85 ANIVERSARIO II REPUBLICA

miércoles, 22 de marzo de 2017

Cláusulas suelo: que no nos engañen otra vez

Las entidades financieras sabían de la ilegalidad del invento. Se creían inmunes. Contaban con el beneplácito de los sucesivos gobiernos PP/PSOE.

La historia de España es rica en leyendas de bandoleros, son los Robin Hood del pueblo. En Andalucía fue el sevillano Diego Corrientes “el bandido generoso” o Curro Jiménez “El Barquero de Cantillana”, en Catalunya Jaume Serrallonga, en Alicante Jaime “el barbudo”. Son personajes a caballo entre la historia y la leyenda. La imaginación popular los ponía del lado de los pobres para expropiar a los ricos.

Hoy hay otro tipo de bandoleros que sólo roban a los pobres para hacerse cada vez más ricos. No llevan trabucos, ni facas, ni navajas de muelles. Sus armas son los programas de Excel o las reglas de cálculo. Visten Armani, no pantalones de pana. No se ocultan en las forestas sino en paraísos fiscales. Tienen por amigos a reyes, príncipes y políticos. Han contado desde siempre con el apoyo de los “Padres de la Patria”. Diputados y senadores, muchos de derechas, pero no pocos de izquierdas e incluso de la izquierda radical, patronal y sindicatos han esperado ordenados y en fila que, pasado un tiempo, los nuevos bandoleros les den un cargo en el consejo de administración de turno. En España, las puertas giratorias desde la política al mercadeo tienen corto recorrido.

Los bancos, las cajas se han sentido respaldadas, mimadas y protegidas por aquellos que deberían haber velado por el bien común. Valiéndose de su posición privilegiada, han perpetrado un atraco tras otro. Las clausulas suelo es el último acto de este atraco nacional, aunque no es el único ni el último. Los bandoleros de camisa blanca y corbata han proliferado en estos años de crisis. Inventaron las preferentes, especularon con el suelo, produjeron una burbuja inmobiliaria que enriqueció a muy pocos y hundió a la mayoría en un mar de desesperación. Inventaron un neolenguaje. Hablaban del equilibrio de los mercados, nos asustaban con el alza de la prima de riesgo y la subida del bono alemán… y después descubrimos una palabra nueva; la CLAUSULA SUELO.

Es una estafa que ni siquiera es ingeniosa. Es muy simple. Cuando los intereses de las hipotecas subían y escalaban en el periodo precrisis, los bancos aplicaban intereses (podía ser el famoso Euribor, una cantidad fija, el IRPH o incluso se colocaron hipotecas multidivisas) al que se le sumaba otra cantidad (el diferencial). Esta cifra dependía de cada entidad financiera. Previendo la bajada del tipo de interés (el precio del dinero que presta entre otros el Banco Central Europeo: es decir el señor Draghi) las entidades financieras impusieron unas garantías adicionales en los contratos hipotecarios que el Tribunal de Justicia Europeo (TJUE) ha reconocido como ilegales. Los bancos y cajas (prácticamente todos) incluyeron en sus hipotecas una salvaguarda, la denominada cláusula suelo. Es una cantidad mínima (generalmente el 3%) que aseguraba que, aunque el precio del dinero bajara hasta niveles del 0,5%, el 0,4%, el 0,3% o incluso inferior, el cliente, el hipotecado debería seguir pagando lo mismo, es decir el 3%. Quedaba atrapado en una auténtica tela de araña de donde no podía salir. ¿Cuántos desahucios, cuántas vidas rotas porque las familias en paro no podían hacer frente a esas hipotecas ilegales?

Las clausulas suelo fueron pan corriente en muchísimas transacciones hipotecarias (se calcula que podrían ser una de cada cuatro). El cliente no tenía escapatoria, o firmaba las condiciones o no había crédito. Anonadado en muchas ocasiones por la presencia solemne del notario, el representante del banco...etc, los hipotecados firmaban tras una lectura rápida, unas condiciones donde se incluyen hasta fórmulas financieras dignas de licenciados en matemáticas. Todo con un aparente halo de respetabilidad. La cláusula suelo en muchos casos se oculta, se coloca en párrafos posteriores al lugar natural que deberíamos hallarla (condiciones financieras). Se oculta utilizando subterfugios, se llega a hablar de tres enteros con 0 centésimas cuando sería mucho más claro (3%).

Las entidades financieras sabían de la ilegalidad del invento. Se creían inmunes. Contaban con el beneplácito de los sucesivos gobiernos PP/PSOE. Los partidos políticos institucionales, hicieron “mutis por el foro”, no iban a morder la mano que los alimentaría en un futuro. Los gobiernos utilizaron todos los recursos del estado (leyes) y su interpretación sesgada (poder judicial) para asegurar su impunidad. Se contó con el beneplácito de multitud de notarios, que no informaron cabalmente de las condiciones onerosas en las que se firmaban los contratos. Los grandes sindicatos callaron. Algunos dirigentes sindicales se sentaban en los Consejos de Administración de las Cajas de ahorro. Algún otro cambió de bando y acabó asesorando al PP y la patronal bancaria.

La crisis de 2008 supuso para los bancos una enorme oportunidad de incrementar sus dividendos. Se privatizaron las ganancias mientras se socializaron las pérdidas. El gobierno del PSOE mintió. El expresidente Zapatero afirmó: "La crisis es una falacia, puro catastrofismo” pero, a diferencia de Pinocho, no le creció la nariz. Rajoy mintió, mientras un gran número de dirigentes del PP sencillamente trincaban. Pujol mintió mientras su familia, asociación mafiosa la ha calificado el fiscal, saqueaban Catalunya. Andalucía era el cortijo socialista. Poco importaba, se salía del gobierno y se entraba en los consejos de administración. La clase dirigente decidió que la reestructuración financiera la pagaran los ciudadanos. Se mintió, se volvió a engañar, se ocultó la verdad.

La crisis abrió la caja de Pandora de la indignación popular. La organización social y su respuesta acabó cuestionando las cláusulas suelo. Se consiguieron sentencias favorables (el poder judicial no es inmune a la presión popular). En ese momento se calculaba que la banca debería devolver menos de tres mil millones de euros (el número de cláusulas suelo es casi secreto de Estado, se estiman en unos dos millones y medio de cláusulas). El Tribunal Supremo español intentó con su resolución del 2013 acotar la responsabilidad bancaria. Sólo se pagaría desde ese año y no por los años anteriores, o sea no tendría retroactividad. Estaban en juego mil millones más. En total la cifra que maneja el Banco de España era de unos 4200 millones. El 21 de diciembre del 2016 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dio la razón a los hipotecados, avergonzando a un Tribunal Supremo español que, como casi siempre, dirige una mirada condescendiente hacia los poderosos. Los partidos gobernantes PP/PSOE, fieles defensores de la banca, consensuaron una especie de código de buenas conductas que pretenden ahorrar a la banca las costas de los litigios que, a miles, se pueden presentar en los juzgados.

Los bancos están intentando engañar nuevamente. El decreto que elaboró el gobierno a indicaciones de la gran banca en una reunión que acabó pocas horas antes de la firma del Real Decreto Ley, ni obliga a los bancos a devolver “per se” las cantidades retenidas ilegalmente ni obliga a calcular las cantidades a devolver. La banca inmediatamente ofrecerá, están ofreciendo ya, desde amortizaciones de la hipoteca, hasta productos financieros como acciones, planes de pensiones, o bonos... Otras entidades como Bankia afirman que devolverán “motu propio” las cantidades retenidas ilegalmente. No hay que fiarse. Hay que acudir con la calculadora y un asesoramiento claro. Es casi seguro que volverán a introducir las malas artes. Bankia habla, por ejemplo, de devolver las cláusulas suelo y el interés del dinero ilegalmente retenido, pero no explican una segunda parte derivada de la sentencia del TJUE: la posibilidad de reclamar judicialmente los gastos de constitución de hipoteca (notario, tasadores…) Serían para cada cliente unos miles de euros más.

La posición de la banca, al contar con el apoyo de la “clase política”, será de cerrar filas; provisionar como han hecho (guardar en la hucha unos cientos de millones para pagar las demandas) y dividir los costos en varios años. No escarmentarán si no los hacemos escarmentar. El nuevo neolenguaje que se utiliza ahora referido a las clausulas suelo es: cláusulas túnel o cláusulas cero.

El PP en un arrebato de compañerismo parlamentario permitió que fuera su muleta (el PSOE: los del “NO pero Sí”) el que diera la buena nueva a los españoles. El Real Decreto era una buena noticia para todos, dijeron. El análisis detallado muestra que sólo es un brindis al sol. Fue patética la intervención de los portavoces del PSOE. Su objetivo no fue denunciar el atraco sufrido ¿cómo hacerlo si muchos dirigentes del PSOE han sido miembros de Consejos de Administración y colaboraron activamente en la estafa?, el miedo de Margarita Robles era que no se colapsaran los “juzgados”.

¿QUÉ HACER?

Varias enseñanzas podemos obtener. La primera es que la presión popular Sí que importa. Como decíamos, el poder judicial no es inmune a la presión social. La segunda abre, si las fuerzas de izquierdas son capaces de estructurarlo, un nuevo horizonte de lucha en el campo de los abusos de la banca. Posiblemente será necesario demandar cada cláusula.

Las reclamaciones han de estar bien articuladas y sobre todo nadie ha de pagar nada a los abogados que lleven el caso, ni procuradores, ni provisión de fondos, ni poderes de representación en la notaria, ni siquiera burofax al banco hasta que se gane el litigio.

Nos hemos de asegurar que las cláusulas contratadas con nuestros abogados, especialmente el porcentaje de cobro por cada parte, estén claras.

No es necesario acudir a grandes bufetes de abogados, los costos publicitarios en algunos de ellos les pueden inclinar a “hacer caja rápida” a costa de invertir menos tiempo en el proceso y alcanzar acuerdos rápidos con las entidades bancarias. Y por último la tercera enseñanza:

¡QUE NO NOS ENGAÑEN OTRA VEZ!


jueves, 16 de marzo de 2017

Conil, un diseño de futuro contando con la gente

DEMOSTRAMOS QUE OTRA POLÍTICA ES POSIBLE

La hegemonía no consiste en ganar las elecciones durante 6 legislaturas, sino «convencer» a los ciudadanos y ciudadanas que era posible otra política diferente.

Conil, municipio del litoral gaditano, es gobernado por IU desde 1995 hasta la fecha actual. Durante seis legislaturas la izquierda ha ganado las elecciones. Una de las claves de estas sucesivas victorias electorales hay que residenciarlas en la conexión entre nuestra organización y la sociedad civil, trasladada de inmediato a la relación entre institución municipal y ciudadanía. Si en el año 1995 conseguimos el «sorpaso», ser la fuerza hegemónica de la izquierda en Conil, más tarde, lo importante, es haber recreado esta hegemonía hasta estos momentos.

Nuestro modelo es diferente a otros lugares del entorno y del litoral andaluz. Proteger amplias zonas del litoral, desclasificar suelo, planificar democráticamente, defender lo público, modernizar y crear mecanismos importantes de bienestar y cohesión social, poner en funcionamiento una potente empresa pública, para crear empleo, viviendas, urbanizar suelo y construir instalaciones para las actividades productivas de pequeños emprendedores, construir infraestructuras y equipamientos, etc. Superando déficits históricos e impulsando el desarrollo local endógeno, rebasando en muchos parámetros económicos, medioambientales y sociales a muchas localidades del entorno y fuera de él. Y todo ello lo hemos realizado a contracorriente, como los salmones que surcan las difíciles corrientes para llegar a su objetivo, pero hemos contado con los ciudadanos, con la sociedad civil. Los cambios se producen por procesos interconectados, no por ocurrencias más o menos brillantes, por hechos aislados, por simple azar o decisión divina. Desclasificar tres millones de metros cuadrados de suelo urbanizable del litoral a suelo Protegido y renunciar voluntariamente a la construcción en el frente litoral en la época de desarrollismo salvaje (aceptado por la mayoría de la población) no deja de ser un hecho aislado, sino se explica dentro del proceso de toma de esta decisión, en su origen, dentro de un modelo de desarrollo, convenciendo a las personas ciudadanas de que era bueno para el futuro, de las condiciones objetivas y subjetivas en la que se entroncan las decisiones, del ADN de la Izquierda que articula el proceso de cambio y sabe la importancia de en qué momento del proceso de transformación se está en cada momento.

Esto ha sido posible, por gobernar de manera diferente, planificando de manera democrática y participada. Pensando el futuro, planificando con vistas al horizonte, y además hacerlo con la gente, como decía León Felipe: “Voy con las riendas tensas, y refrenando el vuelo, porque no es lo que importa llegar solo ni pronto sino llegar con todos y a tiempo”. Hay que destacar la continuidad del proceso planificador a lo largo del tiempo mediante diferentes figuras e instrumentos (Planes Estratégicos, PGOU, Presupuestos, etc...) con la misma línea política y con una marcada coherencia interna en las líneas de actuación aprobadas y desarrolladas.

Hemos defendido siempre que la planificación tenía que ser duradera e integrada y, por supuesto, participada; recogiendo aspectos esenciales de planificación estratégica, urbanística, ambiental y turística. Como rasgo fundamental de este proceso de planificación era «lograr el apoyo social a medidas muy infrecuentes en el contexto del litoral español de las últimas décadas». Tales como desclasificación de suelo urbanizable en el borde costero, o elevación del nivel de protección del patrimonio natural, por iniciativa municipal.
La valentía política de desclasificar y proteger amplias zonas del litoral conileño en pleno auge de la burbuja inmobiliaria, con el apoyo social, ha sido clave en la búsqueda de otro modelo de desarrollo. Mantenerlo será tarea de todos los que pensamos que el mundo no lo heredamos de nuestros padres, sino que se lo pedimos prestado a nuestros hijos.

La hegemonía no consiste en ganar las elecciones durante 6 legislaturas, sino «convencer» a los ciudadanos y ciudadanas que era posible otra política diferente a la que se venía haciendo anteriormente. Y que la organización de IU en Conil era capaz de interpretar la realidad local en su contexto, y elaborar colectivamente propuestas y alternativas que beneficiaban a la mayoría de la población. Como fuerza determinante, que conduce, que interpreta en un momento dado las contradicciones sociales y hace propuestas para superarlas y estas son aceptadas por la mayoría de la población, refrendándolas durante 6 legislaturas seguidas. No se trata de instrumentalizar a nuestra base social para mantenernos en el poder, sino concienciar democráticamente a los ciudadanos para que cambien la realidad establecida hacia otra con más calidad de vida para la mayoría de los trabajadores-ciudadanos. Es la hegemonía en el sentido gramsciano, concebida como la construcción de una alternativa intelectual y moral, que se elabora colectivamente.
Por último, decir que Conil desde 1995 es “un municipio del Cambio”, de igual manera que muchos ayuntamientos gobernados por IU y durante años han resistido creando alternativas concretas frente a las políticas neoliberales y antimunicipalistas del PSOE y del PP.

En Conil hemos ganado la hegemonía con un instrumento, IU, sin esconder nunca que somos de izquierda. El problema para “ganar “en otros lugares, desde mi punto de vista, no es del instrumento, sino de las políticas, de entender que la lucha por la hegemonía, como pensaba Gramsci, se tiene que librar «antes» de la transición del poder, así como, durante y después de acceder a él. La decisión de la Asamblea de IU de Conil de seguir el camino lento, de trabajo, de concienciación hacia la sociedad civil y los ciudadanos fue la correcta. Con el tiempo se ha demostrado, como diría Julio Anguita: «La política es el arte agrario. Hay que sembrar, cultivar, regar, cuidar, recoger. Vivimos con la memoria, cambiando y cuidando las cosas».

lunes, 13 de marzo de 2017

García Sempere saca adelante en el Congreso una iniciativa para eliminar miles de kilómetros de tuberías de amianto aún en uso por su efecto “altamente cancerígeno”

La iniciativa defendida por la diputada de IU, a la que sólo se opuso el PP, insta también al Gobierno a realizar una “auditoría sobre la cantidad y situación de las tuberías de fibrocemento existentes en las conducciones y redes de agua potable del conjunto de España”, que se calcula que superan los 40.000 kilómetros.
La diputada andaluza de Izquierda Unida Eva García Sempere ha conseguido sacar adelante en el Congreso la iniciativa elaborada por esta formación, cuyo contenido fue presentado públicamente el pasado mes de enero en Sevilla, por la que se aprueba la elaboración y puesta en marcha de un Plan de Eliminación de las Conducciones de Agua Potable de Fibrocemento, más conocidas popularmente como tuberías de amianto. De esta forma, en los próximos años las distintas administraciones deberán sustituir millones de toneladas de conducciones aún en uso con este material, distribuidas en más de 40.000 kilómetros de tuberías, según diversos cálculos.
La proposición no de ley que defendió García Sempere en nombre del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos fue debatida y votada a última hora de la tarde de ayer en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de la Cámara Baja, y contó con el respaldo de todas las formaciones salvo el PP. En concreto la iniciativa insta al Gobierno a, en primer lugar, “llevar a cabo una auditoría sobre la cantidad y situación de las tuberías de fibrocemento existentes en las conducciones y redes de agua potable del conjunto de España”. 
A partir de ahí, se procederá a “elaborar y aprobar un Plan de Eliminación de las Conducciones de Agua Potable de Fibrocemento, estableciendo un horizonte temporal a partir del cual estará totalmente prohibida la existencia de este tipo de redes perjudiciales para la salud”. Para facilitar el respaldo del resto de grupos, Izquierda Unida dejó abierto el plazo para ejecutarlo, aunque ya ha valorado públicamente que no debería superar los cinco años, según la información técnica manejada.
García Sempere destacó en su exposición el carácter “altamente cancerígeno” del fibrocemento -compuesto por amianto y cemento- y cómo la Agencia Internacional de Investigación contra el Cáncer, entre otras instituciones “ya dijo que no hay nivel de exposición seguro. Las últimas investigaciones lo relacionan con el mesotelioma, los cánceres de pulmón, colorrectal, gastrointestinal, de garganta, riñón, esófago, vesícula biliar, y queda muy claro que el riesgo es tanto por inhalación como ingestión”.
En su documentada intervención, la parlamentaria de IU apuntó también que según la encuesta nacional sobre suministro de agua potable y saneamiento que realizan las asociaciones gestoras en todo el Estado español “se estima que aún quedan cerca de 40.000 kilómetros de redes de abastecimiento, especialmente en los núcleos urbanos más pequeños”.
Apostilló que pese a que nuestro país “hizo los deberes pronto con la aprobación en 2001 de la prohibición del uso, comercialización y distribución del amianto y derivados, vamos tarde para abordar los resultados de años de uso masivo”
Eva García Sempere aceptó la inclusión de una enmienda de adición que contempla que esta medida abarque también a las redes de regadío, además de que se articulen mecanismos de financiación para que los costes que contempla la sustitución de estas tuberías no recaiga sólo en una única administración, sobre todo los ayuntamientos más pequeños y con menos recursos.

lunes, 6 de marzo de 2017

#8 de marzo. 
Día Internacional de La Mujer


Cien años después de la Revolución del 1917

Este 8 de marzo, en el año del centenario de la Revolución rusa, de octubre del 1917. Recordamos que el éxito de la revolución socialista fue gracias al protagonismo de la mayoría oprimida. Fue también una revolución para las mujeres rusas y del mundo entero.

Desde el primer momento se aplicaron medidas para resolver los problemas de desigualdad en el plano legal, liquidando las leyes más retrógradas, por primera vez, un país tomaba medidas concretas para alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres.

Se abolieron todas las leyes que ponían a la mujer en una situación de desigualdad en relación al hombre. Se decretó el derecho al divorcio, el derecho al aborto legal y gratuito en los hospitales del Estado. La prostitución y su uso fueron descritos como “un crimen contra los vínculos de camaradería y solidaridad”. El Gobierno Soviético trató de atacar las causas de la prostitución, mejorando las condiciones de vida y trabajo de las mujeres.

Tres elementos relevantes del inicio de la revolución del 1917, siguen hoy siendo necesarios: el empoderamiento, la igualdad en derechos sociales y laborales, y la abolición de la prostitución. Cien años después, la crisis económica actual y las políticas de austeridad neoliberales han agravado la situación para el conjunto de la clase trabajadora, en Europa y en España. Pero no son iguales para todas las personas, las mujeres somos las principales perjudicadas por el sistema y también las más afectadas por la crisis, porque las mujeres partimos desde una posición desequilibrada y desigual respecto a los hombres.

Las mujeres, en este sistema capitalista y patriarcal sufrimos una espiral de violencias machistas, desde los micro-machismos al asesinato. Todas, consecuencia de la situación de sumisión y dependencia a la que nos relega el sistema, ya sea económica, social y/o cultural. La falta de trabajo digno para las mujeres, la feminización de la pobreza, el retroceso de derechos y libertades, la mercantilización del cuerpo de las mujeres a través de la prostitución y de los úteros de alquiler. La falta de educación no sexista en
todos los ámbitos de la vida. Nada es casual.

En realidad, el PP y quienes apoyan a este gobierno corrupto no tienen ningún interés en mejorar la vida del 51% de la ciudadanía que somos las mujeres. Se llenan la boca de grandes pactos, de grandes palabras y buenas voluntades que no van acompañadas de políticas y medidas contundentes, para acabar con la desigualdad desde la raíz.

La prueba está en que hoy a pesar de que somos más las mujeres que nos incorporamos al trabajo productivo continuamos cargando con el trabajo reproductivo, con las dobles jornadas. Aun así, las mujeres seguimos superando el Ranking de desempleo en España, con menores prestaciones y durante menos tiempo, debido a nuestra inferior situación laboral. Ocupamos el 72% de los contratos a tiempo parcial y la mayor temporalidad también es femenina. La brecha salarial sigue en aumento y las mujeres representamos el 63,79% de la franja de salarios más bajos.

La conciliación de la vida familiar y laboral sigue siendo un sueño, la mayoría de excedencias y permisos concedidos para el cuidado de las personas dependientes son mayoritariamente para mujeres. Pero las desigualdades no acaban aquí, lo que hoy sufrimos las mujeres también tiene consecuencias futuras. Las mujeres percibimos una pensión de jubilación inferior a los hombres y en cuantías inferiores, por lo que el riesgo de ser excluidas socialmente durante la jubilación es mayor.

Este sistema nos aboca a las que somos más pobres y más vulnerables a la mercantilización de nuestros cuerpos, con la regulación de la prostitución y de los úteros de alquiler. Nos queremos libres, sin que nos acosen, nos maltraten, nos  mercantilicen o nos asesinen. Nos queremos con una vida digna y con trabajo digno. ¡Es hora de que nos rebelemos y luchemos por nuestros derechos! Todas nos sumamos al paro internacional de mujeres. Vivas nos queremos.

El 8 M, rebélate y lucha, CUELGA EL DELANTAL en tu balcón o ventana…en casa no nos van a encontrar ¡Ocupemos las calles, por nuestros derechos!

sábado, 4 de marzo de 2017

El paro puede erradicarse si hay voluntad política, pero al poder le interesa que exista

Por muchos robots que se creen cualquier comunidad puede lograr que no haya desempleo. Bastaría con hacer algo tan sencillo como repartir el trabajo que hoy día se está realizando y que nunca va a ser sustituido por las máquinas.

PROPUESTAS PARA UN NUEVO PAÍS

Cuantos más parados haya, mayor va a ser el miedo de los trabajadores a perder su empleo y por lo tanto mayores concesiones estarán dispuestos a hacer.

Que haya desempleo o no –y cuánto en el caso de haberlo– es una decisión política. Cualquier comunidad puede organizarse política y económicamente de forma que no quede ninguna persona sin participar en las actividades económicas que tengan lugar en su seno. Así ocurría, por ejemplo, en las comunidades primitivas, en las que todos sus integrantes contribuían con las actividades básicas de recolección de alimentos, caza, cuidados y defensa; también ocurría lo mismo en las sociedades esclavistas porque siempre existía la posibilidad de ser propiedad de alguien y trabajar para él o ella a cambio de cobijo y comida; o en las sociedades feudales, donde todo el mundo tenía una labor determinada en función de su posición social; o en las comunidades socialistas, donde el Estado tiene como objetivo garantizar un puesto de trabajo a todo el mundo. Hay mil formas de lograr que no haya desempleo, y evidentemente no todas son igual de aceptables que otras desde un punto de vista de justicia social, pero lo importante es entender que si se quiere, se puede evitar el desempleo, al contrario de lo que nos intentan vender en nuestras sociedades capitalistas cuando insisten en que, aunque el paro es una lacra, es prácticamente inevitable.

Hace ya muchísimo tiempo que los economistas clásicos, con Marx a la cabeza, denunciaron que en sistemas capitalistas el desempleo favorece a los empleadores por razones bastante evidentes: cuantos más parados haya, mayor va a ser el miedo de los trabajadores a perder su empleo y por lo tanto mayores concesiones estarán dispuestos a hacerle a los capitalistas con tal de no ser sustituidos por cualquier integrante del ejército de parados. Cuanto menos cobren los trabajadores, más podrán cobrar los capitalistas. Ésta es la razón fundamental por la cual en nuestras sociedades se permite que exista desempleo. La élite económica y política se llena la boca diciendo cómo va a combatir el desempleo, pero luego sus políticas van precisamente en sentido contrario, porque necesitan que éste exista para conservar su poder y privilegios.

Hace más de medio siglo los economistas del poder teorizaron que existía una contradicción entre empleo y estabilidad de precios. Venían a decir que si se conseguía el pleno empleo los precios se dispararían y que eso sería fatal para la economía, así que alegaban que era necesario un determinado nivel de paro para que la economía funcionase correctamente. Era claramente una justificación ad hoc y acientífica para permitir el desempleo y lograr así que los capitalistas siguiesen aprovechándose de salarios deprimidos. Esto es algo que todavía impera, desgraciadamente, en el ámbito académico, allí donde se forman los economistas que luego pasarán a gobernar ciudades y regiones, a dar clase en las universidades, a hablar en las tertulias, a escribir libros y manuales, etc.

Pero es que a esta falsa creencia de que el paro es inevitable se le ha unido una nueva moda que ha cobrado mucha fuerza en España, y lamentablemente también desde sensibilidades de izquierda. Consiste en pensar que la robotización es en cierta medida culpable de que haya desempleo, y como se presupone que este proceso es inexorable, la conclusión es que jamás podremos conseguir el pleno empleo. Pero este planteamiento es profundamente erróneo. En primer lugar, los beneficios que producen los robots son exclusivamente para sus propietarios, de lo que se trata en todo caso es de socializar esos frutos del avance tecnológico y acabar con el hecho de que sólo una minoría saque tajada de ellos. En segundo lugar, la robotización suele destruir muchos empleos (los que engloban actividades rutinarias), pero también crea otros muchos (alguien tiene que diseñar los robots, programarlos, fabricarlos, repararlos, obtener los materiales y el suministro energético para su producción, etc). En tercer lugar, hay empleos que jamás van a poder ser sustituidos por robots: aquellos que son más artísticos, creativos, políticos, humanos, etc; por lo que independientemente del desarrollo tecnológico de los robots siempre quedarán actividades que tendrán que ser cubiertas por trabajo humano. En cuarto lugar, no hay recursos naturales ni energía suficiente en nuestro planeta para producir tantos robots como trabajadores hay en la actualidad, ergo la sustitución nunca podría darse de forma completa. En quinto lugar, la evidencia empírica muestra que los países con más robots por trabajadores (Corea del Sur, Taiwán, Japón y Alemania) tienen tasas de paro muy reducidas, por lo que parece que es compatible tener poco desempleo y muchos robots.

Por muchos robots que se creen cualquier comunidad puede lograr que no haya desempleo. Bastaría con hacer algo tan sencillo como repartir todo ese trabajo que hoy día se está realizando (y que nunca va a ser sustituido por las máquinas). Basten unos datos para ejemplificar este asunto. En España cada ocupado trabaja de media 1.691 horas al año, mientras que un empleado holandés trabaja 1.419 horas y un alemán 1.371. Si repartiésemos el trabajo que hoy día se realiza y lográsemos que cada empleado español trabajase el mismo número de horas que un trabajador holandés crearíamos 3,5 millones de empleos y la tasa de paro bajaría al 3,4%. Si hiciésemos lo mismo al nivel de horas alemanas, entonces no tendríamos tantos parados para ocupar los nuevos puestos de trabajo que crearíamos. Así de sencillo y así de potente.

Pero es que además en la actualidad hay muchas necesidades sociales y ecológicas no cubiertas: cuidado a niños y niñas, a adultos dependientes, a enfermos, a ancianos y ancianas, a la fauna y la flora, al medio ambiente, servicios culturales, de ocio y recreativos, etc. Si decidiésemos ponernos manos a la obra y ampliar este tipo de actividades y servicios no sólo lograríamos mayor bienestar en nuestras comunidades sino que habríamos creado cientos de miles de puestos de trabajo. Pero claro, para ello no podemos confiar en el sector privado, que sólo creará los empleos cuando le sea rentable hacerlo (y ya vemos lo bien que le va); sino que tenemos que activar todas las palancas del sector público que sean necesarias para crear directamente empleos públicos y garantizar así a todo el mundo el derecho a trabajar. Gracias a esta política de Trabajo Garantizado el desempleo no sólo desaparecería, sino que necesitaríamos muchas más manos de las que hoy día están disponibles.

En definitiva, que no nos mareen con cuentos interesados: el desempleo se puede erradicar siempre que haya voluntad política. El problema es que la existencia del mismo interesa al capital porque conserva e incrementa su poder sobre el trabajo; y por eso trata por todos los medios y a través de todo tipo de mentiras hacer creer que el pleno empleo es una quimera irrealizable. Pero es radicalmente falso: si nos lo proponemos podemos acabar de raíz con el paro en cuestión de meses.


viernes, 3 de marzo de 2017

 IU apoya la Huelga Educativa del 9M

  
El martes 28 de febrero se reunió el área de educación provincial de IU para quedar constituida en esta nueva etapa.

Izquierda Unida se movilizará con la comunidad educativa el 9 de marzo por la reversión de los recortes, la inversión en educación pública y la derogación de la LOMCE.

 Izquierda Unida, desde su irrenunciable compromiso con la educación pública, ha venido desarrollando durante los últimos años una intensa campaña contra la LOMCE y contra los recortes educativos por entender que suponen un ataque frontal a la educación pública que promueve un modelo educativo inclusivo, laico y democrático que garantice el derecho de todos y todas a una educación de calidad en condiciones de igualdad.

Por ello, Izquierda Unida se une al conjunto de la comunidad educativa conquense que exige la reversión de los recortes en educación, que han supuesto pasar de 53.375 millones de euros invertidos en 2009 a 46.000 en 2014, es decir, del 5% a solo el 4,1% del PIB (8.000 millones menos) frente a un 6,2% de media europea, situándonos en el puesto 25 de los 35 países de la OCDE. En resumen, durante este saqueo llamado crisis los gobiernos han reducido uno de cada cinco euros (20,3%) el gasto por estudiante en la educación pública no universitaria.

Con las últimas políticas realizadas por sucesivos gobiernos en materia educativa, estamos sufriendo un fuerte deterioro a todos los niveles, cada vez con menos profesorado y en peores condiciones laborales, donde el material escolar se ha convertido en un lujo, las becas de transporte se están recortando hasta su desaparición y las familias se endeudan para poder costearse los estudios de sus hijos/as.

Este proceso también se da en las universidades públicas, donde en los dos últimos años el precio final de la matricula se ha encarecido un 66% de media. Se ha llegado a un punto en el que el primer curso de la carrera más barata costará 1620€, y repitiendo asignatura, se necesita pagar hasta cinco veces más. Si a esto añadimos que la financiación pública de las universidades ha supuesto una caída en el período de 2010 a 2014 por importe de 1.213 millones de euros. Y el recorte en los gastos de personal ha supuesto una disminución de 7.500 empleos públicos y que los recortes en la financiación para la investigación han sido significativos desde el año 2008 con una media del 24,6%. Estamos ante el desmantelamiento de las Universidades Públicas.

Por otro lado, el estudiantado de FP se ha visto afectado por el aumento de las tasas: una FP de grado superior cuesta 480€, y una de grado medio entre 120€ y 220€ de media. Además, encontramos las nuevas tasas de la selectividad que suponen una barrera económica más para acceder a la educación superior.

Cada vez parece más evidente que la crisis es una excusa más para privatizar y desmantelar el sistema público educativo, pues mientras se rescatan bancos, se recorta en algo tan imprescindible como el derecho a la educación. Por ello esta huelga también reivindica la derogación de la LOMCE, que prosigue implantándose, pese a haber sido rechazada por la gran mayoría de la comunidad educativa y por el Congreso de los Diputados en diversas ocasiones.

Hay sobradas razones para que Izquierda Unida impulse y participe activamente en la esta huelga general y unitaria convocada por todos los sectores de la comunidad educativa el 9 de marzo y apoyada por los sindicatos CCOO, UGT y STES; la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (Ceapa) y en Castilla-La Mancha Confapa- CLM; Estudiantes en Movimiento y la Junta de Estudiantes de Cuenca.

Izquierda Unida llama a secundar la huelga y a participar en las convocatorias del próximo 9 de marzo: a las 12h en el cruce de Carretería con Sánchez Vera, y a las 18h. desde la Plaza de la Constitución. La lucha es el camino.

FELICITACIÓN A LOS 5 DEL BUERO.

Por otro lado, la formación ha mostrado su satisfacción por la absolución de “los 5 del Buero”, a los cuales traslada su alegría y satisfacción, así como su agradecimiento por la defensa de la Escuela Pública, la de todas y todos.

miércoles, 1 de marzo de 2017

#NiUnaCalleFranquista: fuera golpistas y asesinos del callejero madrileño

Encuentro de Asociaciones de MH y de Víctimas del franquismo


Comunicado de la Concentración celebrada el Lunes 27 de Febrero, frente al Ayuntamiento de Madrid

 #NiUnaCalleFranquista
Diversas asociaciones de memoria histórica y de víctimas del franquismo, colectivos antifascistas y organizaciones ciudadanas nos hemos convocado frente al Ayuntamiento de Madrid, con el fin de continuar exigiendo la retirada absoluta de la simbología franquista, nombres en el callejero madrileño, y honores concedidos por las instituciones a golpistas de 1936, criminales de guerra y cargos políticos del régimen de Franco.
Las Víctimas del Franquismo, como el conjunto de la ciudadanía, seguimos soportando el insulto y la humillación de ver calles y plazas de nuestro país dedicadas a los asesinos de nuestros padres y abuelos; a quienes encarcelaron y torturaron a estudiantes, trabajadores, demócratas en general.
Creemos que nos encontramos ante una buena, aunque tardía oportunidad, de rendir homenaje a quienes defendieron la legalidad democrática, los derechos y las libertades, contra el franquismo y los otros fascismos europeos. Máxime cuando han sido intencionadamente marginados y olvidados por el Estado español, negándoles primero el reconocimiento jurídico, y después el derecho a la Verdad, a la Justicia y a la Reparación. Ello serviría para homologarnos con los países democráticos de nuestro entorno, donde se tiene muy claro que para ser demócrata primero hay que ser antifascista.
Durante 40 años la sociedad española ha padecido unas abrumadoras políticas de memoria y de reparación material y simbólica, en beneficio exclusivamente de un régimen que se impuso por la fuerza respaldado por los regímenes fascistas europeos, tal como reconoció la ONU en 1946. La situación de flagrante injusticia ha continuado y se ha acrecentado desde la recuperación de la democracia hasta el día de hoy, merced a políticas públicas de silencio y olvido, así como a la impunidad legal y judicial de los crímenes franquistas. Desde la constatación de la obviedad de que franquismo y democracia son absolutamente incompatibles, negamos la condición de demócratas a aquellos que siguen empecinados en defender la pervivencia del franquismo en cualquiera de sus formas.
Hemos expresado al Ayuntamiento de Madrid nuestro profundo desacuerdo con el Informe del Comisionado de Memoria Histórica presentado al pleno municipal el pasado mes de enero, concretamente por la propuesta que se hace de señalización de lugares de memoria. Entendemos que incide y reproduce la situación de injusticia y discriminación de las víctimas del franquismo, en nombre de una supuesta equidistancia que equipara a los defensores de la legalidad democrática con quienes mantuvieron secuestrada la soberanía nacional durante décadas.
Valoramos muy positivamente los diversos posicionamientos e iniciativas que desde el entorno de las fuerzas que sostienen al equipo de gobierno municipal, se han producido últimamente contra las propuestas hasta hoy conocidas del Comisionado de Memoria Histórica, las cuales en cambio, son defendidas por ejemplo, por la portavoz del Grupo municipal Popular.
No debería ser necesario recordar al equipo de gobierno y a las fuerzas políticas que lo sustentan, que la obligación del Ayuntamiento de Madrid es hacer efectivo el mandato popular y democrático, cumplir con la legislación internacional que prohíbe la glorificación del nazismo y del fascismo y la ley vigente, por muy insuficiente que sea. Además, existe un claro compromiso programático adquirido con las ciudadanas y ciudadanos de Madrid en las elecciones de mayo de 2015.
Después de la dictadura y más de 41 años desde la muerte de Franco, no estamos dispuestos a aceptar imposiciones antidemocráticas y exigimos justicia para  las víctimas del franquismo y para toda la sociedad. Por tanto, manifestamos nuestra intención de seguir movilizándonos hasta conseguir la completa eliminación de la simbología y los nombres franquistas en nuestra ciudad y en el resto del Estado. Hacemos desde aquí un llamamiento a todos los que se reclaman como demócratas para que se sumen a esta reivindicación.