO MINIMIZADAS

Si queremos realmente atajar la violencia machista desde la raíz Es fundamental contemplar la generalización de la coeducación a todos los niveles.

La movilización del Movimiento Feminista, la presión social y la vergüenza de comprobar la incapacidad de los poderes públicos A para frenar el aumento de víctimas fruto de la violencia machista ha obligado a los grupos que sostienen al Gobierno del PP a aceptar la creación de una nueva comisión para plantear lo que se ha llamado PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA.

En tal sentido, el PCE planteó desde un primer momento que la violencia machista solo puede ser erradicada si se elimina el carácter patriarcal de un modelo de sociedad que el Partido Popular contribuye a desarrollar con sus políticas económicas y sociales, por lo que denunciamos que no se puede separar el debate del Pacto de Estado contra la violencia machista de los debates presupuestarios y de las políticas laborales que siguen manteniendo una discriminacion de la mujer, por lo que entendemos que con esta iniciativa lo pretende el PP y Ciudadanos es un lavado de cara de grupos políticos que siguen manteniendo a la mujer como ciudadanas de segunda.

Al mismo tiempo contemplamos que gran parte de las propuestas que ha presentado el Movimiento Feminista han sido minimizadas o directamente ignoradas, ya que no incorpora todas la formas de violencia que se ejercen contra la mujer, de forma especial denunciamos que sigue sin contemplarse como violencia machista la que son ejercidas por agresores que no mantienen una relación de pareja con la mujer, lo que viene a poner de manifiesto la visión patriarcal con la que el PP y Ciudadanos entienden las relaciones entre hombre y mujer.

De esta manera es fundamental llamar la atención sobre la necesidad de acciones de que prevengan y detengan la violencia que se ejerce sobre la mujer, no solamente la que se ejerce fisicamente, sino todo tipo de agresiones que sufre la mujer de una sociedad patriarcal, no podemos dejar de señalar que la prostitucion y la trata de mujeres con fines de explotación sexual o los úteros de alquiler son formas de violencia contra la mujer y como tales tienen que esta recogidas en la ley

Si queremos realmente atajar la violencia machista desde la raíz Es fundamental contemplar la generalización de la coeducacion a todos los niveles, una mayor atención y calidad en los servicios públicos, acabar con la discriminacion laboral de la mujer asegurando el trabajo digno a todos los seres humanos independientemente del sexo, contemplando los suficientes recursos económicos para la atención de las víctimas y su corresponden inserción en el mercado laboral.

Por todos estos argumentos, desde el PCE consideramos que el fracaso de la Ley Integral viene determinado por la carencia de una política que no pretenda minimizar la consecuencias sino que vaya directamente a las causas, es decir que plantee un modelo alternativo de sociedad, en la que las relaciones sociales, económicas y humanas sean plenamente igualitarias y libres, despojadas de cualquier estereotipo patriarcal, que busca el sometimiento del a mujer a través de la violencia, y tiene que ser resuelto desde la elaboración de una verdadera Ley Integral contra la violencia Machista que on presupuesto suficiente, un claro sentido trasversal de todas la políticas y un calendario concreto vaya al fondo del problema, es decir a erradicar la sociedad patriarcal que origina las diversas formas de violencia contra las mujeres.

En este sentido el PCE considera que el llamado Pacto de Estado contra la Violencia Machista, no alcanza los mínimos necesarios para recibir el apoyo de nuestro Partido, haciendo un llamamiento a quienes comparten con nosotras que la violencia machista contra la mujer es una CUESTION DE ESTADO, y que por lo tanto es necesario un gran acuerdo, que sea realmente efectivo, creíble para que se mantenga la denuncia y la presión hasta conseguir el objetivo de avanzar en los cambios profundos que se necesitan en las políticas de Estado a todos los niveles y que están en la base de la violencia machista.

lunes, 24 de julio de 2017

Otra agresión contra la autonomía local: La Ley de Contratos contra los municipios
El proyecto de ley de contratos del sector público que se está tramitando en el Congreso corre el peligro de impedir la remunicipalización de los servicios públicos por las enmiendas realizadas por Ciudadanos y el Partido Democrata Catalán. A través de sus propuestas pretenden realizar un escrutinio previo a la remunicipalización realizado por los órganos de la competencia e impedir la subrogación de trabajadores y trabajadoras en el preceso de recuperación pública del servicio.
Para Ecologistas en Acción la trasposición en el ordenamiento español de las directivas europeas relativas a la adjudicación de contratos de concesión y a la contratación pública, a través de la modificación de la Ley de Contratos del sector público, representa una vuelta de tuerca más en la aplicación de las políticas ultra liberales del Partido Popular en relación con las administraciones locales, toda vez que limitan drásticamente su autonomía y supeditan el interés general al de las grandes empresas al imponer consideraciones de competencia mercantil frente a las del servicio público. elaguanoesunanegocio
El proyecto de ley de contratos del sector público que se está tramitando en el Congreso corre el peligro de radicalizarse, yendo más allá que la propia Directiva que se quiere trasponer, si se aprueba una serie de enmiendas exactamente iguales presentadas por Ciudadanos y el Partido Demócrata Europeo Catalán (PDeCat), demostrando que para la derecha no existen fronteras ni diferencias ideológicas cuando se trata de defender los intereses de tres o cuatro grandes corporaciones empresariales.
Estas enmiendas son de dudosa constitucionalidad, según Ecologistas en Acción, si se tiene en cuenta lo dispuesto en los artículos 137 y 140 de la Constitución, suponen la modificación de varias normas y disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local al exigir que se realice un escrutinio previo a cualquier proceso de remunicipalización, por parte de los órganos competentes en materia de defensa de la competencia. En el caso de servicios en los que el mercado relevante afectado sea de ámbito nacional, el escrutinio debe realizarlo nada menos que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Pero, es más, en el caso de monopolio de servicios, el escrutinio será de obligado cumplimiento y deberá realizarse, incluso, en aquellos casos en los que actualmente los servicios son de gestión directa, exigiendo, por lo tanto, la retroactividad. De esta forma se ataca a la autonomía municipal al pretender dificultar, cuando no impedir, que los servicios públicos objeto de las competencias de las Administraciones Públicas se presten directamente por las mismas.
Las enmiendas contemplan también la derogación de artículos del Estatuto de los trabajadores y de los convenios colectivos de aplicación, infringiendo la Directiva 23/2001 / CE, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de traspasos de empresas por impedir la subrogación como consecuencia de limitaciones o restricciones de índole presupuestario. Esto atenta contra las competencias de los órganos de las administraciones públicas, que pueden decidir prestar el servicio de forma directa con el presupuesto que ya dedican al pago del contrato externalizado.
Pero, además, en caso de aprobarse, las enmiendas de Cs y PDeCat impedirán de hecho los procesos de remunicipalización al entender aplicables los límites sobre la masa salarial y de tasa de reposición de efectivos, sin tener en cuenta el ahorro que eso puede suponer en términos globales.
Y esta iniciativa de la derecha en contra de los procesos de remunicipalización se pone en marcha cuando en toda Europa hay una tendencia en alza por recuperar la gestión pública, en la que ciudades como Paris, Berlín o Montpelier han decidido soberanamente gestionar sus servicios de abastecimiento de agua con modelos transparentes, participativos y con rendición de cuentas.
Por tanto, Ecologistas en Acción entiende que las enmiendas presentadas por Ciudadanos y el PDeCat deben retirarse, ya que:
  • Son de dudosa constitucionalidad porque atentan contra la autonomía local, quedando los municipios como delegaciones administrativas sin capacidad de decisión en manos del estado central o a lo sumo de la comunidad autónoma.
  • Subordinan el interés público a los intereses particulares de las grandes empresas.
  • La prestación de servicios públicos son derechos ciudadanos y derechos humanos, por lo que no tienen que garantizarse en régimen mercantil porque no tienen nada que ver con la competencia.
  • Establecen obligaciones relativas a las relaciones laborales que exceden en mucho el objeto de la Ley de contratos.
  • Subordinan los derechos de las trabajadoras y trabajadores, la aplicación de la legislación laboral y el respeto a los derechos de la ciudadanía a servicios públicos de calidad, al mantenimiento de negocios privados con cargo a los presupuestos públicos.

Ecologistas en Accion