85 ANIVERSARIO II REPUBLICA

viernes, 8 de diciembre de 2017

Sin restricciones al regadío no se podrá garantizar el abastecimiento de agua a poblaciones en 2018

La ausencia de lluvias durante lo que llevamos de 2017, unido al gran crecimiento experimentado por el regadío en los últimos años, hace imprescindible que se establezcan importantes restricciones al regadío para el próximo año.
En caso contrario, se podría estar poniendo en riesgo el abastecimiento de agua a numerosas poblaciones en los próximos meses.

En primavera Ecologistas en Acción solicitó públicamente al Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente que estableciese restricciones al regadío, dada la falta de lluvias en primavera y la preocupante bajada que se estaba produciendo en en los niveles de los embalses. El ministerio hizo caso omiso a estas demandas. A consecuencia de ello y la falta de lluvias de este otoño, el nivel actual de los embalses es de tan solo el 37,22 %. Existen demarcaciones hidrográficas con los niveles especialmente bajos, como son las de Segura, Júcar y Duero, las tres con amplias extensiones de regadío.
Entre enero y octubre de 2017 ha llovido en España un 24,33 % menos de la media esos mismos meses del periodo 1981-2010. Asimismo, las temperaturas han sido especialmente altas. Entre enero y octubre de este año la temperatura media ha sido 1,4 °C, más alta que la media de ese mismo periodo 1981-2010. Esto produce un incremento de la evapotranspiración, reduciendo a su vez el volumen de agua que va a parar a los cauces y acuíferos, que es la que se puede aprovechar.
En noviembre (que habitualmente es el segundo mes más húmedo del año) la falta de lluvias y las altas temperaturas continúan, lo que apunta a que la bajada porcentual de precipitaciones con respecto a la media 1981-2010, se incremente sustancialmente de aquí a final de año.
Es bastante posible que estemos entrando en un nuevo periodo plurianual de sequía (periodos que son propios de nuestro clima, y que se producen cada cierto tiempo), aunque agravado por los efectos del cambio climático, que reduce el agua disponible para el mismo nivel de precipitaciones a causa de la subida de las temperaturas, y por el gran crecimiento experimentado por el regadío en los últimos 15 años, que puede provocar un periodo de sequía con los embalses particularmente bajos.
Por todo ello, Ecologistas en Acción solicita al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente que limite sustancialmente el agua destinada al regadío en 2018 para no poner en riesgo el abastecimiento de agua a poblaciones en numerosas partes del país, un derecho humano reconocido por la ONU.
 ECOLOGISTAS EN ACCION

domingo, 26 de noviembre de 2017

La sequía pasa factura

Cada día que pasa parece más evidente que la sequía está aquí para quedarse.Nuestras reservas de agua embalsada apenas llega al 37% de su capacidad, y sigue bajando. La falta de lluvia provoca impactos en todos los ámbitos y no solo en el medio ambiente. La agricultura, el abastecimiento urbano e industrial, la producción de energía, la salud, la conflictividad social y la seguridad pública son algunos de los principales perjudicados también.

Varios ejemplos, demuestran lo que está sucediendo. Los agricultores están sufriendo inmensas pérdidas y no recuerdan una situación peor desde 1992 en los cultivos de secanos (aquellos que ni siquiera se riegan). Los niveles de contaminación atmosférica en Madrid han superado el límite saludable para respirar. Más de 120 municipios españoles se están abasteciendo con camiones y cisternas, al carecer ya de agua para el consumo.

El clima está cambiando como consecuencia del cambio climático. Esto ya no lo pone en duda nadie. Un informe de la NOAA (Administración Nacional Oceánica y Atmosférica estadounidense), revela que el año 2016 ha sido el más caluroso en los últimos 137 años, desde que tenemos registros. Y 2017 lleva el mismo camino, batiendo récord de temperaturas cada mes. No es descabellado pensar que la Península Ibérica pueda estar entrando una de las sequías más severas de las últimas décadas.

A la falta de precipitaciones se le ha sumado la pésima gestión del agua que hemos hecho en los años de bonanza hídrica. Una total falta de previsión para afrontar periodos secos como el actual. Las sequías son cíclicas en nuestro clima y, por lo tanto, planificables. Pero parece que tampoco esto sirve para prevenir. Seguimos viviendo como si la Península Ibérica fuera rica en agua. Una muestra, hace escasamente una semana se anunciaba la construcción de la mayor playa artificial de Europa, en Guadalajara.

En este contexto, hoy hemos presentado reportaje va acompañado de un informe titulado: Sequía, algo más que falta de lluvia. Con ello se pretenden exponer los impactos de la sequía, sus consecuencias y las demandas para afrontar futuros periodos secos con garantías no sólo para los ecosistemas sino también para la sociedad y la actividad económica de España.

GREENPEACE

jueves, 23 de noviembre de 2017

El 25N contra sus violencias caminamos hacia el 8M

Este 25 de noviembre, día internacional contra la violencia machista denunciamos la complicidad de los gobiernos que con sus políticas dejan vulnerables y desprotegidas a las mujeres. Porque violencia machista no es solo la ejercida por los exmaridos o las exparejas. También la complicidad es violencia machista.

Cómplice es el gobierno cuando con sus políticas deja a las mujeres jubiladas en extrema pobreza con un 37% de brecha de las pensiones respecto a la de los hombres, que en la media general de las mujeres equivale a 421 euros menos de pensión que la media general de los hombres (Ministerio de Empleo y seguridad Social en junio 2017). Pensiones de las mujeres que en la media no llegan a los 700 euros.

Cómplice es el gobierno que con sus reformas laborales nos sitúa a las mujeres como ciudadanas de segunda subordinadas y dependientes, con una brecha salarial que en España oscila entre el 20 y un 30 % inferior al de los hombres, prácticamente en todas las comunidades autónomas. En la Unión Europea la diferencia de salarios entre ambos sexos es de un 15 %, lo que supone que las mujeres europeas deben trabajar casi dos meses más para igualar su sueldo al de los hombres.

Cómplice es el gobierno que destruye el escaso estado de bienestar y no garantiza la dependencia, la justicia social y la igualdad. En los últimos años las políticas de igualdad han sufrido el recorte del 43% y los recursos en prevención de la violencia de género se han reducido en el 17% (Oxfam Intermón en noviembre 2016).

Es cierto que en el pacto de estado contra la violencia machista recientemente aprobado avanza en materia presupuestaria pero ha sido tan grande el retroceso en materia de igualdad, han sido tan grandes los recortes de recursos y servicios públicos necesarios para fomentar la igualdad y para atender y prevenir las violencias machistas que continúa siendo escaso y, además, no hay ninguna claridad ni garantías para su cumplimiento, lo que queda en manos de los intereses partidistas del Gobierno del PP. En definitiva un pacto que sirve para lavar la cara a quienes nos agreden con sus políticas.

Cómplice también es legislar contra la violencia de género y no recoger la retirada de la custodia a los padres maltratadores, no olvidamos a Juana Rivas ni a todas las Juanas que tienen que ver peligrar la vida de sus hijas e hijos.
Cómplice es el gobierno que desprotege a las familias monoparentales donde la persona adulta es una mujer que son la mayoría, el 53’5 % viven en el umbral de la pobreza.

Cómplice es el gobierno que invisibiliza las situaciones de extrema exclusión que sufren muchas y muchas mujeres. En España, son 6 millones de personas el número de mujeres que viven en el medio rural, donde se acentúa el desempleo femenino y la brecha salarial entre hombres y mujeres. El 60% de las víctimas mortales de violencia machista provienen de este ámbito.

Cómplice es el gobierno que no pone medios suficientes para atender las violencias que sufren las mujeres con diversidad funcional, que por su mayor vulnerabilidad están expuestas a formas refinadas y crueles de violencia, en el hogar por sus parejas o familiares, o en ocasiones en los mismos centros de atención públicos y privados por sus cuidadores.

En España de 50.000 a 60.000 mujeres sufren esclavitud sexual, una de las más graves situaciones de violencia machista. La permisividad y la tolerancia de la prostitución permiten que los hombres de todas las clases sociales tengan al alcance las mujeres de los países pobres, aquellas que huyen de las guerras y de las violencias sociales y económicas.

Un pacto de estado contra violencias machistas debe explicitar la explotación sexual que supone la prostitución, que se trata de manera absolutamente tangencial, que ni si quiera se menciona y que contraviene importantes normativas internacionales. Ambas son claras expresiones de la explotación del cuerpo de las mujeres, de la mercantilización de la que son objeto y de cómo se pretenden normalizar en nuestra sociedad estas formas de violencia.

En definitiva cómplice es el gobierno y los partidos que apoyan sus políticas que para sustentar al sistema capitalista y patriarcal recortan los derechos y la vida de las mujeres.

El PCE denunciamos que el pacto de estado no tenga una visión integral de la violencia machista, y eso después de transcurridos casi 13 años de la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género de 2004, que sólo reconoce la violencia en el ámbito de la pareja/ex pareja o en el sexual.

El terrorismo machista es una cuestión de estado por ello exigimos al gobierno y a los partidos políticos trabajar parar avanzar con las organizaciones feministas hacia una verdadera ley integral contra la violencia machista.

El PCE Llamamos a participar en la movilización de este 25 de noviembre que ha de ser el impulso hacia la huelga internacional, el próximo 8 de marzo.

Secretaría de la Mujer

martes, 21 de noviembre de 2017

IZQUIERDA UNIDA INICIA UNA CAMPAÑA DE DENUNCIA DEL MAL ESTADO DE LOS BARRIOS DE CUENCA

La formación recorrerá todos los barrios de la capital, comenzando por Tiradores Altos y Pozo de las Nieves.
Este año 12’6 millones de euros se han pagado a los bancos, en lugar de invertirse en mantenimiento.
Izquierda Unida ha iniciado una campaña informativa sobre el mal estado de los barrios y su falta de mantenimiento. En la misma están recorriendo las calles más afectadas y los lugares con más problemas y con más falta de inversión. Ya han comenzado en Tiradores Altos, Pozo de las Nieves y Fuente del Oro. Continuarán con La Paz y Casablanca.
En la formación de izquierdas explican que “los impuestos se siguen cobrando como siempre, e incluso algunos han subido hasta un 60% en Cuenca, como es el IBI. Sin embargo, la ciudad está más sucia y en peor estado que nunca. Y esto es lo que se pregunta la gente en la calle, cómo pagando más, no repercute en el barrio, sino al contrario”.
Según informes técnicos, hacen falta 2 millones anuales para un buen mantenimiento de la ciudad. Y desde IU denuncian que “el Ayuntamiento gasta al año 10 millones en pagar deudas a bancos, que no sabemos de dónde han salido y si son legítimas o no. No contentos con eso, se   adelantan 2’6 millones de euros en el presupuesto de 2017, aprobado por PP y C’s. Todo ello es fruto del Plan de Ajuste que impuso en 2012 el PSOE con las leyes de estabilidad presupuestaria del gobierno central del PP, consecuencia de la reforma del artículo 135 de la Constitución”.
Para IU “todo esto demuestra que sí que hay dinero, pero para lo que se quiere. Para cosas que nunca coinciden con los intereses de las y los conquenses”.


sábado, 18 de noviembre de 2017

IU Cuenca participa en la jornada sobre despoblación que se celebra en Molina de Aragón

El Coordinador Provincial, Jacobo Medianero, participa en esta reunión donde se dan cita representantes de zonas despobladas de toda España. La jornada pretende definir los ejes del programa de desarrollo rural y lucha contra la despoblación de IU.
Izquierda Unida se reúne este sábado en Molina de Aragón para hablar de despoblación. Lo hará con representantes de Extremadura, Castilla y León, La Rioja, Aragón y Castilla-La Mancha, además de representantes federales. Entre los participantes, Cuenca estará presente como provincia altamente despoblada y con riesgo de que muchos de sus municipios sigan reduciendo población e incluso lleguen a desaparecer.
IU quiere marcar las líneas básicas y definir los ejes del programa de desarrollo rural y lucha contra la despoblación, buscando  que sea una línea clara de trabajo, y básica, para la formación a todos los niveles.
Así, Medianero ha destacado la importancia no solo de la reunión sino  de que “no deje de hablarse ni un solo día de despoblación y empecemos a afrontarlo como un problema clave. Es importante –ha continuado- que los discursos se produzcan y que no sean vacíos: necesitamos financiación y que dejen de aplicarnos las reglas de la competitividad. Sí, mantener el medio rural requiere no solo compromiso político, también económico.”
El encuentro tiene lugar  en Molina de Aragón, comenzando a las 11:30 de la mañana en el Centro Municipal “La Subalterna”. Y en él participarán miembros de la organización de Extremadura, Castilla-León, Aragón, La Rioja, Castilla-La Mancha, junto con representantes de la dirección Federal. La elección de Molina de Aragón no es casual, como ha señalado Julián Atienza (Coord. Provincial IU Guadalajara), “que mejor lugar para hablar de despoblación que en el corazón de una de las comarcas más vacías de España, con un ratio de habitantes por kilómetro inferior a regiones como Laponia, además de aprovechar para dar a conocer un importante proyecto como es el de la Serranía Celtibérica”.

martes, 14 de noviembre de 2017

El Gobierno respalda el expolio de la Mezquita de Córdoba y miles de bienes puestos a nombre de la Iglesia
El Ejecutivo solicita al Colegio de Registradores un listado de los inmuebles puestos a su nombre entre 1998 y 2015, pero adelanta que las inmatriculaciones “son plenamente válidas”.
Las inmatriculaciones masivas han hecho que, por ejemplo, la mezquita de Córdoba, uno de los monumentos más visitados del mundo, se pusiera a nombre de la Iglesia católica… por 30 euros. Éste, quizá, sea el caso más escandaloso de los más de 4.000 inmuebles que, en virtud de la modificación de la Ley Hipotecaria concedida por Aznar pudieron ponerse a nombre de la Iglesia católica en España en ese periodo. Pero no es el único.
El Ejecutivo solicita al Colegio de Registradores un listado de los inmuebles puestos a su nombre entre 1998 y 2015, pero adelanta que las inmatriculaciones “son plenamente válidas”.
La Mezquita de Córdoba se puso a nombre de la Iglesia por 30 euros. Más de la mitad de los cementerios e infinidad de parcelas siguen siendo católicos.
Las catedrales de Burgos, Málaga, León o la basílica del Pilar de Zaragoza pudieron haber sido expropiados. Medio centenar de ayuntamientos reclaman la devolución de estos bienes.
El Gobierno va a hacer un listado de todas laspropiedades que la Iglesia inmatriculó a su favor gracias a la reforma legal que impulsó el Ejecutivo de José María Aznar en 1998 hasta 2015. Y luego pretende guardarlo sin más en un cajón, según ha explicado en una respuesta parlamentaria.
Las inmatriculaciones masivas han hecho que, por ejemplo, la mezquita de Córdoba, uno de los monumentos más visitados del mundo, se pusiera a nombre de la Iglesia católica… por 30 euros. Éste, quizá, sea el caso más escandaloso de los más de 4.000 inmuebles que, en virtud de la modificación de la Ley Hipotecaria concedida por Aznar pudieron ponerse a nombre de la Iglesia católica en España en ese periodo. Pero no es el único.
Más de la mitad de los cementerios españoles son de titularidad eclesiástica, lo que –además de un uso fraudulento de la gestión del suelo público, según los expertos– genera pingües beneficios a las arcas de la Iglesia. El “negocio de la muerte” sigue siendo uno de los más estables, y el monopolio continúa en manos de la institución.
Sólo en Córdoba, según la asociación Europa Laica, se inscribieron en este tiempo 180 propiedades. En Pamplona, Asturias o Galicia se estima una cantidad similar. Casi todas las catedrales católicas, muchas de las cuales son patrimonio cultural, fueron inmatriculadas en este período. Así sucedió, por ejemplo, con la catedral de Málaga, “adquirida por inmatriculación” según el Registro de la Propiedad en febrero de 2011.
Desde hace meses, medio centenar de ayuntamientos de toda España se han reunido en la Coordinadora Estatal para la Recuperación del Patrimonio Inmatriculado por la Iglesia, denunciando la “apropiación masiva” de bienes de dominio público por la Iglesia, logrando que capitales de provincia como Oviedo, Segovia, Córdoba, Santa Cruz de Tenerife, Vitoria, Zaragoza, Salamanca, Almería, Málaga o León hayan planteado peticiones para solicitar la devolución de algunos de los templos más famosos de nuestro país. Desde la catedral de Salamanca a la basílica del Pilar de Zaragoza, pasando por las ermitas de Sangüesa en Navarra, la ermita de Aranda de Duero o las murallas de Artá en Baleares.
El Colegio de Registradores
Ahora, y tras las presiones de plataformas por todo el país, y del acuerdo mayoritario del Congreso, el Gobierno ha solicitado “al Colegio de Registradores de la Propiedad una relación de todas las inmatriculaciones llevadas a cabo por vía del artículo 206 de la Ley Hipotecaria, que fue derogado por la Ley 13/2015, de 24 de junio, de Reforma de la Ley Hipotecaria, desde 1998 hasta la citada derogación”.
El Ejecutivo respondía así al diputado socialista Antonio Hurtado, quien desde hace años lleva denunciando la “actitud de rapiña” de los obispos que “ha mermado los derechos y las propiedades de dominio público y, por tanto, del Estado.
Todo ello, sin tener en cuenta que, para las plataformas anti-inmatriculación, el “expolio de la Iglesia” no arranca en 1998, sino en 1946, cuando se aprobó la Ley Hipotecaria. En 1998, en realidad, lo que se hizo fue abrir la posibilidad de inmatricular templos de culto, con lo que la cifra global de bienes puestos a nombre de la Iglesia en los últimos setenta años podría alcanzar los 40.000, aunque todas las fuentes consultadas admiten que sería imposible cuantificarlos.
El anuncio está condenado a ser agua de borrajas. El propio Gobierno de Rajoy ha dejado claro, en la misma respuesta, que considera que “las inmatriculaciones practicadas con anterioridad” a la reforma de la Ley Hipotecaria en 2015 “son plenamente válidas”, con lo que “no se entiende procedente realizar ninguna acción” para recuperar bienes inmatriculados por la Iglesia, “por considerarse que no hay ninguna legalidad conculcada”. Esto es: habrá próximamente un listado completo de bienes inmatriculados por la Iglesia… pero no servirá para que éstos regresen a ser de titularidad pública.
Para el diputado socialista, resulta “inadmisible que el Gobierno dé por válidas todas las inmatriculaciones sin hacer comprobación alguna sobre los títulos aportados, que deben ser escritura notarial, resolución judicial o resolución administrativa”. Del mismo modo, el diputado cordobés incide en que la resolución aprobada en abril instaba al Ejecutivo a “que comprobase los títulos aportados”. Sin embargo, “transcurridos los seis meses, nos dicen que la está elaborando, pero no la ha hecho pública y, por otra parte, da por buenas y no cuestiona ninguna de las inmatriculaciones, sin comprobar el título aportado”.
Iglesias, terrenos, museos…
Desde hace años, distintas plataformas en favor de la devolución de los bienes expropiados por la Iglesia, llevan denunciando el “negocio inmobiliario” de la institución católica en España que tiene su máxima expresión en la inscripción a nombre de la Iglesia de todos aquellos terrenos, locales y edificios que considerara suyos, con la mera firma del Obispo, que resulta tan válida como la de un notario.
En Córdoba, Pamplona, Asturias, Madrid… han sido muchos los que han reclamado la devolución no sólo de los templos -cuyo uso litúrgico, en ningún caso, se pone en cuestión-, sino de los terrenos anexos, que van desde edificios que hoy se alquilan a terrenos cultivables, bienes de interés cultural o la gestión de los cementerios.
Cabe resaltar que la reforma de la Ley Hipotecaria en la que se basan las inmatriculaciones no sirvió para que cualquier otra institución –o confesión religiosa– reclamara como suyos diversos inmuebles, sino únicamente la Iglesia católica. Por decirlo de otro modo: la comunidad islámica jamás tuvo la más mínima posibilidad de intentar inscribir a su nombre la misma mezquita de Córdoba que hoy, por apenas 30 euros, pertenece a la Iglesia católica.
Los obispos responden
La Conferencia Episcopal, por su parte, que celebra este domingo su Día de la Iglesia Diocesana bajo el lema “Somos una gran familia, contigo”, ha elaborado un especial sobre el particular en su portal Xtantos, donde critica cómo “las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia vuelven a estar en boca de todos y eso que durante siglos nadie había puesto en cuestión la propiedad de muchos edificios, porque era evidente a quién pertenecía la catedral de Burgos o una pequeña ermita perdida de cualquier pueblo de España”.
Para los obispos, algo similar ocurrió, en su día, con los edificios públicos y los ayuntamientos. “También éstos estaban sin registrar, pero nadie dudaba de quién eran y de quién son. En el caso de los edificios públicos y de los ayuntamientos, es evidente que del pueblo al que sirven. En el caso de los edificios religiosos, la evidencia es la misma: pertenecían y pertenecen al pueblo cristiano en su conjunto, el de ayer y el de hoy, también pertenecerán a los cristianos del mañana”.
“La Iglesia solo ha inmatriculado aquellos edificios que en su momento construyó el pueblo cristiano con un fin muy determinado: rezar, celebrar la eucaristía juntos, reunirse, etc. Ha inmatriculado, por tanto, también las casas anexas a las parroquias”, concluye Xtantos. Hace unas semanas, y preguntado sobre el particular, el portavoz de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo, denunciaba el “clima de desamortización encubierta” que se escondía, en su opinión, detrás de la elaboración de dicho listado. “Es una manipulación de un bien de dominio público, subrayaba.
 Kaosenlared

viernes, 10 de noviembre de 2017

La formación considera bochornoso el baile de datos sobre el profesorado que todavía falta en los IES de la provincia

Izquierda Unida denuncia lo que considera “un pésimo arranque de un curso escolar en la provincia de Cuenca”. Para esta formación, la Consejería de Educación ha provocado un “caos en IES, Centros de Adultos y Escuelas de Artes al haber admitido las 20 horas lectivas, aunque haya sido a regañadientes, pero una vez que los centros ya tenían establecidos sus horarios y asignadas sus interinidades”.
Esta situación, que IU entiende que no se trata más que de “falta de previsión pura y dura”, ha provocado que “muchos centros hoy sigan sin tener cubiertas todas las plazas de sus plantillas. Más de un mes después de haber comenzado el curso. Y todo ello a pesar de la diligencia de los equipos directivos en reestructurar sus plantillas y horarios”.
Quienes primero sufren esta situación, asegura IU, es el alumnado de los centros que está perdiendo el tiempo sin docentes que impartan las materias. Y también ha criticado el “bochornoso baile de datos sobre el profesorado que aún falta en la provincia, puesto que la Consejería habla de en torno a 20, pero sin precisar”. “Sería preocupante que ni siquiera ellos sepan el profesorado que falta” sentencia IU.
La formación también denuncia “el mal trato que esta situación ha supuesto para el profesorado interino. Un colectivo que, recuerdan, no han cobrado el verano, carece de estabilidad laboral y hasta cuentan con cierta desventaja respecto a otras autonomías al permitirse traer la nota obtenida en otros procesos selectivos”.
Finalmente, han denunciado “la improvisación que ha supuesto la convocatoria de una bolsa de empleo extraordinaria. Una solución fruto de la falta de previsión ante el agotamiento de las bolsas. Que además viene propiciado por las ridículas jornadas parciales que se están ofreciendo, de tercio o incluso menos. Lo cual provoca que la gente las rechace. Y de remate, ni siquiera les ha dado tiempo a comprobar la documentación de todas las solicitudes para ordenar la lista, lo cual provocará reclamaciones, tal y como ya están anunciando los sindicatos. El PSOE está manteniendo lo peor de los recortes del PP, lo cual demuestra que son tal para cual”, sentencian.